Unos montones de tierra se calientan al sol, un sol durísimo, a la orilla de la laguna de La Habana, a unos 40 kilómetros al sur de Ciudad de México. Es un paso necesario para quitarle la humedad y que no haya bloques, sino bolitas que se puedan deshacer con los dedos sobre una malla metálica. Esos dedos se mueven como si chasquearan entre sí y se paran cuando notan algo pequeño y duro. Algo como un diente, una falange, un huesecillo. Algunos de esos dedos que escudriñan la tierra, junto a funcionarios y forenses, son los de madres que buscan los restos de sus hijas, los de una hija que busca a su padre, los de una hermana que quiere saber dónde está su hermano.
En esta fosa de Tláhuac, en tres semanas se han hallado más de 1.400 restos óseos humanos que el ADN determinará si corresponden a alguno o a varios de los más de 130.000 desaparecidos que hay en México. Es solo una de las miles de excavaciones que se han llevado a cabo en dos décadas, la parte más tangible de la descomunal herida abierta en todo el país que los colectivos de búsqueda, nada más que madres y familiares con sus propios medios, tratan de hacer visible en una lucha contra la impunidad y la desidia del Estado. “Nosotras, sin quererlo, nos volvemos abogadas, policías, antropólogas, psicólogas… aprendes a caminar la tierra, a buscar en lugares que no imaginas”, dice Jacqueline Palmeros, de 43 años, fundadora del colectivo Una luz en el camino, uno de los más de 400 que hay en México.
Su hija, Montserrat Uribe Palmeros, desapareció en Ciudad de México el 24 de julio de 2020 cuando iba a una entrevista de trabajo. “La busqué en 23 Estados, de Tijuana [al norte] a Chiapas [sur]. Me metí en zonas de tolerancia donde trabajan sexoservidoras, en cachimbas [bares de carretera]. Yo sola, con mis recursos”, cuenta. Seguía la pista de un mensaje anónimo que le llegó por Facebook a las dos semanas de aquel día, en el que le decían que su hija estaba en una red de trata con fines sexuales o en el Ajusco, un enorme bosque al sur de la capital sobre un macizo volcánico. Empezó a organizar batidas allí pese a que “las autoridades no pensaban que fuéramos a encontrar nada. Pero en esa zona hallamos cuerpos frescos y restos óseos de los que dábamos aviso”. Cuatro años después, en un barranco lleno de vidrios de ese mismo bosque, encontró restos de Montserrat: “Un cráneo, una mandíbula y dos vértebras”.
Solo ahora es capaz de pronunciar esas palabras con cierta calma, dice con la camiseta blanca en que se ve la foto de su hija sonriendo, que tenía dos niños de año y medio y cuatro años. Pero sigue buscando. “Sepulté sus restos pero quiero encontrar lo demás. Yo parí una hija completa, no un cráneo. Hallar lo demás es parte del acceso a la verdad, quiero saber qué sucedió”, afirma. Ella tuvo que hacer sus propias investigaciones. “Nunca la buscaron, en este país o sales a buscar o te quedas en casa a llorar. El Estado es inoperante y tiene una deuda histórica con las familias de desaparecidos. Algunas llevan 30 años sin saber”.
En las plazas de las ciudades se ven carteles con fotos de rostros y sus nombres completos, testimonio quieto del dolor de esas ausencias que las madres buscadoras sienten y hacen presente. Luchan por hacer visible la causa, por eso preparan actos para el Mundial de Fútbol, del que México es sede. “Es necesario que el mundo entero se entere de qué está pasando en nuestro país”, dice en una semana en la que el tema de los desaparecidos sí ha estado en la agenda pública por la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.
Llegó a la Ciudad de México, donde se reunió con colectivos de búsqueda y autoridades, un mes después de que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidiera elevar a la Asamblea General de la ONU la situación del país, al ver “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. También apunta que “en la mayoría de los casos, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares de los desaparecidos” y, aún peor, que algunas desapariciones se producen con la participación “de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado”.
La respuesta del Gobierno que preside Claudia Sheinbaum, en el poder desde octubre de 2024, fue de rechazo frontal, fundado en que el informe era “tendencioso”, que los expertos de la ONU no habían tenido en cuenta los esfuerzos del Ejecutivo desde 2025 y en que los casos más graves se produjeron en anteriores gobiernos, como si ocuparse de ello quedara fuera de su responsabilidad o no mereciera su atención. En un comunicado de la cancillería, se detallan las medidas tomadas hasta ahora. Alguna de ellas muestra del desbarajuste que han estado sufriendo las familias, como la “obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte”. Es decir, que se investiguen las denuncias y que se haga a la primera.
De ese modo quizá hubiera sido más sencillo dar con el padre de Guadalupe Fernández Ruiz, de 44 años. Desapareció a los 62 cuando iba a cobrar un finiquito que le debían en una herrería de una localidad del Estado de México. Las autoridades tardaron dos años y medio, según cuenta, en ir a registrar el local, y eso que fue captado por una cámara entrando en el lugar y rato después, se ve a otra persona que sale con bolsas. Cuando fueron a buscar pruebas, no encontraron nada, solo que el edificio había sido remodelado varias veces. “La esperanza nunca se pierde, y si no localizo al mío, al menos hemos encontrado a vivos y a no vivos, como no quisiéramos, pero al menos están en casa”, dice ella, del colectivo Mariposas.
