El histórico líder indígena de Nicaragua, Brooklyn Rivera, murió a las 8:30 de la noche del 30 de mayo, pero no fue hasta quince horas después que el régimen que lo mantuvo durante 971 días como preso político confirmó su deceso. La noticia fue fatal para su familia después de casi tres años de no saber de su paradero ni su estado de salud. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo presentó el 27 de mayo en estado grave, con una traqueotomía y un colapso multiorgánico. Confirmada su muerte, la crueldad para los familiares no terminó: Murillo, nombrada por Ortega como su copresidenta, secuestró el cadáver y no permitió a los dolientes enterrarlo donde la víctima quería, en Sandy Bay, en el Caribe nicaragüense, junto a su madre.
El cuerpo nunca dejó de estar bajo custodia estatal. Hasta su sepultura, fue un preso político. La negativa estatal de entregar el cadáver a la familia vino acompañada de la imposición de un sepelio exprés. Aunque la comunidad miskita preparaba unas honras fúnebres en la iglesia Morava de Managua para luego trasladarlo a la Costa Caribe, el régimen decidió velarlo unas pocas horas en la funeraria privada Sierras de Paz y enterrarlo de noche, el domingo 31 de mayo, sin su familia, en una tumba que el líder del partido Yatama (cuyo nombre en lengua miskita significa Hijos de la Madre Tierra) nunca quiso.
Aunque la copresidenta Murillo ha asegurado, incluso hasta la tarde de este lunes, que Rivera estuvo siempre acompañado por familiares durante su agonía, muerte y entierro, su familia la desmiente de forma categórica. La hija del líder indígena, Tininiska Rivera, desde su exilio en España, negó que su hermano Wailan estuviera al lado de su padre. La hija expresó en un comunicado “profundo dolor y preocupación por las circunstancias en las que se produjo su muerte” y aseguró que durante meses la familia vivió “en la incertidumbre, sin acceso a información directa, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo”.
No obstante, el más reciente comunicado del régimen, titulado Descansa en Paz hermano Brooklyn Rivera, insiste que la víctima estuvo acompañada de su familia. “Destacamos que Brooklyn fue atendido en todo momento como se puede comprobar a través de todos los partes médicos con esmero, esmero médico científico y también con esmero afectivo, tanto de parte de los especialistas como de su familia”, dijo Murillo este mediodía, sin mencionar la responsabilidad que la comunidad internacional, en especial Estados Unidos le achaca a su régimen: la de la muerte de Rivera.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó directamente a la dictadura Ortega-Murillo por la muerte. “Murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”, escribió en su cuenta de X. Washington expresó solidaridad con quienes, como el líder indígna, “están comprometidos con una Nicaragua libre”.
Retienen a sus familiares
En paralelo al entierro exprés bajo secuestro, siete familiares y allegados de Rivera que viajaban del Caribe hacia Managua a reclamar el cadáver fueron retenidos por la policía sandinista. Durante horas se desconoció su paradero. Este lunes se confirmó la liberación de seis de los siete. El séptimo permanece sin confirmar. El líder indígena fue enterrado por plañideras, algunos funcionarios del Gobierno y, en especial, diputados del régimen con quienes Rivera compartió bancada en el pasado, hasta antes de criticar al régimen, como un aliado incómodo del poder copresidencial.
Fuentes cercanas al régimen aseguraron a este periódico que la decisión de Murillo de secuestrar el entierro tuvo que ver con “el temor” a movilizaciones de repudio contra el régimen en la Costa Caribe, donde Rivera era el “Ta Upla”, el líder de los miskitos, una de las principales poblaciones indígenas de Nicaragua.
El caso del entierro secuestrado de Rivera no es una excepción, ya que el control sobre los muertos ha sido una práctica sistemática. Al general en retiro Hugo Torres, fallecido en prisión en 2022, sus familiares no pudieron practicarle una autopsia porque el régimen controló el sepelio. Al preso político Mauricio Alonso Petri lo enterraron de forma exprés, con oficiales armados con fusiles acosando a su familia durante el velorio. En 2018, el régimen llegó a profanar tumbas de víctimas de la masacre de abril. La crueldad tampoco respeta ni vínculos de sangre, ya que el funeral del general Humberto Ortega, hermano de Daniel y cuñado de Rosario, también fue intervenido por el régimen. Y la misa de cuerpo presente del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, una de las figuras intelectuales más reconocidas de Nicaragua, fue profanada por turbas sandinistas.
El entierro es el último derecho del muerto y el primer paso del duelo para quienes sobreviven. A los presos políticos de la dictadura, ese derecho también les fue negado, critican organizaciones de derechos humanos como el Monitoreo Azul y Blanco. “Tras su deceso, el régimen secuestró el cuerpo del líder indígena: alteró el lugar del velatorio de forma deliberada para impedir el acompañamiento de sus allegados y procedió a sepultarlo sin la presencia de sus familiares directos. Este acto, además, vulneró el derecho de los pueblos indígenas a despedir a sus líderes según sus tradiciones”, condena la organización que documenta violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
El Grupo de Experto de Naciones Unidas para Nicaragua expresó “profunda consternación” por la muerte bajo custodia estatal, y advirtió que el Estado nicaragüense está obligado, bajo el derecho internacional, a realizar una investigación independiente, garantizar una autopsia transparente y devolver sus restos mortales a la familia sin demora.
El Grupo también alertó que la muerte de Rivera no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio de violaciones contra pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua. Recordó que aún se desconoce la suerte y el paradero de otras ocho personas detenidas arbitrariamente, y llamó a la comunidad internacional a prestar atención urgente a la situación, investigar el caso y exigir rendición de cuentas por una muerte que, según los expertos, puede constituir un crimen internacional.
