La joven tenía 16 años al momento de ser captada por la organización delictiva. Los integrantes de dicho grupo se hicieron amigos de la familia y alejaron a la chica de sus familiares, usándola para cometer delitos.
Marcela Hernández y Eduardo Champagna llevan más de seis años en una lucha judicial para recuperar a su hija Marina y defender sus bienes, denunciando la captación coercitiva que sufrieron en Puerto Madryn.
Marcela Hernández y Eduardo Champagna, jubilados de Comodoro Rivadavia, llevan más de seis años luchando en los fueros penal, civil y de familia para recuperar a su hija Marina, quien, según denuncian, fue captada a los 16 años por una organización coercitiva en Puerto Madryn. Además de perder el contacto con ella, enfrentan maniobras fraudulentas que los dejaron al borde de perder su departamento y una herencia embargada. Acusan a la Justicia Federal y Civil de no actuar con justicia, exigiendo soluciones urgentes.
Una familia desgarrada por la captación
El matrimonio relató a Crónica que todo comenzó cuando Marina, a los 16 años, entabló relación con una familia en Puerto Madryn que parecía amigable, pero que resultó ser una organización coercitiva. “Nuestra hija siempre fue una persona integrada a su familia, hermosa hija en todos los sentidos, con buenos hábitos, honesta, solidaria, excelente estudiante universitaria”, expresaron. Sin embargo, tras mudarse a Madryn, Marina se alejó del hogar familiar y quedó “inmersa en ese grupo”, perdiendo todo contacto con sus padres. Los denunciados, de nacionalidad dominicana y radicados en Puerto Madryn, incluyen a A.J.L.P., sus hijos S.E.D.P. y F.D.P., y la psicóloga E.S.C., a quien también denunciaron ante el Colegio de Psicólogos.
Maniobras fraudulentas y pérdida de bienes
Hernández y Champagna denuncian que los acusados operan bajo fachadas de actividades lícitas, como ventas piramidales de purificadores de agua, geriátricos, lavaderos de autos y peluquerías, para encubrir actos ilícitos. “Cubren sus actos ilícitos tras pantallas de actividades lícitas”, afirmaron. Estas maniobras incluyeron extorsiones que llevaron al matrimonio a perder su departamento y enfrentar el embargo de una herencia. “Debido a ello, como familia hemos perdido porque estamos a punto de dejar nuestro departamento de toda la vida e irnos a alquilar”, lamentaron, señalando que los responsables “están dispuestos a ir por todo” a través de procedimientos judiciales en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.
Frustración con la justicia
El matrimonio lleva seis años de litigio sin resultados favorables. En 2019, presentaron una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, y en 2023, acudieron al Juzgado Federal Nº 2 de Rawson, para recuperar a Marina. “Viajamos de manera sistemática durante dos años que fue el tiempo que duró la investigación”, explicaron. Sin embargo, se enteraron informalmente en 2025 que la causa fue archivada sin notificación oficial. “Enterándonos este año, de manera informal, que fue archivada, sin mediar comunicación escrita”, denunciaron. La investigación incluyó allanamientos y la detención de dos personas dominicanas, con pruebas como testimonios y elementos de valuación, pero los resultados fueron insuficientes.
Un llamado urgente a la acción
Hernández y Champagna insisten en que la mayoría de edad de Marina no debería ser un impedimento para investigar delitos complejos como la captación coercitiva. “El argumento de que sea mayor de edad, no es condición única para casos de delitos complejos como este”, afirmaron. Denuncian que no saben nada de su hija: “No se nos informa, ni su paradero, de qué vive, en qué condiciones de salud física y psicológica está”. Con fe en la verdad, concluyen: “Es importante visibilizar esta situación y saber que a cualquier familia le puede pasar”. Exigen que la Justicia actúe para detener el “atropello a nuestros bienes” y recuperar a Marina, advirtiendo que casos similares afectan a otras familias.
