Cuatro provincias de Ecuador amanecieron este 16 de marzo bajo un toque de queda que regirá durante 15 días. La medida, que restringe la circulación entre las 23.00 y las 5.00, la ordenó el presidente, Daniel Noboa, como parte de una nueva ofensiva del Gobierno contra el crimen organizado.
La restricción rige en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, provincias costeñas que concentran 6,5 millones de habitantes, un 35% de la población y más de la mitad de los homicidios del país. En esos territorios se desplegaron 75.000 militares para ejecutar una nueva fase del plan de seguridad del Ejecutivo, cuyos detalles no han sido revelados. En las primeras horas de la medida, las autoridades reportaron 253 detenidos, aunque todavía no se ha precisado cuántos fueron arrestados por incumplir el toque de queda y cuántos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El ministro del Interior, John Reimberg, anticipó que se trata de operativos de gran escala. “Quédense en las casas, no queremos víctimas colaterales”, advirtió en vísperas del inicio del toque de queda. Según el funcionario, las fuerzas de seguridad podrán cerrar temporalmente zonas específicas mientras se ejecutan las intervenciones. “Hemos dado instrucciones directas a la fuerza pública para que actúe con el uso progresivo de la fuerza contra los grupos criminales y sus economías”, declaró.
Reimberg también reiteró que el Gobierno no tolerará incumplimientos. “No queremos toparnos con personas que estén desafiando el toque de queda”, insistió. La Fiscalía, añadió, estará activa para procesar a quienes violen la restricción, un delito que puede acarrear penas de entre uno y tres años de prisión.
Aunque no es la primera vez que provincias de la costa ecuatoriana quedan bajo toque de queda, las condiciones actuales son más restrictivas que en ocasiones anteriores. Las autoridades no han emitido salvoconductos para empleados de los medios de comunicación ni para trabajadores de industrias que operan de noche, lo que ha despertado inquietud en varios gremios por la opacidad y el posible impacto económico de las intervenciones que se han anunciado.
El Gobierno sostiene que esta ofensiva contará con el respaldo de su principal aliado en materia de seguridad, Estados Unidos. La relación entre ambos países se ha estrechado desde la llegada de Noboa al poder. Una muestra de ese acercamiento fue la firma de un acuerdo para instalar una oficina del Federal Bureau of Investigation, FBI, en Quito.
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad que se ha agravado con rapidez en los últimos cinco años. La expansión de las redes del narcotráfico —que utilizan los puertos del país como plataforma para enviar droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa— ha impulsado una espiral de violencia que ni la militarización de las calles ha logrado contener.
El año 2025 fue el más violento del que se tenga registro en Ecuador: se contabilizaron 9.216 homicidios.
Ecuador bajo escrutinio internacional
El estado de excepción se ha convertido en una herramienta recurrente del Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad. Desde que Noboa llegó al poder, ha firmado 17 decretos de este tipo. En provincias como Guayas, Los Ríos y El Oro, los ciudadanos han pasado más del 80% de los últimos dos años bajo algún régimen excepcional, según un análisis del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos.
Ese fue uno de los puntos que despertó preocupación entre los comisionados del Comité de Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada durante una sesión celebrada el 11 y 12 de marzo en Ginebra. Ecuador compareció ante el organismo en medio de denuncias por la desaparición de al menos 34 personas presuntamente detenidas por patrullas militares entre 2024 y 2025.
La audiencia buscaba evaluar los avances del país para prevenir, investigar y sancionar desapariciones forzadas en el contexto de la estrategia de seguridad basada en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.
Una delegada del Estado ecuatoriano defendió la política gubernamental ante las críticas. “El Estado ecuatoriano no utiliza el estado de excepción como una herramienta permanente o generalizada: hemos pasado de un conflicto armado interno a una grave conmoción interna”, afirmó.
Sin embargo, los expertos del comité expresaron inquietud por denuncias de vulneraciones de derechos humanos durante operativos contra el crimen organizado, así como por el uso reiterado de estados de excepción y la creciente participación de militares en tareas de seguridad ciudadana.
Desde Ecuador, un grupo de mujeres que buscan a familiares desaparecidos siguió la audiencia por internet. Para Karla, que prefiere no revelar su verdadero nombre, la escena resultó difícil de mirar. Su sobrino, Dave, desapareció el 23 de agosto de 2024 después de que una patrulla militar lo detuviera en la provincia de Los Ríos. Lo primero que le llamó la atención fue ver a dos militares sentados en la delegación ecuatoriana.
“Es un claro ejemplo de impunidad. Son ellos los implicados en las desapariciones de nuestros familiares y estaban ahí sentados defendiéndose”, dice con una mezcla de rabia y cansancio. Uno de los momentos que más la sacudió llegó cuando la relatora del comité, Carmen Villa Quintana, preguntó por los procedimientos en los operativos militares y por los criterios que justifican la intervención de las Fuerzas Armadas.
“Cuando existen aprehensiones, estas son coordinadas con otras instituciones”, respondió durante la sesión el militar Leonardo Alvear. “Se articula en cada operación el contacto directo con la Policía”.
Karla asegura que eso no ocurrió con su sobrino. La madre de Dave vio cuando la patrulla militar se llevó al joven sin la presencia de policías. Ella increpó a los militares exigiendo una orden o al menos las razones por las cuales se lo llevaban, pero la apuntaron en la cara con un fusil y solo guardó silencio. Después, la familia recorrió retenes y estaciones policiales sin encontrar rastro alguno.
Su relato coincide con el de otras cinco madres buscadoras entrevistadas por EL PAÍS.
“Recorrí todas las estaciones policiales de Los Ríos e incluso de Guayaquil, y nadie dio una respuesta de a dónde los militares se llevaron a mis dos hijos y a mi yerno”, cuenta Gladys —que también prefiere reservar su verdadera identidad—. Sus hijos, Clever, de 16 años, y Manolo, de 17, desaparecieron hace 15 meses tras un operativo militar en una hacienda.
Desde entonces, dice, las familias viven bajo presión. Denuncian allanamientos sin orden judicial, casas revueltas e incluso se llevan carteles con las fotografías de las víctimas con los que salen en cada protesta. A veces, cuentan, llegan advertencias directas: “Dejen de buscar”.
En otros casos, hablan de seguimientos constantes que los han obligado a mudarse, cambiar rutinas y perder trabajos. “El proyecto de vida que teníamos se terminó”, dicen.
Karla insiste en una sola demanda: “Desclasifiquen la información. Queremos saber quiénes son los militares que estuvieron en cada operativo donde desaparecieron nuestros familiares”.
