Luego de poner en marcha un primer régimen de beneficios fiscales destinado a incentivar grandes inversiones en sectores estratégicos como la energía o la minería, el gobierno de Javier Milei busca dar un paso más. Intentará atraer, con condiciones todavía más favorables, iniciativas vinculadas a industrias que no existen actualmente en Argentina o se encuentran en fase experimental, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. De acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, las profundas exenciones ofrecidas quedarán blindadas para los inversores por 30 años, con la posibilidad de litigar en el extranjero si otra administración intenta revisarlas. A cambio, solo exige que la inversión supere los mil millones de dólares y que el 20% sea desembolsado dentro de los dos primeros años desde la adhesión al régimen, lo que generó cuestionamientos por la falta de cláusulas destinadas a impulsar el empleo local o establecer protecciones ambientales.
A pocos meses de iniciado su mandato, el Gobierno logró aprobar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema orientado a atraer proyectos de gran escala en sectores considerados estratégicos, como energía, industria forestal, minería, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Ahora, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa que bautizó “Súper RIGI”, ya que la presenta como un “instrumento superador”.
La redacción del proyecto de Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias es laxa respecto de las actividades alcanzadas, lo que puede dar lugar a la discrecionalidad de la autoridad de aplicación. En los papeles, el esquema puede abarcar a “todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.
La norma dispone exenciones en aranceles de importación y exportación y reduce al 10% las contribuciones patronales para nuevas relaciones laborales, lo que contribuye a mermar el ya magro fondo con el que se pagan las jubilaciones en el país. Por otro lado, baja al 15% la alícuota del Impuesto a las Ganancias, un porcentaje inferior al previsto en el RIGI (25%) y 20 puntos por debajo del régimen general (35%). También habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones que, a partir del tercer año, permite sortear por completo el cepo que todavía restringe el acceso de las empresas al mercado de cambios.
El esquema garantiza 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, previsional y cambiaria, y otorga a los inversores la posibilidad de litigar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en caso de que las condiciones previstas fueran alteradas.
En lo que respecta al empleo local, el texto señala explícitamente que no serán aplicables las normas que obligan a adquirir insumos de proveedores nacionales cuando las condiciones ofrecidas resulten menos favorables que las de mercado. Sí contempla que proveedores vinculados a estas “nuevas industrias” puedan adherirse parcialmente al régimen.
De ser aprobada por el Congreso, la norma tendrá vigencia por cinco años, con la posibilidad de extenderla uno más. A diferencia del RIGI, los beneficios se aplicarán solamente en aquellas provincias que adhieran, y cualquier norma local que limite o altere los incentivos previstos podrá ser considerada “nula de nulidad absoluta e insanable”.
Voces críticas señalaron que proyectos similares existen en países como Brasil, aunque, a diferencia de esos casos, aquí no se imponen condiciones para proteger la soberanía o el medioambiente. “En el caso de los data centers [centros de datos], son grandes proyectos que requieren poco empleo (salvo durante la construcción) y gran demanda de energía. Creo que deberían existir compromisos mínimos al respecto, de eficiencia e infraestructura energética y creación de empleo”, apuntó Roberto Arias, ex secretario nacional de Políticas Tributarias y director ejecutivo del Centro de Asuntos Fiscales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que hasta el momento fueron aprobados 16 proyectos bajo el RIGI ya vigente, con compromisos de inversión por 21.033 millones de dólares. Al igual que sucedió con ese primer marco, existen suspicacias sobre la posibilidad de que empresas que ya contemplaban avanzar con proyectos en Argentina esperen ahora la entrada en vigor del Súper RIGI para activarlos en condiciones más beneficiosas.
Algunas semanas atrás, el presidente Milei anticipó el envío del proyecto al Congreso, al que definió en sus redes como una “MEGA BOMBA”. La iniciativa fue presentada después de que el presidente y varios de sus funcionarios se reunieran en Buenos Aires con Peter Thiel, lo que ha generado sospechas respecto de su influencia en el marco normativo. Argentina se parece cada vez más a lo que tecnócratas como el confundador de Palantir Technologies necesitan: desregulación acelerada, posibilidad de transferencia de datos sensibles hacia Estados Unidos, recursos naturales disponibles y sectores variados, desde la ganadería (agTech) hasta la energía nuclear.
El Súper RIGI tiene como antecedente el frustrado Plan Nuclear Argentino que Milei anunció en diciembre de 2024, con el objetivo de proyectar al país —y a la Patagonia en particular— como plataforma para montar servidores de Inteligencia Artificial. “Se trata de un plan ambicioso que marca el renacer de la energía nuclear como la piedra angular del futuro energético argentino y mundial, en un contexto global en el que la Inteligencia Artificial y los avances tecnológicos demandan cada vez más energía”, dijo durante el acto de presentación Demian Reidel, entonces jefe del Consejo de Asesores y hoy fuera del Gobierno e investigado en la Justicia por supuestos consumos injustificados realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica mientras estuvo al frente de esa compañía pública.
