El crimen de Agostina Vega continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la política cordobesa. Mientras avanza la investigación judicial y se producen cambios dentro de la estructura municipal, en el Concejo Deliberante volvió a instalarse el debate sobre los mecanismos de control para el ingreso de empleados públicos.
En diálogo con Punto a Punto Radio, el concejal Diego Casado explicó que las iniciativas para reforzar la verificación de documentación presentada por trabajadores municipales no surgieron a raíz del caso reciente, sino que fueron impulsadas años atrás. “Presenté este proyecto en el 2020 luego de recibir información de que existían algunos ingresos que debían controlarse. Lamentablemente lo tenemos que tratar hoy, seis años después de haberlo presentado“, señaló.
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Según detalló, los proyectos buscan constatar la legalidad de títulos académicos, certificados y antecedentes presentados durante los procesos de incorporación al Estado municipal. “El fin es controlar y erradicar lo ilegal por títulos académicos fraguados, antecedentes fraguados y promover un mensaje de transparencia institucional“, sostuvo.
“Las bases de datos respecto al tema de antecedentes, por una ley nacional, no permiten que los órganos ejecutivos, a excepción del Ministerio de Seguridad, puedan tener acceso a esa información. Es una base de datos confidencial”, explicó Casado.
Debate por las incompatibilidades
Durante la entrevista también fue consultado sobre la propuesta impulsada por otros sectores políticos para limitar el acceso a cargos públicos de abogados que ejerzan defensas en causas de alta repercusión. Casado rechazó esa posibilidad y defendió el ejercicio profesional de la abogacía. “Toda persona tiene derecho a una defensa. Quien acusa es un fiscal y quien resuelve es un juez. Criminalizar la profesión de la abogacía cuando el ejercicio del derecho de defensa es constitucionalmente válido me parece un poco mucho”, afirmó.
El edil remarcó que el foco debe estar puesto en los controles institucionales y no en restringir actividades profesionales amparadas por la Constitución.
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Otro de los ejes abordados fue el funcionamiento de los controles sobre locales nocturnos, en medio de las discusiones surgidas por la habilitación y posterior clausura de Wachitas, el bar donde trabajaba una de las imputadas en la causa.
Casado aseguró que viene cuestionando desde hace tiempo distintas situaciones vinculadas a la noche cordobesa y consideró necesario reforzar las inspecciones. “En la noche de Córdoba se deben ejercer mayores controles, sea en esta gestión como en la anterior”, afirmó.
Además, recordó una denuncia vinculada a presuntos casos de trata de personas que presentó años atrás y que, según indicó, no avanzó en la Justicia como esperaba. “Hay que tomar el toro por las astas y no minimizar cuestiones mucho más de fondo. Lo importante es que la sociedad mejore y que los controles funcionen“, concluyó.
