Después de la detención de Ariel García Furfaro (49), dueño del laboratorio que vendió fentanilo contaminado, y la indagatoria de los 17 imputados, la investigación por la muerte de al menos 97 personas que recibieron ese medicamento pareció ingresar en una meseta. El juez Federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, debe resolver en estas horas si dispone la prisión preventiva de ocho acusados, entre ellos García y sus hermanos Diego y Hernán y su madre, Nélida Furfaro (con domiciliaria por la edad), o si pueden seguir el proceso en libertad.
El magistrado tiene 10 días hábiles desde que terminó la tanda de declaraciones para resolver esa situación procesal. Ese plazo vence este jueves, según trascendió. En el medio, la Justicia allanó domicilios y oficinas de directivos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) porque sospecha de falta de rigor en la función de contralor de esos entes nacionales.
Pero hay otro dato que preocupa a los familiares de las víctimas y a sus abogados: se paralizaron los estudios que realiza el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Suprema Corte de Justicia, el análisis de las historias clínicas de los pacientes que estuvieron internados en 24 centros asistenciales de 6 jurisdicciones del país. Esa evaluación es la que resultó clave para pedir la detención de García Furfaro, de directivos de las empresas farmacéuticas y de técnicos de los laboratorios. La causa tiene ocho detenidos desde el 21 de agosto.
Porque esa pericia determina el grado de vinculación entre el suministro del fármaco adulterado y el fallecimiento de los enfermos. Un primer trabajo estableció que en al menos 12 personas (de un total de 20 estudiadas) hubo un efecto “concausal” entre el fentanilo y la muerte.
“Desde hace semanas están listos para analizar otras 20 historias clínicas en el Cuerpo Médico. Pero el procedimiento está demorado porque falta información que deben evaluar los expertos”, dijo a Clarín un abogado que tiene acceso a la causa.
Según trascendió, la prueba -solicitada hace 40 días por Kreplak- está demorada porque faltan datos que deben enviar las clínicas y hospitales involucrados. “Por ejemplo, una de las historias indica que se hizo un cultivo para determinar qué bacteria lo había afectado, pero en las carpetas no aparecen los resultados”, contó la fuente consultada por este diario.
El equipo de especialistas convocado por la Corte Suprema realizó varias juntas médicas, pero no pudo avanzar en resultados por falta de información. “Hasta que no consigan todos los elementos no pueden seguir”, explicaron quienes conocen los mecanismos de la pesquisa.
El expediente que se elabora en el Juzgado Federal 3 de La Plata incorporó el primer informe del CMF. Allí los peritos consideraron que el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos encontrados en las ampollas de fentanilo HLB (lotes 31.202 y 31.244) y en los organismos de los pacientes (muchos de ellos internados en terapias intensivas) constituyó un factor agravante significativo de su condición clínica y contribuyó al desenlace fatal. A este vínculo lo denominan “nexo concausal”.
Hasta la fecha del dictamen, se identificaron 12 pacientes cuyas historias clínicas tienen nexos concausales con la muerte por el uso del fentanilo contaminado. Revisaron 20 registros médicos. Pero la causa investiga -hasta ahora- 97 muertes. Todavía faltan evaluar 77 historias de fallecidos. Y hay otros 30 pacientes que se sospecha pudieron haber agravado su cuadro por recibir este opioide en mal estado.
La Justicia analiza en total 127 casos. Y fuera de los Tribunales, las familias de estos hombres, mujeres y hasta niños, esperan conocer si resultaron afectados o murieron por el fentanilo de HLB.
Uno de los últimos procedimientos ordenados por Kreplak fue la inspección en el laboratorio Ramallo, que pertenece al grupo empresario de García Furfaro y era en que fabricaba el calmante que solo se suministra en centros de salud.
El juez ordenó al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia que revise las instalaciones de la empresa después que se mostraron pilas de remedios tirados.
“En las montañas de restos de fármacos que encontramos en la sede no había ampollas con fentanilo. Eran otros remedios como ibuprofeno, omeprazol y otras fórmulas en cápsulas de vidrio”, dijeron cerca de la investigación.
Como parte del requerimiento judicial, fiscalizadores del ministerio y fuerzas de seguridad nacionales (Prefectura y Policía Federal) realizaron un relevamiento en la planta de Laboratorios Ramallo, localizada en la ciudad de Ramallo.
Se recorrieron tanto zonas perimetrales como sectores interiores. “Observamos restos de ampollas, restos de blisters y residuos farmacológicos etiquetados como cloruro de potasio, suero fisiológico, solución glucosada, diclofenac”, describieron en el informe que recibió el magistrado.
Para las normativas provinciales esos restos se encuentran comprendidos en el Anexo I de la Ley 11720, corrientes Y2-Y3 (“Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos; Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal”).
Las autoridades provinciales intimarán a la empresa para que proceda “de manera inmediata a la correcta gestión y retiro de los residuos especiales a través de operadores habilitados y que, sin perjuicio de ello, se iniciará por cuerda separada el correspondiente procedimiento sancionatorio en el marco de la Resolución OPDS 445/18, art. 2”.
Pero ocurre que la empresa está clausurada desde hace cuatro meses. Sólo permanece personal de custodia en sus instalaciones. Y sus dueños están presos, imputados o sospechados por la causa fentanilo.
