Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) hicieron un ruidazo en contra del vaciamiento del organismo y se manifestaron frente al Congreso junto a pares del INTA, de los institutos nacionales de agricultura familiar y de semillas. Allí apoyaron a los diputados que tenían previsto tratar la derogación del DNU con el que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, vació a estos organismos.
La protesta arrancó con el ruidazo, que se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete, ubicado sobre la Avenida General Paz. Luego los trabajadores se trasladaron en micros al Congreso, para sumarse a una manifestación más amplia, convocada porque allí se trató un pedido de derogación del decreto. El temario de la sesión fue solicitado por 39 diputados de distintos bloques opositores.
“En el INTI tenemos tres tareas: la transferencia de tecnología a la industria nacional, la certificación de los productos que salen al mercado y la garantía de la calidad de las mediciones. Este DNU reduce en la práctica a todas estas funciones, nos hace perder prácticamente todas nuestras capacidades, transformando un INTI con presencia en todo el país en una oficina técnica del Ministerio de Economía”, señaló allí Giselle Santana, trabajadora del departamento de Calidad de Mediciones.
El decreto de vaciamiento fue publicado por Sturzenegger el último día que gozó de las facultades especiales que le delegó la Ley Bases. Con el argumento de combatir el “sobredimensionamiento de la estructura estatal” y lograr “una gestión pública eficaz”, el ministro viene intentando pasarle por encima con la motosierra. El método que eligió es eliminar la autonomía y autarquía del organismo, quitándole la potestad de manejar los fondos que genera por el cobro de sus servicios a la industria. Hoy el INTI tiene sus propios ingresos, que representan el 35 por ciento de su presupuesto; son fondos que reinvierte, por ejemplo, en investigación. Con la pérdida de su autarquía, ya no podría decidir en qué reinvertirlos, sino que pasarían a ser una caja más de Economía.
Por otra parte, el decreto considera prescindible al 30 por ciento de la planta de empleados del INTI: 1140 personas podrían perder sus trabajos. La entrevistada agregó, a la lista de capacidades del INTI en riesgo, la de asistir a las economías regionales, a los productores locales en todo el país. “La propia Unión Industrial Argentina salió a decir que está en contra de la implementación del DNU”, recordó Santana. “Y es que sin el INTI es muy difícil la posibilidad de exportar, de producir y de capacitar al personal de la industria. Nosotros tenemos 20 plantas pilotos en el país, que permiten probar productos antes de que salgan al mercado. Eso implicaría costos prohibitivos para el sector privado, si tuvieran que hacerlo solos”.
En este momento hay una medida cautelar dictada por la Justicia a pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado que frena la implementación del DNU. La jueza Martina Forns ordenó que la gestión libertaria se abstenga de realizar cambios en el INTI por un período de seis meses. Pero el gobierno ya anunció que va a apelar esa cautelar y que también vetará la eventual derogación del DNU si el Congreso logra los votos para concretarla.
La movilización contó con el acompañamiento de representantes de otros organismos públicos, como el INTA y Vialidad Nacional. También se sumaron colectivos universitarios, trabajadores del Hospital Garrahan, figuras del ámbito cultural y representantes gremiales.
Todos ellos llevaron al Congreso distintos reclamos vinculados a políticas de ajuste, recortes presupuestarios y amenazas a la estabilidad laboral en organismos estatales. El pedido común fue que los legisladores atiendan las consecuencias del DNU y promuevan su derogación.
