La justicia argentina atraviesa una crisis marcada por la gran cantidad de cargos vacantes, demoras en los nombramientos y tensiones políticas que afectan su funcionamiento. A través de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el jurista Ricardo Gil Lavedra advirtió que el sistema judicial no puede operar con cerca de un 40% de puestos sin cubrir, analizó los desafíos institucionales que enfrenta el Poder Judicial y, pese al panorama crítico, afirmó sobre Juan Bautista Mahiques: “Soy optimista con el nuevo ministro de Justicia”.
El abogado, jurista y político argentino Ricardo Gil Lavedra es conocido sobre todo por haber sido uno de los jueces que integraron la Cámara Federal que llevó adelante el histórico juicio a las juntas militares de la última dictadura en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Se desempeñó como ministro de Justicia de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa entre 1999 y 2000 y, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2013.
Se nos acerca el 24 de marzo, se nos vienen todos los recuerdos de los 50 años del golpe y, al mismo tiempo, todo lo que hizo Alfonsín y personas como vos en el juicio de la Junta. Pero hoy te estamos llamando por otro tema que tiene que ver con la justicia, colocada en el centro del debate político a partir del nombramiento de un nuevo ministro de Justicia, alguien muy ligado a la historia de la llamada familia judicial. Me gustaría tu opinión sobre el cambio de ministro de Justicia y cuáles son tus expectativas.
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Las expectativas, sin duda, son que se hagan realidad los anuncios. En este momento la situación de la justicia nacional y federal es crítica. No puede funcionar un sistema judicial con casi el 40% de los puestos vacantes.
Aun así, es imposible e inconcebible que durante dos años, la mitad del mandato, el presidente Milei no haya cubierto los cargos ni las vacantes. Esto ha colocado al sistema judicial en un punto muy crítico, muy agudo. Por eso la expectativa es que el nuevo ministro, que es un hombre que conoce la justicia, joven pero con experiencia, pueda comenzar a mandar al Senado los candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir estas vacantes.
Se podrían haber cubierto porque solamente requieren la mayoría simple del total del cuerpo y no los dos tercios.
Sin duda. Hay que recordar que el Consejo de la Magistratura selecciona, a través de concursos públicos, a los aspirantes a juez y elabora una terna con los mejor clasificados. Luego el Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional de elegir a cualquiera dentro de esa terna y enviarlo al Senado para recibir el acuerdo. Pero lo que ocurre es que, en esta dejadez que a mí me parece llamativa, hay concursos que están desde la época del gobierno de Macri.
Macri retiró los pliegos que había cuando se hizo cargo, mandó muchos, y cuando asumió Alberto Fernández había numerosos pliegos en consideración. Alberto Fernández los retiró, pero después casi no envió ninguno. Cuando llegó Milei volvió a retirarlos y han pasado dos años. Esperemos que a partir de ahora comiencen a llenarse esas vacantes.
Si hacemos el cálculo han pasado ocho años. Porque desde el final de Kirchner, el gobierno de Macri —perdón—, el gobierno de Alberto Fernández… estoy haciendo mal la cuenta: diez años sin nombramiento de jueces.
Sí, hay concursos que están hechos desde la época anterior a Macri y muchos durante el gobierno de Macri.
El nuevo ministro es un hombre joven pero de experiencia en la justicia. Tu visión personal de él no es negativa.
No, no es negativa, en el sentido de que me parece un hombre que tiene experiencia. Ha sido consejero de la Magistratura, funcionario del gobierno de Macri en el ministerio de Germán Garavano y ahora es el fiscal general de la ciudad desde hace bastantes años. Es decir, conoce el funcionamiento y creo que tiene fuertes vínculos con la justicia. Y la función principal del ministro de Justicia es ser un nexo entre el Poder Ejecutivo y la justicia.
Con lo cual todo nuevo nombramiento tiene que estar precedido por una dosis de esperanza.
Recuerdo escandalizado a Federico Sturzenegger cuando asumió en el Banco de la Ciudad. Cosas parecidas se escuchaban de otros presidentes del Banco Nación: que todo empleado del banco tenía derecho, cuando se jubilase, a que tomasen a uno de sus hijos en su reemplazo. Él luchaba contra esas normas que le parecían de la época feudal, podríamos decir. A priori parece lógico y razonable que no necesariamente el hijo tenga las aptitudes adecuadas para el padre. Al mismo tiempo, también parece adecuado en el caso de personas como Mahiques, que cuando jugaba de chico tenía a los amigos de su padre que eran todos jueces; su padre era juez, los amigos eran jueces y sus amiguitos eran los hijos de los amigos de su padre, es decir, personas relacionadas con el mundo judicial. Parece lógico que la proximidad pueda ayudar a despertar la vocación y a la formación a lo largo del tiempo. Obviamente no es lo mismo que ser hijo de un juez funcione como facilitador para ser juez que sea obligatorio, como en el caso de que un empleado de determinado tipo de posición en el Estado tenga el derecho automático de que su hijo ocupe esa posición. Me gustaría entonces una reflexión tuya respecto del grado de consanguinidad que hay en la justicia. ¿Cuánto tiene de bueno? ¿Cuánto tiene de malo?
