La jerarquía de la Iglesia Católica, a través de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, emitió una declaración es la que expresa su preocupación por el avance del narcotráfico especialmente en los barrios populares señalando que la retirada del Estado de estos espacios genera una suerte de “Estado paralelo”. El documento, titulado “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, lleva la firma de los obispos Marcelo Colombo (Mendoza), presidente, Angel Rossi (cardenal de Córdoba), vicepresidente primero, Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidente segundo, y de Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal.
El documento conocido ahora fue anticipado por otra declaración emitida días atrás por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) haciendo públicas su preocupación por el “gran crecimiento del narcotráfico” y “la despenalización de hecho” de la venta y consumo de drogas a lo largo de todo nuestro país también como resultado de “un Estado que se va retirando de nuestros espacios más pobres”.
El nuevo texto fue emitido con ocasión de la próxima celebración (26 de junio) de la “Jornada Mundial de la ONU contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de drogas” y pone de manifiesto la creciente preocupación por el tema que existe en el máximo nivel del episcopado católico.
Tiene, por otra parte, la finalidad de reafirmar el compromiso de la Iglesia en Argentina “en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el consumo de drogas”, teniendo en cuenta que este hecho constituye “una herida profunda en el corazón de tantos jóvenes, muchos de ellos en situaciones de extrema pobreza”.
Dicen los obispos que “la droga mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos de tantos chicos y chicas que quedan atrapados en el circuito del consumo” y “esta realidad nos duele y nos interpela” y, por ese motivo, “¡no podemos naturalizarla!”.
La declaración hace también una referencia a la presencia de la Iglesia en los barrios más vulnerables, donde desde hace años -dicen los obispos- “comunidades eclesiales de todo el país (parroquias, capillas, Hogares de Cristo, Centros Barriales, Cáritas, Fazendas de la Esperanza y otras obras donde se comparte el trabajo con organizaciones de la sociedad civil), acompañan de manera silenciosa, cercana y constante a quienes han caído en la adicción y buscan una salida. Con un compromiso nacido de su fe en Jesucristo, lo hacen con la certeza de que nadie está perdido para siempre”.
En la parte central de su documento la Comisión Ejecutiva del episcopado católico dice que “vemos con preocupación y dolor la retirada del Estado” de esos barrios más vulnerables en los que se “abre paso el narcotráfico, que ocupa el lugar vacío y se convierte en una suerte de ‘Estado paralelo’ , donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, y esto a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.
Consideran los obispos católicos que “la prevención y la educación son pilares irremplazables en esta lucha, concretados en espacios de contención, escucha y formación”. Y por tal motivo, dicen, “es urgente y necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales, reconozcan y sostengan el trabajo que ya se realiza en el territorio, aportando los recursos necesarios para potenciarlo y ampliarlo”.
Según opina la Comisión Ejecutiva del episcopado “sin una presencia constante del Estado y el compromiso de toda la sociedad en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes, estaremos siempre corriendo detrás del problema”. Porque, argumentan los obispos, “no se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos”.
Entiende el episcopado que “la entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.
Siguiendo con su razonamiento la Comisión Permanente advierte que “desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”. En el entendido de que “allí donde hay una comunidad que acoge y contiene, hay posibilidad de renacer”, teniendo en cuenta que “la recuperación no es un camino solitario: se sostiene en vínculos, en el abrazo de una red fraterna, en la pertenencia”.
Insistiendo en la responsabilidad del Estado en la materia los obispos afirman que “por eso es fundamental cuidar y fortalecer estas comunidades que salvan vidas todos los días” y “sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene”. Para concluir que “si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad”.
Por eso las autoridades de la Iglesia Católica piden “a quienes tienen responsabilidades de gobierno “ que “¡Escuchen el clamor de los que luchan por salir del consumo! ¡Vean el dolor de familias y comunidades que están destrozadas por este flagelo!”.
El documento incluye también “nuestra gratitud a todos los que trabajan cada día, con fe y esperanza, por rescatar a hermanos y hermanas del consumo de drogas”, para decirles que “no están solos” y que “en sus gestos cotidianos de amor y servicio se encarna el Evangelio”. Culmina con un mensaje “a quienes están atravesados por este drama de la drogadependencia” que “como Iglesia no nos resignamos a perderlos”.
“Porque creemos en Cristo, confiamos en la fuerza transformadora del amor, del encuentro y de la comunidad”, dicen los obispos a quienes que padecen el flagelo que “no se desanimen; pidan ayuda; no dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos”.
