La expresión que eligieron los fiscales rosarinos para describir la estructura que investigan es tan inusual como el alcance que le atribuyen: un “holding criminal transnacional”. Es que para ellos no se trataría de una única maniobra para ocultar dinero, sino de un entramado de sociedades, inversiones y operaciones comerciales que, según la acusación, habría servido para incorporar fondos de distintos orígenes al circuito legal. Una parte de los negocios conduce al puerto de Rosario; otra, a dinero vinculado con el narcotráfico local. Y lo curioso es que la investigación también se extiende hasta España.
La causa tiene como principal investigado a Gustavo Pedro Shanahan, exdirectivo de la Terminal Puerto Rosario (TPR), quien actualmente cumple una condena de siete años de prisión por haber facilitado dólares a la organización narcotraficante encabezada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, alias “Perú” o “Coco”, con presencia en distintos sectores de la ciudad. Ahora, la Justicia busca determinar si, además de aquella actividad por la que fue condenado, participó de un sistema de lavado de
activos junto con integrantes de su familia y otros empresarios.
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El expediente avanzó estos últimos días con las indagatorias de Shanahan, su pareja y sus dos hijos. Uno de los hijos permanece detenido preventivamente, mientras que la pareja y la hija transitan el proceso en libertad bajo caución. También se libraron órdenes de captura internacional contra el empresario español Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, y contra Iván Ferrarons, señalado en la investigación por su intervención en operaciones cambiarias.
La medida patrimonial dispuesta por la Justicia alcanza una cifra millonaria: 152 mil millones de pesos. Se trata del monto fijado para el embargo sobre los bienes de los investigados: no equivale a una fortuna atribuida a Shanahan ni a una suma de dinero cuyo lavado haya sido acreditado.
Bolsos con dinero. Una fotografía tomada durante un operativo de la Policía Federal en octubre de 2021 permite ponerle en imagen a uno de los antecedentes de esta historia: bolsos con dinero hallados en una financiera vinculada con Shanahan, en la esquina de España y Rioja, en pleno centro de Rosario. El procedimiento formó parte de una investigación que había comenzado en un búnker de venta de drogas de Villa Banana y que terminó por revelar las operaciones cambiarias del entonces exdirectivo portuario con personas ligadas al narcotráfico.
Según publicó en aquel momento el periodista Germán de los Santos en el diario La Nación, integrantes de la organización de Rodríguez Granthon acudían a la financiera de Shanahan para comprar dólares y realizar inversiones. El allanamiento del local fue parte de una serie de 23 procedimientos en los que las fuerzas federales incautaron, en conjunto, $34 millones, US$30.572, más de cuatro kilos de cocaína y armas.
El operativo terminó con la detención de Shanahan. Años después, la condena a siete años de prisión estableció su responsabilidad por facilitar dólares a la organización narco.
La investigación actual no se agota en el dinero hallado en 2021. Los fiscales sostienen que las operaciones bajo sospecha se extendieron durante años y que Shanahan habría utilizado sus vínculos empresariales para intervenir en movimientos de fondos de procedencias diferentes. Esa hipótesis es la que conecta el circuito financiero rosarino con las inversiones portuarias y con Pujol Ferrusola.
La conexión española. La imputación contra Jordi Pujol Ferrusola no surge de los allanamientos a las financieras, sino de una relación comercial anterior. Shanahan había participado en negocios vinculados con la Terminal Puerto Rosario y, según la Fiscalía, habría actuado como testaferro del catalán para ocultar su participación en determinadas inversiones.
Los investigadores examinan movimientos accionarios y operaciones realizadas entre 2010 y 2019 a través de sociedades relacionadas con la actividad portuaria. Su hipótesis es que esa estructura permitió disimular quién aportaba los capitales y quién era su verdadero beneficiario. Parte del dinero habría estado vinculada con hechos de corrupción investigados en España.
Uno de los movimientos que los fiscales consideran relevantes ocurrió entre 2018 y 2019, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según la acusación, Shanahan y uno de sus hijos habrían canalizado unos $35 millones, provenientes de cuotas por la venta de acciones de la terminal, mediante diez préstamos entre empresas. Para los investigadores, esas operaciones fueron simuladas y permitieron transferir los fondos a sociedades vinculadas con Pujol Ferrusola.
El punto que deberá esclarecer la Justicia es si aquellos préstamos respondían a negocios genuinos o si fueron utilizados para dar una justificación comercial al movimiento del dinero.
$ 32 millones. La acusación por lavado de fondos vinculados con el narcotráfico incluye otro episodio que vuelve a situar a Shanahan en el centro de la investigación. Se trata de $32 millones cuya procedencia intentó justificar mediante documentación relacionada con una presunta operación inmobiliaria.
Entre los papeles presentados figura un contrato fechado el 2 de marzo de 2017 por la cesión de derechos de intermediación en un negocio con Vicentín SAIC, por US$ 240.000, y un recibo posterior referido a cheques. La Fiscalía sostiene que esos documentos habrían sido falsificados para explicar el origen del dinero secuestrado. La mención de Vicentín corresponde a la operación invocada en los papeles cuestionados y no implica que la empresa esté acusada de participar en la presunta maniobra.
En esa línea de investigación también aparece Ferrarons, vinculado con una casa de cambio informal de Rosario. Los fiscales buscan reconstruir cómo se movían los fondos y si distintas operaciones permitieron presentarlos como ingresos provenientes de actividades lícitas.
La pesquisa abarca, además, movimientos por unos $23,6 millones realizados a través de salas de juego entre 2012 y 2021. Los investigadores intentan determinar si esa actividad fue utilizada con el mismo propósito: justificar dinero cuyo origen estaba bajo sospecha.
El papel de la familia y los bienes alcanzados
L.N.
El avance de la causa sobre la pareja y los hijos del extitular del Puerto Rosario está relacionado con la administración y circulación de bienes. Según la acusación, el financista habría continuado gestionando propiedades en Rosario mediante intermediarios desde diciembre de 2023. También se investigan operaciones con lotes del Country Golf Rosario en las que habría intervenido su entorno familiar.
Los fiscales solicitaron medidas sobre dos casas en Rosario, departamentos, terrenos y cinco vehículos de alta gama. La Justicia deberá determinar qué relación tienen esos bienes con las maniobras investigadas y cuál fue la participación de cada uno de los acusados.
La causa tramita ante el juez federal Carlos Vera Barros, del Juzgado Federal N.º 3 de Rosario. Para sostener la hipótesis de un “holding criminal transnacional”, la acusación deberá probar que los movimientos de dinero, las sociedades y las operaciones patrimoniales no fueron hechos aislados, sino partes de una estructura destinada a lavar activos.
El embargo de $152 mil millones busca preservar bienes mientras avanza esa investigación. No representa una condena ni permite afirmar que esa sea la suma efectivamente lavada.
