Durante la cumbre organizada por Donald Trump con otros 12 presidentes de la derecha latinoamericana, el magnate republicano repitió desde uno de sus campos de golf en Florida que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga, que controlan el país y que va a “erradicarlos” cueste lo que cueste. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que no fue invitada a la cumbre, no respondió de manera directa a la enésima provocación, pero durante la semana fue marcando con insistencia una agenda muy específica, que no es nueva, pero que se ha intensificado en los últimos días. “Nosotros hacemos nuestra parte, pero ellos también tiene una responsabilidad allá”, dijo la mandataria refiriéndose principalmente al control del tráfico de armas, remarcando que más del 75% de las armas que usan los grupos del crimen organizado viene, según las propias cifras del Departamento de Justicia estadounidense, del otro lado de la frontera.
El combate contra el tráfico de armas es una vieja demanda mexicana desde hace por lo menos dos décadas. Desde el sexenio pasado ha tomado aún más impulso y en el turbulento contexto de la relación bilateral actual se ha vuelto todavía más relevante. Es una de las bazas de México para responder a la catarata de ataques de Trump con la justificación de la violencia desatada por el crimen, llegando incluso a amenazar con una intervención militar en territorio mexicano. Para espantar estos fantasmas, el Gobierno mexicano confía en los avances de su política de seguridad acompañada de una meticulosa estrategia de comunicación para remarcar cada detención, decomiso y desmantelamiento de laboratorio de droga.
Solo esta semana, detuvieron en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, por el que las autoridades estadounidenses ofrecían un millón de dólares. Además de la incautación en Colima de más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas. Un equivalente, según las autoridades, a aproximadamente 14 millones de dosis en las calles. Unos golpes, sumados a la reciente caída de El Mencho o la entrega de casi una decena de capos presos, que además están dando resultados al otro lado de la frontera. Por primera vez, en 2025 se redujo considerablemente el cruce de fentanilo a EE UU, y las muertes por sobredosis relacionadas con el opioide sintético se convirtieron en uno de los enemigos públicos de Trump. “Con estos resultados, el Gobierno le está enviando constantemente el mensaje a EE UU de que saben hacer solos el trabajo y no es necesario que vengan a ellos. Y además coloca el tema de las armas en el centro de la agenda”, dice Eunice Rendón, consultora en seguridad y migración.
Pese a la insistencia de México, ha habido pocos avances concretos en algún acuerdo bilateral. Más todavía en la era Trump y siendo el lobby de la Asociación Nacional del Rifle uno de los principales financiadores de sus dos campañas electorales. Una excepción fue el acuerdo anunciado en septiembre bajo el nombre de Misión Cortafuegos. Ambas partes se afanaron en calificarlos como “históricos”, al permitir que el uso de tecnología estadounidense para el rastreo de armas en México, así como el compromiso de la Administración de Donald Trump en “intensificar” las inspecciones para lograr detener el flujo de armas hacia el sur. El acuerdo fue el primer resultado tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, donde anunció la creación de un nuevo grupo de alto nivel para luchar contra el narcotráfico.
En el otro lado de la balanza está el mazazo judicial a una de las demandas que México interpuso en 2021 contra 11 de los fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos. La Corte Suprema tumbó en junio del año pasado la demanda al decretar que los fabricantes de armas están amparados por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). Esta norma da inmunidad y cobija a fabricantes y vendedores de armas del país frente a las demandas que puedan presentar las víctimas de ataques realizados con ellas. Una ley que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2005 y contó con el voto a favor del hasta hace poco embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, uno de los pocos demócratas que respaldó la iniciativa.
Aún sigue viva, en todo caso, una segunda demanda interpuesta en el 2022 contra cinco armerías del Estado de Arizona, una de las principales fuentes de origen de las armas que cruzan la frontera. De hecho, el proceso judicial está aún en fase de presentación de pruebas y algunos expertos le auguran más recorrido que la anterior. John Lindsay-Poland, coordinador de la organización Stop US Arms to México, apunta que “las armerías están más cerca de la cadena final del mercado. Además, es donde con más facilidad se puede comprar y dónde está constatado que más flujo hay para el tráfico”.
Lindsay-Poland señala alguna otra señal para el optimismo, como el margen que los Estados pueden tener en para regular la venta, como en California; la opción de que México incluya el tema en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TMEC) al considerar que “hay una manifiesta desigualdad comercial”; o una reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, pese a no ser vinculante, establece “el deber de debida diligencia” de los Estados en materia de tráfico de armas.
La conversación sobre el contrabando de armas por los 3.169 kilómetros de frontera ha sido tradicionalmente una de las patas laterales en las negociaciones diplomáticas durante las últimas décadas. Desde la Alianza para la Frontera de 2002, cuando se establecieron controles tecnológicos para detección de artículos de contrabando, hasta la iniciativa Fronteras Seguras firmada por George Bush en 2005. Los resultados han sido escasos. Y el panorama empeoró a partir de 2006, cuando el Gobierno de Felipe Calderón sacó a los militares a la calle para enfrentar al crimen organizado y el eje de negociaciones pasó a centrarse en la crisis del narcotráfico. Estados Unidos es el gran mercado de las drogas que llegan de México.
Existe un consenso entre los especialistas sobre el momento exacto en el que drogas y armas se fundieron en un problema letal: el levantamiento de la prohibición de comprar armas de asalto en 2004 por parte del Gobierno de Bush. “A partir de ahí se produce un aumento muy grande de homicidios no solo en México, en Centroamérica y en toda la región”, dice Eugenio Weigend, director del programa de armas del Center for American Progress en Washington, que añade que además las armas son una herramienta que le sirve al crimen organizado para diversificar sus negocios delictivos, pasar de la droga a la trata o a la extorsión.
