La infancia y la adolescencia están ingresando en un “repliegue analógico”, o al menos es lo que intentan los gobiernos del primer mundo. Ante una crisis de salud mental juvenil sin fronteras, se tiene en la mira el acceso “prematuro” a las redes sociales.
La ley aprobada ahora en Francia marca una barrera inédita para la Unión Europea. A partir del 1° de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo europeo, ningún menor de 15 años podrá crear nuevas cuentas en plataformas digitales.
Para los millones de chicos franceses que ya tienen un perfil activo en TikTok, Instagram, Snapchat o X, el plazo límite es enero de 2027, cuando las empresas deberán haber identificado y suspendido de manera obligatoria todas esas cuentas. Tampoco podrán usar el celular en la secundaria, como ya antes no podían en la primaria. Quedarán guardados en lockers o apagados en las mochilas desde el ingreso hasta la salida.
El debate en Argentina, que en cuanto a las redes hasta hace poco se limitaba a recomendaciones pedagógicas de cada colegio y “pactos parentales” en grupos de WhatsApp de “papis y mamis”, tomó ritmo legislativo en los últimos meses. Más que nada, después de la prohibición a menores en Australia, país pionero en hacerlo, y después de las limitaciones que aplicó Gran Bretaña.
La pregunta es: ¿tiene el Estado la capacidad real de forzar a gigantes como Meta, TikTok o Google a cerrar las cuentas de los chicos? ¿y Sería posible aplicar un apagón digital en las aulas argentinas? La respuesta es materia de leyes que todavía no existen.
Antes, la cuestión es entender si en el país debería existir una “mayoría de edad” para el uso de redes, y en ese caso, para qué tipo de contenidos sí podría dejarse “libre” a internet.
Roxana Morduchowicz, que es doctora en Comunicación y consultora de Unesco, no está a favor de prohibir las redes sociales más allá de los 13 años que rigen hoy como límite para abrir una cuenta.
“Si bien las redes plantean riesgos, prohibírselas a los adolescentes podría empujarlos hacia otros espacios en Internet, más oscuros y sin ningún tipo de regulación, que incluso son peores”, explica a Clarín.
Si el problema es protegerlos del bullying que circula en las redes, se pregunta Morduchowicz, “¿la prohibición alcanza para asegurar que el problema desaparezca? Quien participa de acciones de bullying buscará otras vías en Internet para seguir impulsándolo, porque el problema no son las redes, que son solo el medio”.
El debate, asegura, debería ser cómo lograr que los chicos comprendan el significado y el alcance de la intimidación y del acoso digital.
Otro argumento en contra de prohibir su acceso a quienes tienen 14, 15, 16 o 17 años, marca la experta, es que “ignora las oportunidades que las redes ofrecen para aprender, para conectarse, para comunicarse, para participar y para expresarse con su propia voz, que por fuera está invisibilizada”.
Esa sobreprotección digital, afirma, generaría un efecto contrario. “Que sean más vulnerables cuando las usen”, porque “resulta muy difícil enseñar sobre los usos reflexivos y apropiados de las redes sociales, si los adolescentes no tienen acceso a ellas”.
Por eso, habla de la necesidad de “una formación en ciudadanía digital que les permita a los estudiantes reflexionar y debatir sobre las tecnologías y pensarlas de manera crítica y ética”.
La argumentación de Emmanuel Macron fue tajante en París. “Los dejamos en una jungla que les robó la atención. Las emociones de nuestros hijos no están a la venta ni son manipulables por algoritmos”, disparó el mandatario en la recta final de su gestión. La base científica detrás de la ley francesa la aportó la agencia de salud de ese país y comisiones parlamentarias que investigaron el impacto de TikTok.
Los informes mostraron que “la exposición continua al scroll infinito produce cuadros severos de depresión, pérdida de autoestima, trastornos del sueño, sedentarismo y una exposición peligrosa a dinámicas de ciberacoso”.
En nuestro país, el vacío legal es absoluto. “Todo depende de la jurisdicción”, dice Morduchowicz, y asegura que la Secretaría de Educación de la Nación ni siquiera da lineamientos que oficien de guía.
La potestad la tienen las condiciones de uso de empresas como Meta o TikTok, que definen que la edad mínima para registrarse son 13 años. En la práctica el control no existe, porque se miente en la fecha de nacimiento al crear el mail. Pero la presión internacional provocó una serie de iniciativas en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales.
