La reciente sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe ha sacudido el escenario político y jurídico colombiano. Se trata de un caso emblemático que pone a prueba no solo la independencia del sistema judicial, sino también su capacidad para actuar con rigor y equilibrio frente a figuras de poder. ¿Qué significa este fallo para la democracia colombiana? ¿Estamos ante un avance institucional o ante una decisión que vulnera principios esenciales del debido proceso? Estas seis preguntas buscan aportar claridad en medio del debate.
¿Es positivo que un expresidente pueda ser procesado por la justicia ordinaria? Sin duda. En una democracia, nadie está ―ni puede estar― por encima de la ley. Que Álvaro Uribe, figura central del poder político colombiano en las últimas décadas, haya sido llevado ante la justicia ordinaria demuestra que en Colombia existe ―al menos en este caso― un aparato judicial capaz de actuar con autonomía. Ese es un valor democrático en sí mismo.
¿Pero una justicia independiente puede dictar sentencias sin pruebas sólidas? No. La independencia judicial no exime del cumplimiento riguroso del debido proceso ni de la exigencia probatoria. En materia penal, no bastan las sospechas, hipótesis o intuiciones. Se requiere una carga probatoria contundente, específica y obtenida respetando las garantías procesales. La legitimidad de una sentencia depende tanto de la independencia del juez como de la solidez de las pruebas.
¿Eso no es “garantismo excesivo”? No. Es lo que distingue a una justicia penal democrática de una inquisitorial. El respeto al debido proceso no es un obstáculo para la justicia, sino su fundamento. Sin garantías, el sistema se convierte en una herramienta de persecución, no de verdad ni de reparación.
¿Hay en este caso pruebas suficientes que acrediten la culpabilidad de Uribe más allá de toda duda razonable? Ese es el punto más polémico. A pesar de la gravedad de las imputaciones, numerosos juristas sostienen que el estándar probatorio exigido en un proceso penal no se ha cumplido. La sentencia se apoya en una cadena de inferencias y testimonios indirectos cuya solidez ha sido cuestionada incluso por actores no uribistas. En un Estado de Derecho, la duda razonable no es una concesión: es una garantía esencial.
¿Significa eso impunidad? No necesariamente. Significa que incluso para el más poderoso, la ley debe aplicarse respetando garantías esenciales. Y si no hay prueba plena de culpabilidad, corresponde la absolución. Eso también es justicia. La impunidad no se combate con condenas sin pruebas, sino con investigaciones rigurosas y procesos transparentes.
¿Cuál es la lección para Colombia? Una doble. Primero, que nadie está por encima del sistema judicial. Segundo, que una justicia que condena sin pruebas suficientes también erosiona la democracia y el Estado de Derecho. La credibilidad de las instituciones no se fortalece con sentencias ejemplarizantes, sino con procesos ejemplares.
