La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha defendido la decisión de su Gobierno de entregar a Estados Unidos a un nuevo grupo de 26 miembros del crimen organizado, entre los que hay un gran número de capos del Cartel de Sinaloa. La mandataria ha indicado que se trató de una decisión “soberana” de México, que no respondió a petición alguna de Washington. “En todos estos casos, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones [de extradición]”, ha informado la presidenta este miércoles en su conferencia diaria en Palacio Nacional.
La afirmación de Sheinbaum contrasta con la información dada el martes por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabezaron el operativo para entregar a los capos a EE UU. Las dependencias señalaron que la extradición se efectuó “bajo solicitud” del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, a pedido de Washington. Este mismo argumento fue utilizado por México para explicar el traslado de 29 narcos de alto perfil en febrero pasado, mediante un ingenioso andamiaje legal que le permitió al Gobierno de Sheinbaum desatascar los entrampados procesos de extradición que seguían varios capos.
Las autoridades mexicanas han recalcado que la entrega de los 26 narcotraficantes —que estaban recluidos en diversas prisiones y, han indicado, “representaban un riesgo permanente a la seguridad pública”— se ha dado en apego a la Ley de Seguridad Nacional y tras el compromiso de Estados Unidos de que no se solicitará para ellos la pena de muerte, aunque sí la cadena perpetua. Esta nueva extradición atípica, pues formalmente no es tal, ocurre en medio de las ya rutinarias presiones comerciales de Trump, y días después de que el mandatario estadounidense ordenase a su Ejército atacar directamente a los carteles del narcotráfico más allá de las fronteras de EE UU.
En el operativo para trasladar a los presos participaron casi 1.000 elementos y se requirieron 90 vehículos y 12 aeronaves, según ha informado el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en una conferencia el mediodía de este miércoles. El funcionario, jefe de la estrategia de seguridad de Sheinbaum, ha detallado que el Ejército fue el que encabezó la planeación y ejecución del operativo. García Harfuch ha reiterado que la entrega de los criminales fue una “decisión soberana” y que abona a la seguridad pública de México.
El titular de la SSPC ha asegurado que esos “delincuentes de alto perfil” continuaban dirigiendo operaciones ilícitas aun estando en prisión, aprovechando sus visitas familiares. “Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, ha indicado. García Harfuch ha agregado que varios personajes habían conseguido amparos para permanecer en prisiones de baja seguridad, y que otros estaban en vías de obtener el mismo beneficio, e incluso ser liberados de manera anticipada, gracias al favor de jueces corruptos.
El funcionario ha acusado que los criminales, implicados en narcotráfico, tráfico de personas, homicidio, lavado de dinero y delincuencia organizada, asesinaron a personas inocentes, dirigieron ataques a elementos de seguridad y encabezaron la producción y distribución de millones de dosis de droga, además de que “generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años”. “Por ello, estas acciones de traslado no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia. Pero, también, representan un acto de justicia y dignidad hacia las víctimas”, ha afirmado.
Tal como hizo tras la entrega de criminales en febrero pasado, el fiscal Alejandro Gertz ha explicado en la conferencia que el Gobierno mexicano efectuó este nuevo operativo con base en la Ley de Seguridad Nacional y un artículo constitucional que faculta a la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, a preservarla. El funcionario también ha citado la Convención de Palermo, el acuerdo de la ONU para el combate a la delincuencia organizada transnacional. Gertz ha aclarado, de nuevo, que no se utilizó la Ley de Extradición, cuyas formalidades han sido aprovechadas por los delincuentes para retrasar durante años su traslado a Estados Unidos.
Al menos 11 de los 26 criminales enviados a Washington están vinculados al Cartel de Sinaloa o a alguna de las facciones que están en medio de la guerra intestina por el control del negocio de Joaquín El Chapo Guzmán, esto es, Los Chapitos o La Mayiza. El resto de extraditados pertenece en mucha menor medida al Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La Familia o los Arellano Félix. El tamaño del grupo conectado al Cartel de Sinaloa deja ver el consistente interés de Washington por atajar el tráfico de fentanilo desde México, dado que la organización de El Chapo es la principal productora y contrabandista de la droga sintética, que provoca decenas de miles de muertes anuales de ciudadanos estadounidenses.
