En una resolución unánime, el Tribunal de Impugnación de Rio Negro revocó la condena a prisión perpetua para los únicos cuatro acusados del crimen de la joven Otoño Uriarte (16), desaparecida en 2006 y cuyo cuerpo fue hallado meses más tarde en un caso que entrecruzó impericia a la hora de investigar y sospechas por el rol de la policía.
La decisión se tomó tras analizar los recursos presentados por las defensas de los cuatro acusados, que cuestionaron la interpretación realizada por el tribunal de juicio sobre elementos centrales del caso. Es que el fallo se había sustentado en indicios surgidos de pruebas genéticas, pericias odorológicas y algunos testimonios orales, pero sin indicios firmes.
Los cuatro acusados, Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Germán Ángel Antilaf, habían sido condenados en marzo de este año, tras una reapertura del caso motorizada por la abogada Gabriela Prokopiw, que comenzó a trabajar con nuevas tecnologías en las pistas disponibles.
Cronología de un crimen impune
Otoño había nacido en General Roca el 24 de febrero de 1990 y vivió un tiempo en El Bolsón. Después del fallecimiento de su mamá, en 2003, se mudó con su papá, Roberto Uriarte, a Fernández Oro, una localidad de Río Negro que para ese entonces contaba con menos de 10 mil habitantes.
Iba siempre de su casa a la escuela, al polideportivo donde jugaba al vóley y después volvía. El 23 de octubre de 2006 almorzó con una amiga, fue a la escuela y a su entrenamiento. Alrededor de las 23:30 desapareció. Las últimas personas que la vieron indicaron que caminaba sola por una calle de esa localidad posiblemente hacia su casa.
Ese día había dejado una bicicleta en la casa de una amiga para tomar el colectivo e ir al colegio. Pero esa bicicleta no estaba y tuvo que volverse caminando por una calle de tierra y sin iluminación, en el acceso principal a la localidad. Cerca de la medianoche, su papá se preocupó al advertir que su hija no llegaba. Salió a buscarla.
El celular de Otoño estaba apagado y no había noticias de ella en el polideportivo. Su padre intentó denunciar su desaparición en la comisaría local, pero la policía, encabezada por el comisario Ives Vallejos y el subjefe Víctor Cufré, desestimó el caso. La versión oficial sostenía que Otoño se había ido por voluntad propia, a pesar de que sus pertenencias seguían en casa.
A la semana, comenzaron a realizarse rastrillajes por la zona, pero la investigación fue negligente. Frente a esto, la familia de Otoño organizó movilizaciones junto a sus profesores y amigos y solicitó que el caso fuera investigado por la policía federal.
En ese tiempo que estuvo desaparecido se insistió en la pista de una posible red de trata, se realizaron marchas y pedidos. Recién seis meses después, el cuerpo de Otoño fue encontrado sin vida en un canal. Mutilado, quedó trabado contra las esclusas entre ramas y escombros y fue reconocido por su campera negra y un collar que ella misma había hecho.
La autopsia determinó que tenía tres heridas con arma blanca y que el cuerpo había sido primero enterrado y arrojado al canal hacía alrededor de un mes. Pero los asesinos habían dejado un rastro: un nylon en las cercanías, en el que se cree que trasladaron el cuerpo, y con un rastro odorífero.
En 2008, fueron procesados, pero liberados por falta de pruebas y absueltos en 2014. La jueza cometió el error de procesarlos por encubrimiento y violación y homicidio a la vez, que en el Código Penal son dos figuras excluyentes. Durante estos años, 90 personas aportaron su testimonio y la jueza y el fiscal que encabezaron la primera investigación fueron destituidos por inoperancia.
El nuevo juicio
Los cuatro acusados quedaron involucrados en el caso por haber estado en cercanías del lugar durante la desaparición. La fiscal jefa de Roca Teresa Giufrida les atribuyó a los cuatro imputados haber seguido la tarde del 23 de octubre de 2006 a Otoño desde que salió del Polideportivo Municipal de Fernández Oro con la intención de privarla de su libertad.
Otoño Uriarte, asesinada en 2006Sostuvo que uno de los acusados se llevó la bicicleta para que la joven vuelva caminando a su casa. Que luego fue retenida y ocultada contra su voluntad. Y finalmente asesinada de una puñalada debajo de la axila. Dijo la fiscal que ninguno de los cuatro pudo dar una versión certera de dónde estuvieron ese día.
Según la fiscal, los imputados la enterraron en un lugar no determinado, para luego desenterrarla y arrojar el cuerpo sin vida en aguas del canal principal de riego.
Pero en la decisión del Tribunal de Impugnación se objetó una pericia de ADN de un cabello identificado como “pelo 17”. La fiscal había planteado que tenía 16 de 18 elementos concordantes con el perfil de uno de los acusados. Pero el Tribunal dijo que la perito genetista había planteado todo lo contrario a la hora de declarar.
El Tribunal de Impugnación también objetó la interpretación de la muestra genética tomada del nylon que envolvía el cuerpo de la víctima. Según los jueces, el fallo condenatorio atribuyó perfiles concretos a la víctima y a los acusados, pese a que el informe pericial advertía que la degradación de la muestra impedía identificaciones certeras.
En cuanto a la prueba odorológica con perros rastreadores, el tribunal señaló que carecía del rigor científico necesario debido a las condiciones extremas a las que estuvo expuesto el nylon y a la posibilidad reconocida de falsos positivos.
Por ese motivo, decidió que los cuatro imputados salgan en libertad. Antilaf, sin embargo, continuará detenido por otras condenas en otras causas.
Ante ello, el intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, expresó con un comunicado este sábado su “más enérgico rechazo y profunda indignación ante la tremenda noticia que golpea de lleno a todos los orenses”, donde vivía la adolescente asesinada.
En ese sentido, sostuvo que la decisión judicial “vuelve a poner en jaque la confianza en las instituciones” porque, remarcó, “es imposible de comprender cómo pueden existir criterios tan dispares entre jueces que analizan los mismos hechos“.
