PAMI analiza saldar su deuda con un bono que emita el gobierno nacional y así ponerse al día con clínicas, sanatorios y médicos de todo el país. La medida, que aún no tiene confirmación oficial, se discutió en una reunión que el titular del organismo, Esteban Leguizamo, mantuvo el jueves con representantes de todas las cámaras del sector privado de salud.
En paralelo, el organismo avanza en la reducción de las cápitas que perciben los médicos de cabecera, una decisión que ya genera alarma entre los prestadores.
En Córdoba, más de 60 clínicas y centros de salud aguardan el cobro de prestaciones realizadas hace 90 días. La deuda acumulada compromete la operación diaria de las instituciones y la continuidad de la atención a los cerca de 430 mil afiliados que tiene PAMI en la provincia.
El bono: una salida sin definición
El Gobierno nacional evalúa la emisión de un bono para resolver el pasivo con los prestadores, pero los detalles siguen sin precisarse. No está claro si el instrumento cubriría la deuda total acumulada, si alcanzaría solo a diciembre o si incluiría también enero.
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Ignacio Scuti, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Córdoba (ACLISA), que participó de la reunión en Buenos Aires, fue preciso sobre el estado de la negociación: “Nos dijeron que iba a haber una reunión entre los ministros de Salud y de Economía, que iban a intentar dar una respuesta antes del fin de semana a todas las inquietudes que se plantearon”.
La cadena de pagos tiene varios eslabones. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, mantendría una deuda con el Ministerio de Salud estimada en torno a los mil millones de dólares por prestaciones no saldadas. Esos fondos deberían transferirse a Salud, luego a PAMI y finalmente a los prestadores privados.
Cápitas reducidas a la mitad
En simultáneo, PAMI avanza en una reestructuración del modelo de pago a los médicos de cabecera. La cápita —el monto fijo que percibe cada profesional por afiliado a cargo— se fijaría en $2.100 por paciente, frente a los más de $3.200 que cobraban hasta ahora.
El delegado gremial Horacio Martínez describió el impacto con precisión: un médico con 800 cápitas pasaría de cobrar alrededor de $2.600.000 a poco más de $1.600.000. “En lugar de aumentar la cápita, la redujeron. Entonces, en lugar de atender a 20 afiliados por día, atenderán la mitad”, señaló en Canal 10.
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A ese recorte se suman valores adicionales considerados insuficientes por el sector: $40 para consultas a domicilio y $26 para atención a afiliados de tránsito. “Los importes son tan indignos que dan gracia”, declaró Martínez.
La consecuencia proyectada es directa: si los médicos reducen su carga de afiliados, la capacidad de atención del sistema cae de manera proporcional.
El mecanismo que agrava el problema
El hueco financiero no se explica solo por el atraso en los pagos. A partir de diciembre, PAMI comenzó a dividir en dos cuotas el pago mensual de las facturas de las clínicas, y esas cuotas se fueron estirando en los plazos. El efecto fue inmediato: los prestadores adelantan los servicios pero cobran tarde y en partes, convirtiéndose en financiadores involuntarios del sistema.
“El prestador se convierte en financiador y la realidad es que el aporte de todas las personas se hace a los financiadores, que son los que deben soportar el pago de las prestaciones”, explicó Scuti. “Y cuando quien debe dar la prestación termina financiando, eso le pasa a todo el sistema sanitario: a los médicos, a las clínicas, a todos“.
A ese esquema se le suman aranceles desactualizados y la reducción de cupos de atención autorizados en las clínicas, dos variables que comprimen aún más el margen operativo de los prestadores.
Del libre prestador al sistema capitado
Detrás del conflicto coyuntural existe un cambio estructural en curso. PAMI está virando desde un modelo de libre elección de prestador hacia un esquema capitado, en el que cada institución recibe un monto fijo por afiliado a cargo, sin importar la cantidad de prácticas efectivamente realizadas.
Para los prestadores, el nuevo esquema impone un techo a la cantidad de prestaciones autorizadas. Para los afiliados —jubilados que, por su condición biológica, utilizan el sistema de salud de manera casi universal—, se traduce en mayor dificultad para acceder a estudios, consultas e internaciones.
“Necesitamos previsión, claridad y certidumbre, no incertidumbre permanente”, resumió Scuti.
