Mientras los senadores de Unión por la Patria buscan acelerar el tratamiento en comisiones de la media sanción de diputados de aumento a las jubilaciones, la reposición de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, el oficialismo obstaculiza con todas las maniobras posibles que esas leyes no avancen en el Senado. Los libertarios frenan y dilatan cualquier convocatoria de la comisión de Presupuesto, clave para el debate de las tres iniciativas, y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, sólo habilitó la sesión informativa que el jueves brindará el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que volverá a llevar al recinto la amenaza del presidente Javier Milei de que vetará cualquier proyecto que altere el déficit fiscal. La misma que el propio ministro repitió ayer como respuesta a los gobernadores de todos los signos políticos que reclaman los recursos económicos que el Gobierno central recauda y que no distribuye a las provincias. Aunque el oficialismo sabe que no podrá sostener indefinidamente la dilación y se prepara para amortiguar una casi segura derrota parlamentaria, la preocupación de la Casa Rosada pasa ahora por la dificultad de conservar las voluntades que le permitan blindar los vetos presidenciales en medio de la confrontación con los mandatarios provinciales.
Proyectos
La Cámara baja aprobó el 4 de junio los tres proyectos pero el Senado aún no abordó ninguno de ellos en comisiones. El proyecto de aumento en las jubilaciones, al que Diputados le dio media sanción con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, propone compensar con un 7,2 por ciento los haberes jubilatorios que el Gobierno les podó en enero de 2024 y aumentar el congelado bono para quienes cobran el haber mínimo de 70.000 a 110.000 con actualización automática por inflación.
En tanto, la moratoria previsional por dos años para que personas en edad de jubilarse puedan hacerlo aunque no hayan completado los 30 años de aportes. El gobierno amenaza con vetar ambos por el costo fiscal de las iniciativas. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó que las erogaciones no son del valor que le asigna La Casa Rosada: la OPC estimó que el costo de la actualización del bono sería del 0,25 por ciento del PBI anual, mientras que la extensión por dos años de moratoria insumiría un “0,084 por ciento del PBI en el primer año y un 0,081 en el segundo, totalizando el costo fiscal acumulado en 0,165 por ciento del PBI”.
El tercero impulsa la declaración de emergencia nacional en discapacidad hasta 2027 que implica, en líneas generales, la actualización de aranceles para los prestadores de servicios fue aprobado en la Cámara baja por 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones: dos tercios de los presentes en la sesión.
Dilación
El oficialismo ha tratado hasta ahora bloquear el tratamiento de los tres proyectos en el Senado. Ni la comisión de Presupuesto, en manos del libertario jujeño Ezequiel Atauche, ni la de Trabajo y Previsión Social, que preside la macrista cordobesa Cristina Alvarez Rivero han convocado a las mismas para el debate sobre el aumento a las jubilaciones y la moratoria previsional.
Tampoco lo ha hecho la comisión de Población y Desarrollo Humano, también presidida por libertarios, que junto al Presupuesto deben abrir el debate sobre la emergencia en discapacidad. De todas maneras, desde UxP impulsarán una reunión de la primera de las comisiones en esta semana para empujar la discusión.
En tanto, la titular del Senado, mira para otro lado. Villarruel no solo ignora los reclamos sino que quiere cohesionar al grueso de sus aliados para evitar que el peronismo arremeta con su tratamiento cuando se abra el recinto nuevamente. Por eso, hasta ahora evitó oficializar para este miércoles el pedido de una sesión especial solicitada por senadores aliados con otra agenda mucho más cómoda para el oficialismo. La vicepresidenta primero quiere tener las garantías de que habilitar la sesión no permita que prospere el impulso opositor por los temas que le preocupan a la Casa Rosada.
Aunque desde el propio oficialismo admiten que el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad conseguirían los votos para convertirse en ley, mientras que la moratoria previsional no estaría asegurada por los cuestionamientos de algunos sectores de la oposición dialoguista sobre la iniciativa.
Por ahora Villarruel solo abrirá el recinto del Senado para que Francos rinda el jueves su informe de gestión de Gobierno. Allí, el jefe de Gabinete repetirá la muletilla del déficit cero y la amenaza presidencial del veto a cualquier proyecto que lo ponga en cuestionamiento, dejando en claro que no habrá plata para los jubilados ni las personas con discapacidad.
Francos repetirá el argumento oficial, aunque la Casa Rosada evalúa las consecuencias de otra derrota parlamentaria. Su preocupación pasa ahora por tratar de conservar los “héroes” que le blinden el veto en el Congreso. Algo de los que ya no está seguro en medio de fuerte confrontación con los gobernadores de todo signo político y cuyas provincias atraviesan una crisis de recursos ante la motosierra que le aplica el Gobierno central.
