Cada día que los Tribunales abren sus puertas, lo más probable es que al menos una familia concurra a iniciar una acción judicial porque no recibe la cobertura de un alimento clave: un tipo de leche especial para sus bebés cuando estos la necesitan debido a un cuadro particular que padecen. Así lo acaba de revelar un relevamiento al que tuvo acceso Clarín, realizado por una ONG que se dedica a ayudar a familias con esta demanda.
La Asociación Leches Medicamentosas intervino durante 2025 en más de 800 reclamos administrativos ante obras sociales y prepagas, y además debió recurrir a 220 acciones judiciales para que niños con indicación médica pudieran acceder a las fórmulas especiales que necesitan para alimentarse.
El principal motivo de uso de estas leches es la alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV), que es la alergia alimentaria más frecuente en lactantes, y se estima que afecta a entre el 2 y el 5 por ciento de los menores de un año. Debido a una reacción inflamatoria sufren vómitos, diarrea, cólicos intensos, reflujo y poco aumento de peso, entre otros síntomas.
Esta alergia se aborda mediante la exclusión de la alimentación de todo alimento que contenga la proteína de leche de vaca, tanto en el niño como en la madre, si se está en el periodo de lactancia. Y si el profesional de la salud lo considera, puede indicar la ingesta de leches medicamentosas para cubrir la necesidad nutricional.
En Argentina la Ley 27.305, que fue sancionada hace una década, garantiza la cobertura al 100 por ciento de estas leches especiales. Sin embargo, nuevos datos de una investigación nacional revelan que el principal desafío ya no es tanto el reconocimiento del derecho, sino lograr que ese derecho se cumpla de manera efectiva y sin demoras.
La consultora IPSOS relevó a 150 profesionales de la salud (pediatras, gastroenterólogos y alergistas) y 166 cuidadores (padres y madres) de AMBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, La Plata y otras ciudades bonaerenses. El informe mostró, por ejemplo, que casi la mitad de las familias (47%) necesitó varias consultas médicas hasta poder arribar al diagnóstico de APLV.
Otro dato que surge de la encuesta -cuyos resultados acaban de ser procesados- es que el 34 por ciento de las familias no tiene acceso integral a las leches medicamentosas: al 19 por ciento no se los cubre su obras social o prepaga; el 10 por ciento recibe menos unidades que las prescriptas; el 4 por ciento accede a cobertura parcial del costo; y al 1 por ciento le cubren parcialmente el costo y solo a algunas de las unidades prescriptas.
El relevamiento permitió conocer otros elementos de este terreno fértil para el conflicto: el 80 por ciento de los médicos conoce la Ley 27.305, pero el baso medio vacío -y preocupante al considerar que se trata de profesionales de la salud- indica que el 20 por ciento restante todavía la ignora.
Entre los que conocen la norma, aumentó del 38 al 49 por ciento el porcentaje que considera que la ley favorece la prescripción de las fórmulas especiales. Sin embargo, aún hoy las familias pueden tener que esperar hasta 30 días entre la aprobación y la entrega del tratamiento. El hecho es que cada vez menos padres aceptan una negativa y se presentan más reclamos formales.
“Ningún bebé debería depender de un abogado para acceder a la alimentación que necesita por indicación médica. Sin embargo, ésa sigue siendo la realidad de miles de familias. La ley es clara, pero todavía hay padres y madres que deben reclamar o judicializar el derecho básico de sus hijos puedan alimentarse de acuerdo con la indicación prescripta por sus propios médicos”, dice Leandro Desplats, fundador de la Asociación Leches Medicamentosas, que da asesoramiento gratuito a familias con problemas de acceso a este alimento.
Vivir esta situación años atrás, con el nacimiento de su hija, llevó a Desplats a formar la asociación para ayudar a otras familias. “Los datos locales demuestran que el desafío ya no pasa por convencer sobre la importancia de la ley. Hoy existe conocimiento y consenso entre profesionales de la salud y las familias. El desafío pendiente es transformar esa convicción en acceso oportuno, porque para un bebé con APLV cada día de demora tiene consecuencias, sufrimiento y potencial impacto en su crecimiento”, advirtió.
