La falta de mérito y la liberación de los principales investigados que dispuso la Cámara Federal de La Plata dejó en punto muerto la causa por lavado de dinero en la megaferia de La Salada, una estructura de comercio ilegal que funcionó durante décadas.
La decisión de los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, tomada este viernes, dio marcha atrás con el procesamiento con prisión preventiva de los acusados que había dictado el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona.
Se trata de Jorge Omar Castillo y Enrique “Quique” Antequera, dos de los líderes de la organización, así como de decenas de familiares y empleados.
Castillo era el hombre responsable de La Salada y del Paseo de Compras Urkupiña. Había sido detenido junto a los otros acusados en mayo de 2025, luego de un operativo con más de 60 allanamientos en simultáneo.
En la causa que derivó en los procesamientos, en julio de 2025, se señalaba la obtención de ganancias millonarias en dinero líquido que luego se insertaban al mercado formal a través de la compra de automóviles, casas en countries, viajes al exterior y administración de empresas.
La Salada estaba compuesta por tres ferias, con más de 4.000 puestos. El alquiler de un puesto por un solo día de trabajo oscilaba entre los 130.000 y 140.000 pesos, a lo que se sumaba un monto fijo en concepto de “llave” de entre 6.000 y 7.000 dólares cada seis meses.
En la investigación se registraron comunicaciones que confirmaron el ingreso constante de camionetas a domicilios particulares de Castillo, a quien se entregaba la recaudación en efectivo.
De hecho, sólo durante los allanamientos de mayo de 2025, se incautaron físicamente más de 400 millones de pesos y 2 millones de dólares.
Sin embargo, los camaristas plantearon que la decisión del juez Armella había sido prematura. Y sostuvieron que no hay evidencia suficiente para demostrar que los bienes de los imputados fueron adquiridos con dinero ilícito.
La resoluciónde la Cámara dejó también sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre los bienes y vehículos de los imputados.