El de mayor peso en el ámbito nacional es el proyecto de Ley de Acompañamiento Parental, presentado en la Cámara de Diputados por la diputada María Jimena López. Busca crear un régimen de responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y las corporaciones tecnológicas. Establece que los adolescentes de entre 14 y 16 años solo podrán navegar si cuentan con un consentimiento explícito y rastreable de sus padres o tutores legales, liberando la autonomía digital recién a partir de los 16.
En paralelo, en el Senado de la Nación avanzan iniciativas drásticas como la de Luis Juez, que apunta a desactivar los rasgos adictivos de las plataformas en las cuentas utilizadas por menores de edad. Contempla prohibir las notificaciones automáticas durante la madrugada y ocultar los contadores de “me gusta” para mitigar la ansiedad y la búsqueda obsesiva de aprobación social.
A nivel provincial, la Provincia de Buenos Aires lidera el reclamo regulatorio. Un proyecto presentado por el diputado provincial Gustavo Cuervo busca forzar por ley una edad mínima estricta de 13 años para operar en territorio bonaerense.
A diferencia de otros proyectos, la norma provincial no contempla excepciones: ni siquiera la autorización de los padres validaría la cuenta de un chico de 11 o 12 años, trasladando las sanciones económicas directamente sobre las compañías tecnológicas que operen en el país.
La cuestión es la edad (¿o no?)
“Reducir el debate a ‘prohibir por edad’ simplifica un problema mucho más complejo. Lo que venimos viendo en los países que ya lo implementaron es que gran parte igual accede: falsea su edad, migra a plataformas con menos control o encuentra formas de sortear la verificación”, marca Marcela Czarny, fundadora y directora de Chicos.net, organización que promueve el uso seguro de Internet.
Un estudio de Internet Matters con 1.000 chicos en Reino Unido mostró que un tercio ya había burlado los sistemas de verificación de edad. “Eso termina generando más desprotección, no menos, porque acceden con perfiles de adultos, sin las limitaciones por defecto pensadas para menores”, detalla Czarny.
La experta dice que la protección tiene que estar en el diseño mismo de las plataformas, “antes de que el daño ocurra”, en el acompañamiento de los sistemas educativos y en los responsables de la crianza, “y no depender únicamente de una barrera de edad en la puerta de entrada a las redes”.
¿Debería reglamentarse también el tipo de acceso, por ejemplo, Wikipedia sí (como permite Francia), pero TikTok/Instagram no para menores de 15?
“No es lo mismo el uso de una plataforma con fines educativos y mediación adulta que el uso solitario y sin supervisión de una red social diseñada para maximizar el tiempo de conexión. No es lo mismo que un chico pase horas en una plataforma de videojuegos solo, que usarlo en el aula con acompañamiento de un/a docente. El contexto y el diseño cambian todo”, distingue.
Más que pensar en una lista fija de ‘esta app sí, esta no’, apunta a que sea la plataforma la que se adapte: que los contenidos, las funciones y el acceso se ajusten según la edad, no solo al registrarse, sino en toda la experiencia de usuario.
“Eso implica, por ejemplo, desactivar por defecto la geolocalización, el reconocimiento facial y el seguimiento; sacar el scroll infinito, los contadores de ‘me gusta’ y las recomendaciones algorítmicas dirigidas a chicos y chicas; y limitar mecánicas que generan uso compulsivo, como las rachas o las recompensas variables”, resume.
Foco en el dispositivo
Seis de cada diez chicos argentinos de 8 años tienen celular propio y no hay consenso sobre el beneficio de prohibirlo en la escuela. Ese es el diagnóstico del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analizó tanto la expansión del uso de celulares entre los alumnos como la evidencia científica disponible y las regulaciones adoptadas en distintos países y jurisdicciones.
Además, el 23% no tiene un dispositivo personal, pero usa el de un familiar. Solo el 18% no tiene acceso a un teléfono celular.
Existen grandes diferencias entre provincias. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio, mientras que en Misiones y Formosa la proporción ronda el 40%.
También hay brechas según el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil más alto cuenta con un dispositivo propio, frente al 52% de los pertenecientes al quintil más bajo.
