Abogada, constructora, asesora financiera, vendedora de autos, agente, auditora. Alejandra Cristina Coffi adoptó distintas identidades profesionales según la víctima y el momento. El denominador común, según las denuncias acumuladas en la Justicia de Córdoba, siempre fue el mismo: ganar confianza, tomar control de bienes o fondos y desaparecer.
Hoy acumula una treintena de causas iniciadas en al menos una decena de fiscalías de la provincia. Ninguna avanza con la velocidad que sus denunciantes esperan. Y Coffi, según pudo reconstruir este medio, sigue viviendo en un country y -hasta hace pocas semanas- concurriendo a su oficina en un lujoso edificio de avenida Irigoyen, en pleno barrio Nueva Córdoba.
Un patrón que se repite desde 2019
Las denuncias en su contra comenzaron a registrarse en 2019 y no se detuvieron. En cada caso, el modus operandi presenta similitudes: Coffi se acerca a personas o empresas en situación de conflicto o necesidad, ofrece soluciones, genera vínculos de confianza y, según los expedientes, termina apropiándose de recursos.
Ella misma se presenta en sus redes sociales como “alquimista, resiliente, sabia, atractiva, rápida”, entre otros atributos. Una construcción de imagen que, según las víctimas, forma parte del mecanismo de captación.
A fines del año pasado, un video se viralizó en varias provincias: se la veía escoltada por la policía fuera de una distribuidora de zona sur de la ciudad de Córdoba, mientras un grupo de personas festejaba su detención. Fue retenida y conducida a la unidad judicial del barrio. A los pocos minutos quedó en libertad.
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La distribuidora: cómo operó desde adentro
Ese episodio tuvo origen en una denuncia presentada por uno de los socios de la empresa familiar, radicada a pocas cuadras del Arco de Córdoba. La acusación apunta a estafas y falsos conocimientos administrativos y financieros.
Según la presentación judicial, desde noviembre del año pasado Coffi comenzó a ganar confianza dentro de la distribuidora y asumió el control operativo con acceso a información interna. Desde una oficina en el primer piso administró documentación contable, vínculos comerciales y decisiones estratégicas del negocio.
El punto de inflexión fue cuando logró que uno de los dueños le otorgara un poder administrativo en la escribanía Balbo. Con ese instrumento, accedió a las cuentas y fondos de la empresa, tomó decisiones de forma unilateral y, de acuerdo con investigadores del caso, desvió recursos hacia un negocio paralelo: un bar.
El caso Suez y las denuncias cruzadas
La causa de mayor repercusión por los nombres involucrados la vincula al empresario inmobiliario Víctor Roberto Suez y su esposa Laura. Según fuentes del expediente, Coffi actuó inicialmente como intermediaria con la misión de negociar con personas damnificadas por emprendimientos de Suez y contener el conflicto penal.
La alianza se quebró cuando ambas partes cruzaron denuncias. Suez y su esposa la acusaron de presuntas maniobras fraudulentas durante la intermediación. Entre los hechos denunciados figura la supuesta falsificación de cheques a nombre del empresario: una pericia caligráfica determinó que las firmas no le pertenecían, aunque tampoco fueron atribuidas directamente a Coffi; sin embargo, fue ella quien se presentó a cobrarlos. Los denunciantes también sostienen que se habría apropiado de un departamento en el marco de esas gestiones.
El nudo judicial: competencia sin resolver
El principal obstáculo para que la Justicia avance es estructural. Prácticamente ninguna fiscalía cuenta con los recursos humanos o técnicos para absorber la totalidad de las causas. Las investigaciones permanecen dispersas en distintas dependencias, estancadas en la Cámara de Acusación a la espera de que se resuelva un conflicto de competencia territorial y técnica.
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Desde el entorno de los denunciantes se pide que el fiscal general intervenga y unifique todas las actuaciones en una investigación de Delitos Complejos, que permita analizar el patrón de conducta en su conjunto en lugar de tratar cada caso de forma aislada.
Mientras ese debate sigue abierto, las causas no avanzan y Coffi mantiene su rutina sin restricciones judiciales. Para sus víctimas, la dispersión de expedientes no es un dato menor: es, en sí misma, parte del problema.
