Empuñando palos y bates, envueltos en banderas sudafricanas y gritando consignas contra la inmigración irregular. Así han marchado miles de personas este martes por las principales ciudades durante las protestas convocadas por grupos antimigración, que reclaman al Gobierno que expulse a todos los inmigrantes irregulares, pues les culpan, sin pruebas, del desempleo, la delincuencia y la saturación de los servicios públicos. “¡Abahambe!” (“Deben irse” en isizulú, el idioma mayoritario) han gritado las multitudes grabadas ante las cámaras de televisión desde Durban a Ciudad del Cabo, pasando por Johannesburgo y Pretoria. La nación que Nelson Mandela rescató del sistema del apartheid, que durante décadas impuso un sistema de segregación racial, afronta el mayor estallido de hostilidad contra los migrantes que se recuerda en casi dos décadas.
Este 30 de junio se cumplía el ultimátum que estos grupos habían dado al Gobierno para expulsar a todos los extranjeros en situación irregular. Este colectivo, en situación legal o no, representa unos 2,4 millones de personas, menos del 4% de la población total según StatsSA, la oficina de estadística estatal. La amenaza, de no plegarse a esta exigencia, era convocar un paro nacional, convocar movilizaciones masivas y dar rienda suelta a la violencia. Sudáfrica, este martes, contenía el aliento.
Las marchas finalmente se han celebrado y el peor escenario parece haberse evitado por ahora: hasta la noche de este martes no se ha producido un estallido generalizado de violencia, ni ha habido ataques masivos contra infraestructuras o comercios, ni se han registrado muertes. Sí se han dado, sin embargo, incidentes aislados, enfrentamientos con la policía y algunos saqueos.
El Gobierno ha desplegado desde primera hora un amplio dispositivo policial en todo el territorio nacional y previamente había anunciado un fondo de 600 millones de rands (unos 32 millones de euros) para hacer frente a posibles contingencias. Durante la jornada, la policía ha detenido a algunos saqueadores de comercios, aunque no ha ofrecido cifras exactas sobre los arrestados. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha vuelto a recordar que solo las autoridades pueden aplicar las leyes migratorias.
Los altercados más graves se han registrado en Johannesburgo. En Hillbrow, dos personas, entre ellas un adolescente de 17 años, han resultado heridas de bala después de que tres individuos abrieran fuego contra una marcha. Los manifestantes han respondido incendiando el vehículo de los presuntos atacantes, que han sido detenidos posteriormente por la policía. En el norte de la ciudad, los concentrados lanzaron piedras contra los agentes y contra personas a las que creían extranjeras, y según la agencia Reuters, se escucharon disparos en el distrito financiero.
Más hacia el este, en el barrio de Benoni, los uniformados desplegaron vehículos tácticos después de verse rodeados por unos 500 manifestantes. En Soweto, algunas personas vandalizaron viviendas ocupadas supuestamente por migrantes, y en Pietermaritzburg la policía empleó balas de goma para dispersar a los concentrados. La cadena de televisión News24 informó además de que un ciudadano extranjero estuvo a punto de ser linchado y tuvo que ser rescatado por la policía, mientras que otra persona fue atacada en la misma calle donde se desarrollaban las protestas.
El miedo se ha extendido entre la población extranjera durante toda la jornada y por eso muchos han optado por no abrir sus negocios o permanecer en casa. “No había visto la ciudad tan tranquila desde el confinamiento por la covid-19”, ha asegurado a EL PAÍS por teléfono Yeshiel Panchia, periodista independiente que ha estado siguiendo las protestas en Johannesburgo.
Detrás de esta movilización hay varias organizaciones que desde hace años reclaman al Gobierno la expulsión de los inmigrantes, a quienes responsabilizan del desempleo —que supera el 30%—, del colapso de los servicios públicos y del aumento de la delincuencia. Una opinión que ha compartido Silindile Xaba, de 31 años, que ha salido a manifestarse en Durban. “La gente no trabaja porque los empleos los están ocupando extranjeros ilegales. No es justo”, ha declarado a Reuters. Sin embargo, analistas sudafricanos sostienen que parte de este discurso está siendo aprovechado por algunos dirigentes políticos de cara a las elecciones locales previstas para noviembre.
