Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la puesta en marcha de una denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, pensada para refutar lo que define como “operaciones de los medios”, la senadora Patricia Bullrich precisó que no se tratará de una estructura nueva ni autónoma, sino de un dispositivo integrado por funcionarios ya existentes dentro del Poder Ejecutivo y sin asignación presupuestaria específica.
En ese contexto, también fue consultada sobre eventuales similitudes entre la flamante iniciativa y NODIO —el “Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales” impulsado por el kirchnerismo en octubre de 2020—, frente a lo cual exhibió una reacción llamativa.
Ante la consulta en LN+ sobre la semejanza con NODIO —entidad que funcionó bajo la órbita de la Defensoría del Público con la misión de monitorear y “desarticular” presuntas noticias falsas—, Bullrich respondió de manera escueta: “No me acuerdo cuál era”.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
“Sí me acuerdo del Defensor del Público, que eso sí era una barbaridad porque defendía la ideología kirchnerista”, agregó a continuación.
“Si usted tiene una determinada información que dice que hubo un tiroteo en el que un policía le tiró por la espalda -a una persona y la mató adrede, pero resulta que es mentira, esta oficina va a intervenir y así se podrá evitar que sea juzgado bajo homicidio agravado”, ilustró la exministra de Seguridad sobre la nueva “Oficina de Respuesta Oficial”.
A continuación, el periodista Luis Majul planteó que, en un escenario de esas características, un magistrado no se guiaría por una noticia falsa. Ante esa observación, Bullrich respondió: “Estas cosas salen todo el tiempo. Es una respuesta objetiva, sin nombres”.
Luego, la senadora detalló que el accionar de la oficina se activará exclusivamente ante “informaciones falsas” y no frente a opiniones o valoraciones. “Si usted me dice que no le gusta cómo hago mi trabajo, me la tengo que bancar, esa es la libertad. Ahora, si alguien dice que yo pegué una cachetada en cámara y nadie lo vio, el organismo saldrá a decir que no fue así”, sostuvo.
En la misma línea, añadió: “También hay un tema que el periodismo hoy sufre: la velocidad con la que tiene que trabajar para sacar la noticia antes que otro y la competencia. Eso genera, muchas veces, salir rápido con algo que ni siquiera fue chequeado. Algunas veces con cosas complicadas. Además se puede corregir al mismo Gobierno”.
Más adelante, al ser interrogada sobre si la “Oficina de Respuesta Oficial” contará con presupuesto propio o personal designado, Bullrich reiteró que estará conformada por funcionarios que ya cumplen funciones en la administración nacional. “La creamos porque es una manera de que las respuestas no sean en tono personal y no tengan nombre, ni siquiera del Presidente, y que sean objetivas”, explicó.
Quiénes manejarán la “Oficina de Respuesta Oficial”
La “Oficina de Respuesta Oficial” dependerá del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anteriormente había encabezado un ciclo de streaming crítico del periodismo, titulado “Fake-7-8”, durante su etapa como vocero presidencial.
El anuncio se produjo en momentos en que el Ejecutivo atravesaba una ola de cuestionamientos por la postergación del nuevo índice de inflación, situación que derivó en la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC.
En ese marco, el asesor presidencial Santiago Caputo comunicó la creación del organismo —que, hasta ahora, funciona únicamente como una cuenta en la red social X— con el objetivo de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
Por qué y para qué una Oficina de Respuesta Oficial
La implementación de esta estructura destinada a “combatir la desinformación”, que será conducida por el funcionario y tuitero Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe”, tomó por sorpresa a varios referentes de LLA.
Incomodidad entre aliados de La Libertad Avanza y el antecedente de NODIO
Mientras el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno expresaron respaldo a la iniciativa, otros dirigentes del oficialismo y aliados legislativos optaron por no pronunciarse públicamente.
Es claro que la “Oficina de Respuesta Oficial” generó incomodidad entre aliados clave del oficialismo e incluso entre dirigentes del PRO o exreferentes macristas que hoy integran La Libertad Avanza (LLA) por la similitud con el “Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales” (NODIO).
