El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó una “prueba de vida” del comandante sandinista Bayardo Arce, 105 días después de que su familia lo viera por última vez en la cárcel La Modelo, denunciada como centro de tortura. El otrora asesor económico presidencial y uno de los hombres más cercanos a Ortega fue recluido en medio de una purga interna ordenada por la copresidenta de Nicaragua. El Ministerio del Interior divulgó una serie de fotografías en las que se observa a un Arce demacrado y con una notable pérdida de peso.
De esta manera, el Ejecutivo respondió al emplazamiento público de los hijos de Arce, quienes desde enero pasado denunciaron por primera vez ante EL PAÍS que “temían por su vida”. Arrestado la madrugada del 30 de julio, el considerado artífice de los negocios sandinistas y de la relación corporativista entre Ortega y el gran capital pasó varios meses en condición de desaparición forzada, según la denuncia de sus familiares. No fue sino hasta finales de 2025 que su familia pudo visitarlo tras la detención; en aquel encuentro lo hallaron con secuelas físicas y psicológicas derivadas del aislamiento y la falta de medicación adecuada para un hombre de 77 años.
Las autoridades penitenciarias autorizaron la última visita familiar el 7 de diciembre de 2025. Desde entonces, Arce volvió desaparecer, sumiendo a sus parientes en la zozobra ante los rumores sobre el empeoramiento de su salud y el limbo jurídico del caso. Fue tres días después de la primera denuncia en este diario cuando el régimen informó que el exasesor había sido condenado por supuestos delitos de “corrupción, defraudación fiscal y lavado de dinero”.
Hace unas semanas, la familia recibió reportes sobre un presunto traslado de Arce a un hospital. Ante el silencio oficial, sus hijos exigieron una prueba de vida y detallaron el pasado 18 de marzo al medio Divergentes que el detenido sufrió torturas en La Modelo, incluyendo la inmovilización durante dos semanas con grilletes en manos, caderas y pies. Menos de 48 horas después de dicha publicación, el Ministerio del Interior difundió las imágenes de Arce recibiendo la visita de su hermano, Gerardo Arce.
Las fotografías fueron acompañadas por un comunicado que calificó de “malintencionadas” las declaraciones de los hijos del excomandante. “Cualquier otra idea o publicación responde a la intención evidente e irresponsable de descalificar y desprestigiar al Sistema Penitenciario Nacional”, reza el documento difundido por el aparato de propaganda oficial.
Fuentes sandinistas sostienen que Arce “cayó en desgracia” debido a su histórica pugna con Rosario Murillo, quien lo consideraba un obstáculo para su proyecto de sucesión dinástica. El exasesor era el último integrante de la “vieja guardia” que se mantenía leal a Ortega, aunque en los últimos años fue apartado del círculo de confianza por sus críticas a una deriva que consideraba “igual o peor que la de los Somoza”. Arce conservó su cargo de forma ornamental mientras se concentraba en sus negocios privados, hasta que finalmente fue capturado.
Más desaparecidos
La exhibición de Arce ocurre en un contexto similar al del exdiputado de Yatama y líder indígena Brooklyn Rivera, cuyo paradero y estado de salud se desconocen desde su detención en septiembre de 2023. Pese a los rumores sobre una posible hospitalización delicada, su hija, Tininiska Rivera —exiliada tras la captura de su padre—, no ha podido corroborar dicha información.
Tininiska Rivera denunció que, desde 2023, la justicia nicaragüense ha rechazado tres recursos de exhibición personal bajo el argumento de que “no cumplen con los requisitos”. “Un recurso de exhibición personal es algo simple. No nos han dado ninguna garantía; ni nos han llamado para saber qué medicación toma o si ha recibido atención médica. No sabemos si está vivo, en una morgue o grave en un hospital”, insistió Rivera en un foro realizado este lunes en Valencia, España.
Por su parte, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas advirtió que Rivera suma más de 900 días en desaparición forzada sin que exista una prueba de vida. “Es un adulto mayor, lo que agrava el riesgo tras más de dos años en condiciones desconocidas”, cuestionó el organismo, señalando que al menos otros nueve presos políticos enfrentan una situación de incertidumbre similar.
Finalmente, el pasado 16 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó que el régimen de Ortega y Murillo “sigue manteniendo detenidas a personas de edad avanzada y con problemas de salud, como Brooklyn Rivera”, mientras que la organización Human Rights Foundation (HRF) urgió a su liberación inmediata para garantizar su integridad física.