El resto de medidas pone el acento en la coordinación entre las instituciones y autoridades, en dotar de “especialistas y equipo” a la Comisión Nacional de Búsqueda, que antes no los tenía propios, centralizar datos, registros y alertas y en establecer mecanismos de participación de las familias. El Gobierno también ha tratado de racionalizar la base de datos sobre desaparecidos, pero el resultado es una reinterpretación de los números que ha indignado a los colectivos, de forma que solo considera como desapariciones incontestables las de un tercio de los 130.000, alrededor de 44.000.
La visita de Türk esta semana terminó con una conciliadora rueda de prensa en la que reconoció “los esfuerzos” y la “voluntad” del Gobierno mexicano por atender la crisis, centrándose en que se avance con “una solución”. Sus palabras suenan como eco desde esta llanura en la que decenas de personas vestidas con monos blancos y guantes buscan respuestas en la tierra. De lejos se ve algún caballo, unas ovejas. “En vez de recomendaciones, la ONU debería obligar al Estado a aceptar la crisis de desapariciones que hay”, dice Jacqueline Palmeros, quien sí reconoce avances en los últimos tiempos en cuanto a participación y en parte porque las familias han “obligado a las autoridades a hacer su trabajo”. También Carolina Espinosa, de 52 años, cree que ahora está todo más centralizado para que no haya que llamar a tantas puertas. Ella busca a su marido, un médico que se fue a trabajar un día de junio de 2020 y no regresó. “En la Ciudad de México, después de nuestro impulso, tenemos más apoyo en las búsquedas”, dice.
Las tres carpas blancas que protegen del sol el trabajo de los buscadores están custodiadas por agentes de la Guardia Nacional armados con rifles y municipales con pistola. Se ven funcionarios de diferentes entidades, una psicóloga, hay comida al mediodía, una cierta infraestructura con unas 80 personas ―y no es grande, hay otras de 150 o 500 personas― que no siempre ha estado ahí para las buscadoras, donde lo difícil, a veces, es convencer a las autoridades de que merece la pena indagar ahí en base a la información que ellas mismas han recabado.
En este lugar, entre el Estado de México y Ciudad de México, presionaron para que se buscara. Es uno de los que más restos humanos han arrojado en Ciudad de México, según Palmeros. Está en una zona fronteriza bajo autoridades distintas y además está apartada, lo que facilita la ocultación de cadáveres. Un miembro de la Comisión de Búsqueda explica que aquí confluyen decenas de denuncias y líneas de investigación.
La presencia policial es fuerte porque la lucha de estos colectivos es peligrosa. En total hay 27 buscadoras asesinadas y tres desaparecidas. Marite Valadez Kinijara, de 44 años, no puede desvelar dónde vive. Busca a su hermano desaparecido en 2015 en Sonora, y desde 2019 está desplazada por el Mecanismo de protección a defensores y periodistas. “Mataron a dos de mis familiares y a otra persona enfrente de mi casa. Tengo cuatro hijos que viven dispersos en varios lugares por seguridad”, cuenta ella, fundadora de Las Guerreras de Sonora.
Tuvo que reunir pruebas de dónde había cámaras en el lugar que captaron el momento. Asegura que a ella la Fiscalía sí la apoyó. Quienes se llevaron a su hermano fueron detenidos por otro delito y están en prisión a la espera de recibir condena, pero cuenta que se niegan a decir dónde está su hermano, “dicen que ni lo conocían”. Desde entonces, ella, sus hijos y sobrinos han recibido amenazas y ha tenido que “empezar de cero”. Ella también cree que, pese a las “buenas intenciones” del Alto Comisionado de la ONU, “México no va a aceptar que necesitamos ayuda”.
Por el paraje se ve a un hombre vestido de paisano que no parece involucrado en la excavación. Es la protección que le ha puesto la fiscalía a Jacqueline Palmeros mientras esté activa la reaprehensión de los dos hombres que se llevaron a su hija. “Los dejó libres una jueza en julio de 2024, apelamos, ganamos y mientras los agarran podría estar en riesgo”, dice ella, que vive con sus otros tres hijos y uno de sus dos nietos.
De todas las amenazas que ha recibido en estos años de búsqueda ―“hubo una balacera en mi casa, me aventaron camionetas cuando conducía para cerrarme el paso”― hubo una que le hizo no salir de casa por un tiempo. Fue cuando le dijeron que iban a secuestrar a sus nietos: “Me iban siguiendo, me mandaban mensajes diciéndome la ropa que llevaba, o que iba con mi nieto”. Ha tenido cámaras en casa, un botón del pánico “que tardan mil años en responder”.
La búsqueda también le ha quitado a amigos y familiares, algunos de los cuales “criminalizan a nuestros desaparecidos, diciendo ‘quién sabe en qué andaba, mejor no le hablo por si me pasa algo’. Solo nos entendemos entre nosotros”, dice entristecida, y usa una frase que también se les decía en Argentina a las Madres de plaza de Mayo: las locas. “Hasta la misma sociedad piensa que somos las locas de las palas”.