Por eso, el silencio actual contrasta con las duras críticas que muchos de esos espacios habían formulado durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se lanzó NODIO, organismo que dependía de la Defensoría del Público y que tenía como finalidad monitorear y “desarticular” presuntas noticias falsas.
En aquel entonces, figuras como Diego Santilli —actual ministro del Interior—, Cristian Ritondo —jefe del bloque PRO en Diputados— y Silvana Giudici —hoy legisladora de LLA— habían advertido sobre los riesgos que ese observatorio implicaba para la libertad de prensa y de opinión en medios y redes sociales.
Giudici fue una de las voces más críticas. Desde la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) y como extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), sostuvo que era “peligroso para la libertad de prensa y expresión que el Estado asuma el rol de verificador de las noticias”.
En una serie de publicaciones en redes sociales, Giudici había caracterizado a NODIO como “un primer paso hacia el Ministerio de la Verdad”, en alusión a la novela “1984” de George Orwell.
“Este gobierno tiene un cepo para todo, también para controlar a la prensa. El poder de turno no debe decidir qué información llega a los ciudadanos”, había afirmado Ritondo hace cinco años. En la misma etapa, Santilli aseguró que NODIO causaba “mucho daño a la libertad de expresión”.
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El radical Luis Petri, hoy diputado nacional de LLA y exministro de Defensa, también había advertido en 2020 que “NODIO” representaba “un avance sobre la libertad de expresión”. “Saben que sin prensa libre la democracia se transforma en una fachada”, afirmó en aquel momento.
El exdiputado Fernando Iglesias —actualmente designado embajador en Bélgica— y el legislador porteño Waldo Wolff (PRO) presentaron una denuncia contra la entonces titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, al considerar que dicho organismo se trataba de una “comisaría del pensamiento”. Además, advirtieron sobre “el posible avasallamiento sobre la libertad de expresión y libertad de prensa” y la vulneración de derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos”.
En esa oportunidad, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también cuestionó la puesta en marcha del observatorio y señaló que implicaba un “riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en el país”. “Pedimos una audiencia con las autoridades de la Defensoría para poder escuchar de primera mano las características de la iniciativa y expresar con franqueza nuestras opiniones al respecto”, indicó la entidad.
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Reacciones de la oposición y el periodismo
Quien sí se expresó ahora fue la legisladora porteña del PRO Laura Alonso. Desde su cuenta personal en X, la exvocera de Jorge Macri sostuvo: “La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en “fabricar la verdad”. No hay excusas”.
Además, remarcó que “los protagonistas de la vida pública” están “sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones”. Luego señaló que “es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”, aunque aclaró que no corresponde utilizar el aparato estatal para “imponer la ‘verdad oficial’”. Y concluyó: “Esperemos que esta “oficina” se agote en un olvidable mensaje de X”.
La diputada nacional Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) también cuestionó la iniciativa y respondió a Caputo y a lo que definió como sus milicias digitales. Les recordó que la ley de acceso a la información pública se sancionó en 2016, durante la gestión de Cambiemos, “después de 12 años de resistencia kirchnerista”.
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“Así que pónganse a laburar y respondan los pedidos de acceso de forma clara, completa y oportuna. Y laburen bien. Responden cualquier cosa y eso lo controla la Justicia. Ya saben”, afirmó.
Desde la Coalición Cívica (CC), espacio liderado por Elisa Carrió, también cuestionaron la creación de la oficina. “No puede disociarse de la embestida contra el periodismo independiente. En la misma línea la propuesta de derogación del estatuto. No hay piezas sueltas”, sostuvo la diputada nacional Mónica Frade, integrante de la comisión de libertad de expresión de la Cámara baja.
Dicha comisión está presidida por la salteña Emilia Orozco (LLA), a quien sectores opositores acusan de haber mantenido paralizada su actividad.
“Se avecinan tiempos turbulentos. Necesitan represión y nada de cobertura periodística”, concluyó Frade, al recordar que el decreto 941, firmado por Milei y su gabinete antes de fin de año, amplió las atribuciones de la SIDE.
También la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial y alertó sobre una posible “dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”. “Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, subrayó.
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