La historia de la desaparición de Loan Peña (5) tiene varios protagonistas, pero pocos tan apuntados como el exmarino Carlos Pérez (63) y la exfuncionaria María Victoria Caillava (53). La pareja, involucrada en uno de los casos más misteriosos de los últimos años, cumplió este sábado un año en la cárcel. Ambos fueron apresados el 21 de junio de 2024 y nunca más volvieron a salir.
Pérez y Caillava están alojados en el Complejo Penitenciario N° 3 del NOA, en Güemes, provincia de Salta, luego de que el caso pasara de la órbita provincial al fuero federal. A diferencia de otros presos, la situación de ellos tiene algunas particularidades. Al estar involucrados como pareja en la causa, el régimen penitenciario les permite tener visitas intercarcelarias y contacto frecuente, tanto presencial como telefónico. También reciben a sus familiares bajo supervisión, y tienen acceso a actividades recreativas. “Ellos cuentan con absoluta libertad para poder comunicarse de forma personal o a través de teléfono inclusive”, explica a PERFIL su abogado, Ernesto “Tito” González.
María Victoria Caillava, por ejemplo, participa en talleres de cocina, jardinería y horticultura. Según revela su defensa, la exfuncionaria lleva una rutina diaria centrada en lo terapéutico. En paralelo, el exmarino realiza actividades deportivas, especialmente partidos de fútbol con otros internos de la unidad penitenciaria. “Actividad al aire libre sin ningún tipo de restricción en el sentido de poder estar afuera por una hora todos los días”, detalla el letrado a este diario.
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Acusación. La pareja está imputada por sustracción y ocultamiento de un menor, un delito que según el artículo 146 del Código Penal argentino contempla penas de entre 5 y 15 años de prisión. En mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal pidió la elevación a juicio de la causa, que tiene a otros cinco sospechosos: Bernardino Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña y el excomisario Walter Maciel.
La hipótesis judicial sostiene que el 13 de junio de 2024, durante un almuerzo familiar en la casa de la abuela del niño, en el paraje Algarrobal, los adultos presentes ejecutaron un plan coordinado para apartar a Loan de su padre y entregarlo al matrimonio Pérez-Caillava. La supuesta entrega se habría producido en un lugar llamado “la tapera”, y luego, en la camioneta Ford Ranger de la pareja, se concretó el ocultamiento.
Para el abogado González, sin embargo, no hay elementos firmes que justifiquen la acusación. “Las pruebas están viciadas en su gran mayoría. Al no existir algún elemento objetivo, algo razonable o algo real para poder decir que tuvieron participación o injerencia, se prenden de elementos que se encuentran viciados”, asegura.
El punto más cuestionado por la defensa del matrimonio son las pruebas odorológicas realizadas en los vehículos, donde se habría detectado olor de Loan. “No viciadas porque se haya hecho mal el procedimiento, sino porque todo lo previo estuvo mal hecho: la recolección de prendas, la conservación, su utilización”, argumenta González. Además, plantea vicios de nulidad que fueron ignorados durante la instrucción y que, según adelantó, serán retomados durante el juicio oral.
Otro cuestionamiento está relacionado con el análisis de los teléfonos celulares. Según el abogado, el dispositivo de Pérez fue manipulado por la policía correntina. “Eso es el ABC del derecho: una violación a la cadena de custodia. Se desconoce la doctrina del fruto del árbol envenenado. Una prueba así no se puede usar”, afirmó.
Sobre la causa en general, el abogado expresó que no cree que los imputados sean responsables. “No tienen a las personas correctas”, aseguró. Para él, la instrucción forzó evidencias y construyó teorías sin respaldo: “Se plantearon 2.500 hipótesis que únicamente obedecían a la imaginación de cualquier investigador y, obviamente, dejaron abiertas vías y teorías que hasta el día de hoy son conspirativas o paranoicas, como por ejemplo la cuestión del accidente o de alguna red de trata muy organizada que haya tenido intervención de estas personas”.
A pesar de las dudas planteadas por la defensa, para la Justicia federal el caso es claro. Los fiscales Mariano De Guzmán, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo consideran que todos los implicados actuaron de forma coordinada y premeditada, y que el niño fue apartado de su esfera de custodia por adultos que actuaron con pleno conocimiento de lo que hacían. “No se trató de una desaparición accidental”, subrayaron.
En el pedido de juicio, detallaron que Loan fue visto por última vez a las 13.52 del 13 de junio, cuando se lo fotografió camino al naranjal, y que la alerta sobre su desaparición se emitió recién a las 15.26. En ese lapso, aseguran, se consumó la sustracción.
Carlos Pérez y María Victoria Caillava fueron señalados como quienes se alejaron de la reunión con la excusa de ver un partido de River, y en ese trayecto habrían retirado al niño del punto de entrega. Esa hipótesis se apoya también en las declaraciones de testigos y el análisis de rastros encontrados en el vehículo.
En paralelo, el abogado González insistió en que quedan pericias pendientes que podrían modificar el rumbo de la causa. En particular, mencionó la geolocalización a través de Google y la recuperación del historial del GPS de los vehículos. “Tengo entendido que la Ford Ranger sí tiene. Desconozco si ese modelo de Ford Ka particularmente tiene”, aclaró.
Mientras tanto, el matrimonio sigue detenido y sin perder el contacto. A un año de su detención, la causa avanza, pero la ausencia de respuestas concretas sobre el destino del niño sigue siendo un gran misterio.
“No tienen detenidas a las personas correctas”
L.N.
El abogado de la pareja sospechosa, Ernesto “Tito” González, sostiene la inocencia de sus defendidos y critica duramente la instrucción de la causa. “Pérez y Caillava están en iguales condiciones que los restantes imputados”, dice y enseguida amplía: “Lo que puede inclinar la balanza de un lado hacia otro, es decir hacia su inocencia o hacia su culpabilidad, son las evidencias que están viciadas y que están forzadas sobre todo. Son evidencias que se utilizan forzadamente para crear una idea, una teoría del caso para los fiscales, y así poder afirmar que existió o no existió tal delito”.
Para González la investigación “no ha podido resolver” el caso “porque no tiene las personas correctas”. “Es muy sencillo. Aunque les cueste creer a muchas personas, no tienen a las personas correctas y por eso es prácticamente imposible armar un rompecabezas con piezas de un Jenga. No hay forma. Todo lo que se está haciendo es forzar evidencias o intentar forzar teorías e hipótesis para poder justificar algo que hasta el día de hoy no tiene explicación”, asegura.
