Una jueza federal ha ordenado este jueves un freno temporal a las labores de construcción en el controvertido centro de detención de inmigrantes en medio de los Everglades de Florida bautizado Alligator Alcatraz. La orden de la magistrada es en respuesta a una demanda presentada por grupos ambientalistas y una de las tribus originarias de la zona, en la que alegan que la instalación viola las leyes medioambientales. Su dictamen es temporal, y la cárcel, ubicada al oeste de Miami, podrá seguir operando y albergando inmigrantes.
Según la orden de Kathleen Williams, los trabajadores del centro tendrán prohibido añadir cualquier nuevo relleno, pavimentación o infraestructura durante los próximos 14 días. Los demandantes insisten en que la instalación, abierta hace un mes, amenaza humedales ecológicamente sensibles que albergan plantas y animales protegidos, y que revertiría miles de millones de dólares en trabajos de restauración ambiental en los Everglades, alterados por la agricultura y la urbanización.
Alligator Alcatraz fue levantado a finales de junio en menos de dos semanas en los extensos humedales de Florida, en el sitio de un antiguo aeropuerto que se construyó en los años sesenta como parte de un megaproyecto que desató una feroz batalla con medioambientalistas locales y fue finalmente cancelado. La construcción de una cárcel para inmigrantes en ese sitio, rodeado de un ecosistema sensible que alberga numerosas especies protegidas, como la pantera del Estado, desató protestas de defensores del medioambiente y miembros de las tribus originarias. Una de estas últimas, los Miccosukee, es la que impulsó la demanda.
Además de la biodiversidad que alberga, los Everglades tienen una función esencial en el suministro de agua de la región. El agua fluye desde el Lago Okeechobee, al norte de la península, y drena hacia el sur principalmente a través de los canales naturales de los pantanos y marismas de los Everglades —llamado el “río de hierba”— hasta la Bahía de Florida.
El activismo de los medioambientalistas de Miami cambió la percepción que tenía la gente de que los Everglades era un pantano sin valor, sino un río vital y frágil, e impulsó la expansión del Parque Nacional Everglades, así como leyes ambientales en todo el país. El sitio, rodeado de la Reserva Nacional Big Cypress, se convirtió en un símbolo del conflicto entre desarrollo urbano y conservación ambiental.
Lo que quedó del proyecto truncado del Aeropuerto Dade-Collier fue una pista de aterrizaje de unos 3.200 metros que se utilizaba esporádicamente para entrenamiento de pilotos y ejercicios militares, y que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, señaló como un atractivo para levantar el centro de detención ahí, pues tenía capacidad para recibir aeronaves grandes.
Alligator Alcatraz recibió gran atención a principios de julio cuando el presidente Donald Trump lo visitó para su inauguración, como un gesto de aprobación al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha intentado colocarse a la vanguardia nacional en los arrestos de inmigrantes. El centro de detención, que se levantó en apenas ocho días con carpas de lona, baños portátiles y tráileres, comenzó a recibir detenidos inmediatamente. Desde entonces, ya se han deportado más de un centenar de inmigrantes desde el lugar.
Desde que comenzaron las operaciones del centro de detención, comenzaron a surgir casi inmediatamente denuncias de condiciones inhumanas y abusos. Las imágenes del interior muestran celdas que parecen una especie de jaulas de malla bajo las grandes carpas de lona blanca, cada una con varias literas. Inmigrantes detenidos ahí se quejan de que carecen de servicios médicos, que los inodoros están desbordados, la electricidad falla, hay insectos por todas partes y solo pueden ducharse cada tres o cuatro días. También denuncian que no tienen acceso a sus abogados de inmigración. De hecho, otra demanda alega que los detenidos no tienen acceso al debido proceso en los tribunales.
Las malas condiciones han hecho que al menos un inmigrante inicie una huelga de hambre en protesta. Tras visitas oficiales, algunos legisladores federales calificaron el sitio como un “campo de internamiento”.