Sí, me parece que hay dos aspectos que hay que distinguir. Por un lado está la vocación. Como vos decís, es muy razonable que los hijos de los jueces tengan vocación de ingresar en la justicia. Eso pasa en todas las familias en las que los chicos tienen un espejo, una referencia en sus padres, y quieren seguir su camino. Eso está muy bien, como vos señalás. Otra cosa es el tema del carácter hereditario de los cargos judiciales. Esto no puede existir. Incluso yo creo que hay que ser muy celoso en el escrutinio de los concursos, para que cualquiera pueda ingresar también a la justicia.
Nosotros, desde el Colegio Público, hemos criticado muy duramente las reglamentaciones de los concursos que les daban ventajas a los funcionarios judiciales por sobre los abogados comunes. Hemos luchado mucho. Es decir, todos los antecedentes judiciales estaban sobrevalorados en los concursos y, para que un abogado pudiera concursar por antecedentes en paridad de condiciones, tendría que haber escrito tres tratados. Y esto no puede ser. Nuestros representantes también han conseguido algunos cambios en el reglamento, que todavía a mí me parecen insuficientes. Pero es muy importante que la justicia sea abierta a todos.
Por otro lado, y esto tiene que ver con la cuestión de la familia, hay cierto espíritu corporativo que sí me parece mal. Yo creo que el Consejo de la Magistratura, una de las funciones que ha cumplido muy débilmente, son las tareas disciplinarias. Porque así como tenemos que defender ciegamente la independencia de la justicia —es estratégico en una democracia constitucional que los jueces sean independientes—, también tenemos que exigirles a los jueces que tengan un buen desempeño y una buena conducta.
En este aspecto me parece que el Consejo ha sido muy débil en materia disciplinaria. Porque ser juez no es un privilegio, es una carga. Los jueces tienen restricciones y deben comportarse de manera ejemplar, porque su tarea es muy delicada. De ellos depende nuestra propiedad. Por lo tanto, hay que defenderlos y, al mismo tiempo, también tenemos que exigirles.
Mencionaste la dificultad de los abogados frente a personas que han hecho carrera en la justicia a la hora de concursar por cargos en la justicia. Me gustaría una reflexión, con tu experiencia de haber ocupado idéntico cargo, acerca de cuándo es mejor que el ministro de Justicia venga de la propia justicia. O sea, que sea abogado y que lo que haya tenido como actuación sea actuar en la justicia, pero no la posición de impartirla. ¿Cuándo es mejor un abogado? ¿Cuándo es mejor una persona que pertenece a la justicia?
No, depende de las personas. Lo que sí creo es que, por las características de la función del Ministerio de Justicia, que es un nexo entre el Poder Ejecutivo y la justicia, es bueno que sea una persona que conozca cómo funciona el sistema judicial y conozca a sus protagonistas. Por supuesto, el ministro anterior, que era Mariano Cúneo Libarona, había sido empleado judicial y era un abogado también de larga trayectoria, o sea que también conocía de qué se trataba.
El padre de Mahiques está en el centro de la discusión por el tema de la AFA. ¿Te parece bien también prolongar la vida útil profesional de los jueces, dado que la vida se ha prolongado y la longevidad es algo cotidiano hoy en día? ¿Te parece correcto que se apruebe la prolongación de los mandatos de los jueces pasada su edad límite?
La reforma constitucional de 1994 estableció un límite para el acuerdo de los jueces. Lo fijó en los 75 años, con la posibilidad de que esto pudiera ser prorrogado cinco años más. A mí no me parece mal porque hoy en día una persona de 75 años todavía tiene muchísimo que aportar. Y, por cierto, a discreción del acuerdo político del Senado, los jueces que se sientan con fuerza, con voluntad, y que el Ejecutivo así lo entienda, yo veo bien que sigan siendo jueces, porque ya tienen una trayectoria y una experiencia que son invalorables. Ahora va a depender del acuerdo que le otorgue el Senado.
Vos sabés que yo no sé mucho del tema de fútbol, pero veo que es un asunto que recurrentemente llega a las tapas de los principales diarios de la Argentina. Siempre se acusa la relación entre funcionarios judiciales importantes y los dirigentes de la AFA. Me gustaría tu propia opinión sobre el tema: cómo los jueces deberían o no participar, por ejemplo, de tribunales éticos de la AFA o de otras organizaciones civiles.
Sí, son asociaciones civiles sin fines de lucro.
Pero, a partir del escándalo de la AFA, casi todos los jueces han renunciado a esos cargos.
