Cientos de personas se reunieron en el Parque del Indio, en Condado, para dar inicio a la 35ta edición de la Marcha del Orgullo en San Juan. El aire olía a bloqueador solar y sonaba un house remix de I Will Survive, de Gloria Gaynor. Drag queens se preparaban con maletas de vestuario y maquillaje. En la acera, niños en patinetas, perros con bandanas arcoíris y jóvenes con gafas en forma de corazón esperaban bajo un sol que ardía. Algunas camisetas proclamaban: “Existimos, resistimos”. Abanicos y banderas llevaban otras palabras: “libre”, “iconic”, “no sudo, brillo”, “orgullo”.
“Buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos y no nos vamos”, se escuchó desde el micrófono de Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+, cuando la caravana comenzó a moverse.
Aunque una porción significativa de la población puertorriqueña se identifica como gay, lesbiana o bisexual, el orgullo convive con el estigma, la violencia y una religiosidad profundamente arraigada. Esa tensión se refleja en medidas como la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa, que permite negar servicios esenciales—incluida atención médica—a personas LGBTQ+ por razones religiosas.
Para muchas, el impacto ya se vive en lo cotidiano: nuevas barreras en espacios donde antes se buscaba protección.
Para el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, la libertad religiosa ya está protegida por la Constitución —específicamente en la Sección 3 del Artículo II de la Carta de Derechos— y no requiere legislación adicional. “En las vistas públicas se le preguntaba al PNP [Partido Nuevo Progresista], que sostiene la mayoría legislativa, por instancias de discrimen religioso. Nos decían que no había estadísticas porque, ciertamente, eso no ocurre”, señala Pedro Julio Serrano.
Aunque la ley “da permiso para discriminar”, dice, la Federación, junto a la Comisión de Derechos Civiles, ya está recopilando datos preliminares para documentar posibles violaciones. “Se preparará un informe con esas instancias para que el país entienda el alcance peligroso de esta medida”, añade.
Desde la Comisión de Derechos Civiles (CDC), su director ejecutivo, Ever Padilla, confirma esta colaboración y subraya que ya han documentado múltiples querellas, especialmente de personas trans a quienes se les ha denegado servicios o documentos oficiales. Padilla advierte que ninguna agencia pública debe promover o auspiciar actos de carácter religioso, pues hacerlo viola las garantías constitucionales tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos.
Ecos de lo que sucede en EE UU
Estas advertencias no son aisladas. Se inscriben en un giro ideológico que también se observa en Estados Unidos —del que Puerto Rico es un Estado libre asociado—, donde nuevas leyes invocan la “libertad religiosa” para limitar derechos de la comunidad LGBTQ+.
Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, legislaciones recientes han reforzado restricciones hacia la comunidad LGBTQ+, especialmente hacia personas trans. En ambos contextos, se apela a la “libertad religiosa” y la protección de menores para justificar medidas que limitan el acceso a servicios esenciales y el reconocimiento de identidades de género diversas.
En la isla, este giro se concretó cuando la gobernadora Jenniffer González promulgó la Ley de Libertad Religiosa, respaldada por legisladores del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad, una medida que fue criticada por su potencial efecto discriminatorio. La mandataria la justificó como parte de su compromiso de “promover la libertad religiosa como un derecho inalienable del ser humano”.
Kari Claudio, persona no binaria que dirige La Tejedora —un colectivo juvenil que impulsa la participación cívica— advierte sobre los riesgos. “Vemos la Ley 14 como un peligro esencial. Si el único doctor en turno es homofóbico o transfóbico, podría negarnos el servicio. Y, en ese contexto, podríamos estar ante una situación de vida o muerte”.
En Estados Unidos, medidas similares han reforzado un clima hostil. Este panorama compartido ha encendido alertas entre las nuevas generaciones, que ven en estas leyes no solo una amenaza, sino un llamado a la resistencia.
Educación, apoyo y lucha legal
Frente al retroceso de derechos, las juventudes queer en Puerto Rico no solo resisten: también se organizan. En medio de una implementación ambigua de la Ley 14-2025, organizaciones como Amnistía Internacional han apostado por la formación, el acompañamiento y la acción directa.
“Mi prioridad número uno es defender los derechos de las juventudes trans y no binarias”, afirma Iván López, coordinador del Proyecto Diversxs. “Es una comunidad que está siendo singularizada, como si fuera la causante de los problemas políticos del país”.
Uno de los mayores vacíos es la falta de claridad sobre cómo aplicar el “acomodo razonable” que exige la ley cuando un empleado público alega conflicto religioso. “No se supone que se niegue un servicio, sino que se canalice por otro personal. Pero muchas agencias no tienen ese personal disponible”, explica López. Por su parte, Liza Gallardo, directora de Amnistía, advierte: “Nos preocupan los servicios de emergencia. Si en una sala hay un solo médico en turno y decide ampararse en la ley, ¿quién garantiza la atención?”
A principios de junio, el Tribunal Federal reconoció el derecho de las personas no binarias a que sus certificados de nacimiento reflejen su identidad de género. Aunque la sentencia marcó un avance, la implementación aún está pendiente. “Estamos esperando que el Departamento de Salud emita los formularios”, señala Gallardo. “La lucha no se detiene”.
Desde la Federación LGBTQ+, también se trabaja para informar a la comunidad sobre sus derechos. “Muchas personas ni siquiera saben que esta ley fue aprobada. Y al buscar un servicio, podrían estar desprotegidas”, dice Olga Chapman, directora de comunicaciones. Por eso han creado módulos educativos y planean lanzar una página web con recursos y un espacio para reportar casos de discrimen.
La dimensión educativa no se limita a lo legal. También plantea preguntas sobre cómo se interpreta la fe. “Si tu religión te impide atender a alguien en necesidad, desde la fe cristiana eso es una contradicción”, afirma Agustina Luvis, teóloga, asesora de la Federación y catedrática del Seminario Evangélico de Puerto Rico. “Tu religión no debe tener repercusiones sobre la vida de toda la sociedad”.
De vuelta al Parque del Tercer Milenio, cerca del Capitolio, ondeaban banderas del orgullo mientras suena Bidi Bidi Bom Bom, de Selena Quintanilla. “Es un símbolo de resistencia y de celebrar la autenticidad”, dice Ana Rullán, de 24 años.
Camila Torres, de 21 años, participaba por primera vez. “Estoy tratando de gozar lo más posible sin pensar en lo negativo que ha estado pasando últimamente”. Mientras los abanicos siguen marcando el ritmo y el sol se tapa con las nubes, una consigna toma fuerza como un latido colectivo: “¡No nos pararán!”
