El flamante presidente de Perú, José María Balcázar, quien asumió el lunes pasado tras la destitución de José Jerí, no empezó de la mejor manera. A las pocas horas de ocupar el cargo comenzaron a aflorar una serie de cuestionamientos por su pasado turbulento.
Balcázar es un exjuez de la Corte Suprema de 83 años que deberá permanecer en el cargo hasta junio y conducir el país a las próximas elecciones presidenciales previstas para el 16 de abril. Es el noveno presidente de Perú en una década, en un contexto de marcada inestabilidad institucional. Jerí fue destituido acusado de tráfico de influencias.
Balcázar es una figura controvertida que apoyó la edad de consentimiento en 14 años cuando se debatió en el Parlamento la prohibición del matrimonio infantil en 2023. Y lo hizo con una frase que sonó atroz: “Las relaciones sexuales precoces ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”. Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos expresaron su rechazo por declaraciones del mandatario.
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Interrogado por una radio local, Balcázar negó las acusaciones y denunció “leyendas negras” que, según él, buscan distorsionar sus palabras, afirmando tener “una trayectoria impecable”.
El flamante presidente es objeto de varias investigaciones y procesos judiciales. Cuando se desempeñaba como juez en Lambayeque, al norte de Lima, fue destituido del Poder Judicial por mala conducta. Además, es objeto de varias causas penales, entre ellas una por presuntamente haber negociado el curso de investigaciones con la exfiscal general Patricia Benavides a cambio de su voto en el Congreso.
Perteneciente a las filas del partido Perú Libre, el mismo que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, Balcázar deberá pronunciarse ahora sobre el futuro del exmandatario. El viernes, la defensa de Castillo presentó una solicitud de indulto. El exjefe de Estado, condenado a 11 años y 5 meses de prisión tras intentar un autogolpe en 2022, sostiene que su condena obedece a una persecución política.
Balcázar deberá conducir el país hasta las elecciones de abril y permanecer en el cargo hasta la transición de junio. Su llegada al poder vuelve a evidenciar la fragilidad de un sistema político en el que el Congreso amplió su margen de intervención gracias a la cláusula constitucional que habilita la destitución del presidente por “incapacidad moral”. Ese mismo mecanismo fue el que esta semana precipitó la caída de José Jerí, quien quedó atrapado en un escándalo conocido como “Chifagate”, luego de que una cámara de seguridad revelara reuniones clandestinas con empresarios chinos fuera de su agenda oficial, incluida una visita en la que intentó ocultar su identidad con una capucha.
Aunque la destitución se apoyó también en otros cuestionamientos –como encuentros nocturnos con mujeres en la residencia oficial–, el eje del caso giró en torno a sus vínculos con empresarios chinos en un contexto de alta influencia del gigante asiático en Perú.
