El conflicto docente en Corrientes sumó un nuevo capítulo de alta tensión legal. La Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia, bajo la conducción de Juan Rajoy, notificó formalmente a los sindicatos que la educación fue ratificada como un servicio esencial, lo que limita el alcance del paro convocado para este viernes 20 de marzo.
Conflicto docente: habrá paro total y movilizaciones en toda la provincia de Corrientes
Basándose en la Ley Nº 27.802 (Ley de Modernización Laboral), el Gobierno provincial determinó que los gremios deben garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación normal del servicio, según consta en el documento al que accedió Perfil.
Esta normativa busca un equilibrio entre el derecho constitucional a la huelga y el derecho de los niños y adolescentes a recibir educación sin interrupciones totales.
Niveles afectados y alcance de la medida
La disposición oficial es taxativa y abarca prácticamente a todo el sistema educativo obligatorio y de contención. La obligación de mantener el 75% de operatividad rige para:
Desde el área laboral explicaron que la medida de fuerza comunicada por SUTECO y los demás gremios debe ejercerse de manera “razonable”, evitando que la acción directa genere una “afectación desproporcionada” a los estudiantes correntinos.
Advertencia por sanciones e ilegalidad
El documento enviado a las organizaciones sindicales no solo fija el porcentaje de asistencia, sino que funciona como una advertencia legal severa.
El incumplimiento de estas prestaciones mínimas podría acarrear sanciones previstas en las leyes de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Pacto Federal del Trabajo (25.212).
Lo más crítico para los gremios es la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo solicite la declaración de ilegalidad del paro. De concretarse esto, la provincia quedaría facultada para aplicar descuentos por los días no trabajados e incluso avanzar con sanciones administrativas sobre los agentes que no se presenten a cumplir con el esquema de emergencia del 75%.
La notificación ya fue recibida por las cúpulas sindicales, quienes ahora deberán definir si acatan la restricción o mantienen la convocatoria al “paro total” originalmente anunciado.
