En septiembre de 2023, a la casa de los padres de Luis Alberto Pino Soto, a quien buscan hace cuatro décadas, cuando desapareció a sus 15 años, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), llegó una notificación de un juzgado de Arica, en el extremo norte de Chile, donde su hijo era citado por no ir a votar en las elecciones de consejeros constitucionales de mayo, de acuerdo con los registros del Servicio Electoral (Servel): la ley de sufragio obligatorio sanciona a quien no acude a las urnas, si no presenta una justificación. La carta no solo fue escalofriante y un nuevo dolor para la familia, que tiene una herida abierta desde el 1 de julio de 1986, cuando vio por última vez a Luis. También dejó en evidencia, tiempo después, un error administrativo del Estado que se arrastró por años y que, al corregirse, derivó en que el adolescente haya sido reconocido oficialmente este jueves como una de 1.469 personas desaparecidas, en una ceremonia en Arica: su nombre no quedó en los registros del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig, que impulsó Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición democrática y en el que se identificó a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Luis era el segundo de cuatro hermanos. Y desapareció cuando a las 13.45 horas salió de su casa, en la población Santa Rosa de Arica, a buscar un cuaderno al domicilio de un compañero de la secundaria del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez. Ese 1 de julio de 1986 había un clima convulso, en la antesala de una masiva protesta contra Pinochet, en una convocatoria a un paro nacional, para los días 2 y 3, de la Asamblea de la Civilidad, en la que se llamó a la apertura de los registros electorales y a la realización de elecciones libres: terminó con una brutal represión. Al transcurrir las horas, y Luis no regresaba, sus padres, Víctor Pino y María Soto, comenzaron a buscarlo. Acudieron, por la noche, a Carabineros, que no recibió la denuncia debido a que debían pasar 48 horas para abrir una pesquisa por presunta desgracia. Dos días después, la Policía de Investigaciones sí recepcionó el caso.
En los días siguientes, la familia recibió “amenazas, hostigamientos y silencios institucionales”, según información de la subsecretaría de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, que ha explicado que testimonios que hasta ahora no han sido judicializados, dieron cuenta del “posible traslado” del estudiante “en un camión militar”.
Su desaparición es investigada desde 2024 por el juez Sergio Troncoso, luego de que la familia presentara una querella que interpuso Francisco Bustos, junto al abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto.
El caso de Luis Pino experimentó graves irregularidades estatales, que explican por qué recién ahora puede ser parte del listado oficial, después de los intentos de Víctor y María, sus padres, en 1990 y 1993. La instancia que impulsó Aylwin no solo calificó como víctimas a quienes fueron perseguidos por sus militancias políticas, sino que también tomó “a la represión indiscriminada” que hubo en la dictadura, explica Bustos. “Hay personas que pudieron no tener militancia, pero pueden ser víctimas del descriterio y de personas que sabían que actuaban en la impunidad y tenían ‘licencia’ para matar. En términos del derecho internacional, es el ataque generalizado de la población civil”.
Cuando en 2023 llegó la notificación del juzgado a la casa los padres del estudiante, la agrupación Mujeres, Memoria y Derechos Humanos de Arica envió cartas a varios organismos del Estado para que se dejara sin efecto la citación, se pidiera disculpas a la familia y se garantizara la no repetición de “una situación revictimizante” como la ocurrida. Según explicó ese año el Servicio Electoral (Servel) a TVN, el canal público, Pino estaba en el padrón de votantes debido a que cuando en 2012 en Chile se estableció la inscripción automática y el voto voluntario —en 2022 se restableció el sufragio obligatario—, se sumó su nombre al padrón, pues oficialmente en el Registro Civil no figuraba ni como desaparecido ni como fallecido, a diferencia de hoy.
El caso llegó en 2024 al Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, una política pública, alojada en el ministerio de Justicia que lidera Jaime Gajardo, y la subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Daniela Quintanilla. La iniciativa fue presentada por Boric en la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Su equipo tiene como tarea reconstruir las trayectorias de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas, desde el momento de la detención hasta su destino final. Y, en ese trabajo, sus investigadores descubrieron que en la Comisión, que trabajó en 1990 y entregó sus resultados en 1991, existió un error humano de transcripción, que generó que el estudiante secundario no fuera incorporado al listado de víctimas: su apellido fue escrito como Pinto en vez de Pino.
El Plan de Búsqueda, así como despejó el caso de este estudiante y reconoció el error, a través de una resolución el 30 de agosto de 2025, también indagó en otra causa, la de Bernarda Vera y quien en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación aparece como detenida desaparecida. Pero, una investigación realizada entre 2024 y 2025, arrojó incongruencias y contradicciones entre esa versión oficial y diversos testimonios que han dado cuenta que la mujer, quien estaba condenada a muerte por la dictadura, habría salido clandestinamente por la cordillera hacia Argentina, y que hoy residiría en Miramar, en la provincia de Buenos Aires. Esos antecedentes están, desde octubre, en manos del juez chileno de derechos humanos Álvaro Mesa, quien abrió una investigación reservada.
Una odisea de cuatro décadas
A 40 años de la desaparición de su hijo, Víctor Pino y María Soto han sido parte este jueves de la ceremonia de reparación en Arica, encabezada por Gajardo y Quintanilla. El ministro de Justicia ha destacdo que, al momento de su desaparición, Pino “era prácticamente un niño”. “El Estado está enmendando un error profundo que se cometió con Luis Alberto Pino Soto, su familia y con la memoria de la ciudad de Arica porque, a pesar de que se habían entregado los antecedentes a la Comisión de Verdad y Reconciliación, por un error administrativo no fue calificado como una víctima de la dictadura militar”, señaló.
En el acto, además, a la familia se le entregó, por primera vez, el expediente con los antecedentes judiciales de Luis, la carpeta con su calificación de víctima y la sentencia que el pasado 28 de enero dictó el 19° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó incorporarlo al listado oficial.
El abogado Francisco Bustos, quien viajó desde Santiago a Arica, dice a EL PAÍS que, finalmente, “se la ha dado la razón a la familia de Luis Pino Soto, que ha vivido una verdadera odisea”. “La familia cuenta que la directora del liceo escondió los libros de clases y negó que Luis hubiese sido alumno. También, hubo jueces que no quisieron reunirse con ellos [los padres del estudiante] porque se juntaban con gente de izquierda en su búsqueda. Entonces, si durante la dictadura recibieron maltrato y crueldad, en democracia les cerraron las puertas. Por eso, aunque tardíamente, este acto reconoce su tesón”.
De acuerdo con el Plan de Búsqueda, de las 1.469 personas que en Chile siguen desaparecidas, 219 tenían menos de 21 años.
