En estas horas festivas —tanto por las carnestolendas como para el Gobierno— el bloque de Diputados del PRO amenaza con meterle presión al oficialismo durante el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. En la bancada que lidera Cristian Ritondo apuntan a dos cuestiones: que las billeteras virtuales puedan ser un vehículo alternativo para el cobro de salarios (la exclusividad la tienen hoy los bancos), y el régimen de licencias por enfermedad y accidentes que, admiten, recorta derechos de los que gozan hoy los trabajadores.
“Son dos asuntos que queremos discutir”, afirman estudiadamente en cercanías de Ritondo. “Es llamativo que durante la negociación se hayan atendido planteos de los sindicatos para sostener intereses sectoriales, pero se haya avanzado en cambios que pueden afectar directamente a los trabajadores”, lanzaron desde allí. Un dardo envenenado. “Si hubo abusos en las licencias por enfermedad, la solución no es recortar derechos de quienes realmente están enfermos. Lo mismo con el tema de las billeteras virtuales. No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario. Vamos a insistir en que exista libertad de elección y competencia real”. ¿Intereses con las billeteras virtuales? ¿O apenas un desafío a los adoradores de Murray Rothbard?
Pese a la bravata, Ritondo es en la Cámara Baja la voz de Mauricio Macri, cuyo vínculo con el Gobierno es puro desvelo. Se descuenta que la ley va a ser aprobada en Diputados. Al oficialismo le basta con obtener la mayoría simple, o 129 votos en caso de que todo el cuerpo esté presente el día del tratamiento. Si se repitieran los apoyos que logró en el Senado —PRO, UCR, gobernadores aliados—, le sobrarían votos. Pero antes el proyecto habrá de pasar por comisión.
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La muerte de la sociedad peronista
El oficialismo quiere tener dictamen este miércoles y tratar el proyecto el jueves en el recinto. Trámite exprés, con el doble objetivo de conseguir la sanción en sesiones extraordinarias, que concluyen a fin de mes, y de que el presidente Javier Milei pueda coronar su discurso de apertura del año legislativo, el 1º de marzo, presentado la reforma más profunda en las relaciones entre trabajo y capital de los últimos 50 años. Ese mensaje, simbólico, tendrá varios destinatarios, uno de ellos es Washington, de donde proviene en buena medida la sustentabilidad financiera de Milei. Mostrará ahora sustentabilidad política.
La holgada sanción de la reforma en el Senado encerraba dos misterios. Uno, la modificación, poco antes de la votación en general, del artículo 44 que reemplaza un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que en caso de un accidente o una enfermedad no derivados de la tarea laboral, el trabajador tendrá derecho a cobrar el 50% de su salario durante tres meses si tuviera personas a cargo, o por seis meses si no. Si la incapacidad “no fuera producto de una acción voluntaria y consciente del trabajador”, dice el artículo, podrá cobrar el 75% de su sueldo.
La otra incógnita es si los senadores leyeron este apartado antes de ser aprobado en la votación en particular. Patricia Bullrich, jefa del bloque, debió hacer contorsiones para explicar quién era responsable de esta iniciativa —de la que el Poder Ejecutivo y sus negociadores tomaron distancia, como coinciden las crónicas—, y por qué razón se la aprobó.
Bullrich despejó el primero de los misterios. En una entrevista el domingo, defendió el espíritu de artículo, cargó contra las “mafias” que, dijo, se favorecen de las licencias y aseguró que se buscará cómo corregir la quita en el haber en casos de “corroboración concreta y fehaciente” de una enfermedad grave. “Sobre enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, vamos a dejar un 100%”. Apenas una atenuación.
Sin embargo Bullrich descartó modificar la ley —que de ser enmendada en Diputados debería regresar al Senado y alteraría el cronograma de Milei— y dijo que se evalúan alternativas: la aprobación de una ley complementaria, de un único artículo, aclaratoria de la cuestión de las licencias por enfermedad, o bien, un ajuste en la reglamentación de la ley por el Poder Ejecutivo.
En Diputados, el PRO anticipa que propondrá cambios en el artículo 35 del proyecto, que modifica otro apartado de la Ley de Contrato de Trabajo, de modo que contemple “expresamente” a la billeteras virtuales en el pago de salarios, además de las modificaciones en el mencionado artículo 44 sobre las licencias por enfermedad. Sostiene que lo que corresponde es que las modificaciones se instrumenten en el mismo proyecto de ley.
“Lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión. La ley debe salir del Congreso lo más clara posible, sin grises y sin dejar cuestiones centrales libradas a la reglamentación”, dicen allí.
Que se sepa, el ministro Federico Sturzenegger fue el único funcionario que defendió sin atenuantes el contenido de la ley en lo referido a licencias por enfermedad. “Si te lastimaste jugando al fútbol, en algo en lo que tomaste una acción activa, ahí va el 50%”, de quita en el salario, ilustró en una entrevista. Viéndolo bien, no es muy diferente de lo que propone Bullrich. Pero a Sturzenegger hace tiempo lo domina cierta noción de inmunidad, como si le hubiera sido dada algún tipo de indulgencia.
Este fin de semana se supo que la Cancillería adjudicó por contrato directo a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la capacitación en inglés de más de un centenar de diplomáticos y empleados del ministerio, durante nueve meses, por 114 millones de pesos. La asociación es dirigida al menos desde 2020 por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Todo está en orden, claman en la Cancillería. Pero a Sturzenegger le cabe como a pocos el proverbio atribuido a Julio César: ser y parecer.
Otro que habla a corazón abierto es el ministro de Economía, Luis Caputo. Dueño de su propio refranero, Caputo se mostró en estos días sorprendido ante la falta de celebración en el sector empresarial por la media sanción de la ley laboral, al que identifica por si no se sabía como principal beneficiario de la reforma. “Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Es casi lo más importante de la ley. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!”, posteó el ministro en X.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de noviembre publicados días atrás por Clarín, en los primeros 11 meses de 2025 se perdieron más de 9700 empresas. Los cierres superan los 21.900 si se compara con las que había en noviembre de 2023. Lo dicho por el ministro: ninguna cámara tiene nada para festejar.
ML