Mia Malan, periodista y directora del medio de comunicación sudafricano Bhekisisa, sostiene que esa frustración se está dirigiendo hacia un blanco equivocado. A su juicio, el verdadero origen del malestar está en la corrupción, la mala gestión pública y el deterioro de unos servicios básicos que llevan años generando frustración entre la población. “La gente busca a quién culpar y los inmigrantes son un blanco fácil”, resume. Recuerda además que muchos extranjeros sin documentación trabajan en pequeños comercios de los suburbios chabolistas o como empleados domésticos y agrícolas, ocupando empleos que rara vez pertenecen al mercado laboral formal. “Su éxito en algunos negocios genera resentimiento, pero no hay pruebas de que sean los responsables de la falta de empleo o del deterioro de los servicios públicos”, concluye.
El movimiento antimigración más destacado hoy por hoy es March & March, que ha logrado canalizar el sentimiento antimigración y convertirlo en una movilización nacional gracias al formidable altavoz de las redes sociales. Una de sus líderes es Jacinta Ngobese-Zuma, antigua locutora de radio y activista antiinmigración. Este martes, Ngobese ha anunciado que mantendrán las protestas semanalmente hasta lograr sus objetivos. “Durante los próximos seis meses pedimos que se utilicen nuestros recursos nacionales para sacar a los inmigrantes ilegales del país. Deben irse edificio por edificio”, ha declarado en Durban a la agencia Reuters.
March & March, sin embargo, ha insistido en que no puede responsabilizarse de todos los actos de violencia. “Desafortunadamente, no podemos estar en cada comunidad explicando a la gente cómo debe comportarse”, ha declarado Ngobese-Zuma.
Tres décadas después del fin del apartheid, el país sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo, aunque también es la mayor economía del continente y un destino para cientos de miles de personas procedentes de países vecinos que buscan trabajo y mejores oportunidades en un territorio donde el sentimiento xenófobo nunca ha desaparecido del todo. Sudáfrica protagonizó episodios especialmente violentos en 2008, 2015 y 2019.
Sin embargo, desde abril ha cobrado una fuerza inédita y durante las últimas semanas la presión, las amenazas y las agresiones contra los migrantes han aumentado hasta el punto de que miles de personas se han marchado, muchas de ellas con ayuda de sus propios gobiernos. No hay una cifra consolidada, pero algunos países sí han confirmado la llegada de sus nacionales: 300 el Gobierno de Ghana, unos 1.600 nigerianos y más de 10.000 malauíes. Según el diario británico The Guardian, la policía estima en 25.000 los extranjeros que han abandonado el país.
En este tiempo, grupos de ciudadanos han salido a las calles para exigir documentación a supuestos extranjeros e impartir justicia por su mano, incendiando viviendas y comercios atribuidos a migrantes y propinando palizas. El balance hasta ahora es de al menos cinco muertos, entre ellos cuatro mozambiqueños fallecidos en el incendio de decenas de chabolas en Mossel Bay, según datos del Gobierno en Maputo, y un ciudadano de Malaui apedreado hasta morir en Pietermaritzburg.
Ante estos episodios, miles de nacionales de Malaui, Mozambique, República Democrática del Congo o Zimbabue decidieron en las últimas semanas dejar sus casas y asentarse frente a edificios públicos para no estar tan expuestos a agresiones. No todos lo hicieron de forma voluntaria; también se han registrado casos de propietarios que expulsaron a sus inquilinos extranjeros por temor a que sus edificios fueran atacados.
La cantidad de gente durmiendo al raso ha sido tal que las autoridades de Durban, uno de los epicentros de los episodios violentos de estas semanas, llegaron a habilitar tres centros temporales para alojar a quienes querían abandonar el país. Este jueves, según Siyabonga Hlatshwayo, portavoz en Durban de Cruz Roja en Sudáfrica, los tres centros de acogida de Durban ya habían quedado vacíos.