Me parece bien que lo hayan hecho. Me parece bien que lo hayan hecho porque lo que no creo que esté bien es alguna suerte de favoritismos y privilegios. Lo hacen porque a todos nos gusta el fútbol, a todos nos gusta que nos inviten a los partidos o a cuestiones internacionales. Esto me parece que les dibuja un poco ese arquetipo de juez ejemplar. Me parece muy bien que hayan renunciado. Yo creo que los jueces no deberían aceptar esos cargos. Y, por otro lado, sin duda es una cuestión de gran estrépito que está en manos de los jueces. Por un lado está la AFA como institución y, por otra parte, está obviamente la eventual responsabilidad personal que pueda tener algún dirigente.
O sea, sería como una especie de dádiva, como en otros momentos también se discutía que aceptaran los jueces invitaciones de empresas para participar de simposios en el extranjero que implicaban un viaje con todo pago. ¿Creés que el juez debería rechazar cualquier tipo de situación ventajosa que pueda venir desde fuera?
Yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso en eso.
Y en ese aspecto yo creo que es muy importante, como tienen muchas provincias argentinas y como ocurre en casi todos los países del mundo, la sanción de un código de ética judicial. Un código que establezca cuáles son los deberes que tienen los jueces, cuáles son sus reglas de comportamiento, etcétera.
El Colegio de Abogados creo que había enviado una carta al Congreso expresando preocupaciones sobre la reforma laboral. Ahora nos encontramos con ella ya promulgada y con amparos que presentan distintas organizaciones sindicales. ¿Cuál es tu propia visión de cómo va a evolucionar ese tema?
A ver, nosotros mandamos una nota manifestando también nuestra preocupación por algunas normas que afectaban directamente el ejercicio de la profesión. Y, aparte, también dijimos de la necesidad de tratar de evitar, en la mayor medida posible, la judicialización de muchas de sus normas. Para lo cual había que tratar de respetar cuáles eran los parámetros constitucionales y convencionales, porque el derecho del trabajo es un derecho protector, ya que trata de corregir la natural asimetría que hay entre el empleador y el empleado. Para eso nació el derecho del trabajo. Bueno, ahora, una vez sancionada, sin duda yo creo que va a haber muchos cuestionamientos. Esperemos que se puedan resolver rápidamente.
Hay un aspecto que también nos interesa particularmente, que es la cuestión de cómo va a funcionar esa transferencia de competencias judiciales que se ha hecho de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. No es inmediata, requiere un lapso para entrar en vigencia. La ciudad tiene que crear los órganos, o mejor dicho cubrirlos. Hay que ver si estos son suficientes. Tiene que haber también otro período de aprendizaje y de capacitación. La ciudad tiene sus propias reglas de procedimiento para los conflictos individuales del trabajo. Es decir, viene una etapa en la cual hay que tratar de que este tránsito provoque los menores inconvenientes posibles, obviamente para el justiciable y para los abogados y abogadas.
Yo recuerdo todos los conflictos con el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, hoy totalmente olvidados, pero en su momento había una especie de rechazo de la Policía Federal a ser Policía de la Ciudad, con una especie de capitis diminutio, de reducción jerárquica o de estatus, hoy totalmente olvidada. Tu propia opinión: ¿debería hacerse pasar todo lo que se llaman juzgados nacionales a juzgados de la Ciudad de Buenos Aires para completar la independencia de la ciudad, al igual que equiparar a la Ciudad de Buenos Aires con las provincias, que cada una tiene su propia justicia local y no debería haber más justicia nacional?
Bueno, es un mandato constitucional. Ese mandato constitucional ha sido corroborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy en día es doctrina de la Corte que la ciudad tiene, en materia de justicia, las mismas atribuciones y potestades que el resto de las provincias. Es decir que los jueces de la ciudad pueden aplicar el derecho común. Con lo cual yo creo que, sin duda, el destino es que la justicia nacional pase a ser la justicia de la ciudad. Por eso la propia Corte ha dicho que la justicia nacional es transitoria, porque su destino final es pasar a la ciudad.
Hoy está funcionando con tres miembros. El presidente ayer me dijo que no tenía apuro en nombrar los dos miembros que faltan. ¿Cuál es tu propia evaluación respecto de cuán bien puede funcionar una Corte con solo tres miembros? De hecho, ha sacado más resoluciones el año pasado con tres miembros que con cinco.
Me parece claro que puede funcionar con tres. Está funcionando con tres y, sin duda, no ha habido inconvenientes en ese sentido. Pero, obviamente, la ley dice que tiene que tener cinco miembros y yo creo que el gobierno tiene que tratar de integrar la Corte. Es mejor que esté integrada. Cualquier otro defecto en su composición o en su integración ya sería muy delicado, porque la dejaría con dos. Con lo cual yo creo que hay que integrar la Corte.
Yo aspiro a que en esta integración no sea como la vez anterior, que pueda haber mujeres. Argentina hubiera sido el único país del mundo occidental que no tuviera mujeres en la integración de la Corte. Y también que haya, cuanto más independencia, más prestigio y más respetabilidad tengan los candidatos, más fácil va a ser encontrar el consenso.
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