Hace solo unas semanas eran electricistas en Miami. O gerentes de departamentos de una multinacional. Seguían pescando cómo habían hecho los últimos 30 años. Conducían los camiones. Tenían una empresa de aire acondicionado. Cobraban el retiro por una vida trabajada. ¿Y ahora? Ahora buscan el hueco entre los soportales, tienden al sol ropa mojada en un lavamanos, abren y cierran puertas de un Oxxo con la esperanza de que caiga alguna moneda, celebran las mantas que una vecina caritativa les ha dado para no dormir directo sobre el concreto, atesoran papeles doloridos, documentos en un idioma equivocado, confían en un dinero prometido para comprar un celular y poder llamar a sus familias, que se quedaron a miles de kilómetros, al otro lado de la frontera.
Están en Tapachula, en la ciudad que fue durante años una cárcel a cielo abierto para miles de migrantes que llevaban encima la tierra caminada y que ahora ya no llegan, espantados por las políticas de Donald Trump. Esa estrategia antimigrantes del presidente de Estados Unidos es la misma que ahora los ha alcanzado a ellos, cubanos con una vida hecha en el país norteamericano. El ICE, el departamento migratorio de EE UU, los arrancó de sus casas para soltarlos aquí, en un ciudad pobre del Estado más pobre de México. Muchos sueñan con regresar, suplican, esperan. Otros, con los ojos arrugados, se quejan: “Lloro por la noche, lloro por la mañana. Mire alrededor, somos todos viejos, ¿qué vamos a hacer aquí?”, pregunta Lázaro Ballesteros, que de sus 53 años pasó 47 en Miami.
México acepta como “tercer país seguro” a extranjeros deportados de Estados Unidos. En el Gobierno de Joe Biden se llegó a un acuerdo para recibir a 30.000 al mes (nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos que habían cruzado de forma ilegal). Ahora con Trump no hay cupo, al menos publicado. Sin embargo, el juez federal William G. Young señaló en una resolución esta semana que el Departamento de Seguridad Nacional le indicó que en base a un “acuerdo no escrito” en el último año deportó a 6.000 cubanos a México. La mayoría de este 2026, según indican desde el Ayuntamiento de Tapachula, han llegado a esta ciudad y también a a Villarhermosa. Este periódico ha preguntado al Instituto Nacional de Migración sobre estas cifras, también por qué ha elegido a estas dos localidades como receptoras, pero no ha recibido respuesta.
La decisión de mandarlos hasta Tapachula agarró por sorpresa a un Ayuntamiento ya curtido en tránsitos y caravanas. “Es una situación completamente nueva para la que nadie estaba preparado. Nos preocupa”, reconoce Denisse Lugardo, directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo. La titular reconoce que todavía esperan indicaciones del Gobierno estatal o federal. Nadie les avisó de que ya mandaban a los cubanos, que llevan un par de meses llegando por decenas en camiones del INM desde la frontera norte, en un viaje de tres días en carretera.
Ahora con la ayuda del activista Luis Villagrán estos cubanos pelean un amparo para conseguir una visa por razones humanitarias, que les permita residir y moverme libremente por México, por su condición de “apátridas”. En el ayuntamiento conocen de la iniciativa y la respaldan: “Es una de las primeras condiciones de vulnerabilidad, ahí es sí o sí que la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado) o el INM les de la visa”. Para el Gobierno de Estados Unidos, “su deportación a Cuba ha sido considerada como impráctica, desaconsejable o imposible”. “A mí me dijeron en el centro de detención de Arizona: Cuba no te acepta”, cuenta Jesús Gutiérrez, de 63 años. Niorje Rodríguez intentó el camino a la isla incluso desde Tapachula: se presentó en la sede de Migración y pidió ser deportado a su país: “En cambio me mandaron para Guatemala. De ahí volví, crucé el río y aquí estoy, enfermo, durmiendo en la calle”.
Cuba, inmersa en su mayor crisis de las últimas décadas, les genera a estos hombres sentimientos de encontrados. La mayoría salieron de niños, algunos huyendo del régimen castrista, otros simplemente por pobreza, muchos ya no conocen a nadie en el país, pero los hay que suplican que los manden allá a ver por última vez a su madre enferma o abrazar a un hermano después de 40 años. Si no se puede a Estados Unidos ni tampoco Cuba, muchos buscan al menos poder llegar hasta Cancún, donde se está construyendo una red de cubanos, o a algún otro Estado donde puedan trabajar y mantenerse. “Aquí no hallo un trabajo que pueda hacer con mi edad. Algún día, cuando tengo mucha necesidad, descargo costales de camiones, de 100 libras, pero me duele mucho al otro día”, cuenta Eduardo Soto, que tiene 62 años. Otros como William Herrero, de 54, consiguió un termito y prepara café por la mañana para repartir durante el día, lo cobra a 10 pesos (menos de un dólar). Lázaro Ballesteros, que se define como “losero profesional”, compró cosas para pescar: “Aquí no hay ni pescado. Aquí no se mueve nada. Aquí lo que hay es pobreza”.
Arsenio Chirino, 76 años
Renquea por el parque central mientras carga una botella de agua vacía y la comida que se dejó otro compañero: “Para que no se la roben”, explica. Posa triste para las fotos, después de recordar a Mateo, el nieto de seis años al que cuidó los últimos años y al que lleva siete meses sin ver. Arsenio Chirino tiene 76 años, una operación de corazón y mal la presión. Se cansa mucho en este calor tropical, come poco y mal, duerme en el suelo, y suplica, como sea, que alguien le devuelva “patrás”: “Yo ya estoy viejo, no me quiero morir aquí”.

Se acuerda mejor del día que llegó a Estados Unidos (el 5 de mayo de 1980) que del que lo deportaron a México. El ICE lo detuvo como a casi todos, mientras firmaba la revocación de su orden de deportación. Fue encarcelado de viejito, acusado de posesión de droga, un delito que asegura que no cometió. Sea como sea, lo pagó durante siete años. En septiembre, fue enviado a Villahermosa, el otro destino para los deportados de terceros países. Pero a los cinco meses —no sabe por qué— el INM lo trasladó a Tapachula, junto a otro chico joven y un señor en silla deruedas. En la capital tabasqueña cree que estaba algo mejor, porque consiguió un albergue cerquita; aquí están lejos del centro y en ese aislamiento “se llena de pensamientos y de tristezas”, por eso prefiere la calle. Su última petición es franca: que no le dejen morirse, después de toda la vida trabajando de electricista en EE UU, en un lugar donde no conoce a nadie.
Rolando Tito Vega, 50 años
“¿Pero qué tú haces en México?”, le dijo la abogada a Rolando Tito Vega cuando hace dos meses la llamó para pedirle ayuda. Eso mismo se pregunta él todavía. Era 9 de enero cuando estaba trabajando en su despacho, como gestor de departamentos, y llegó el ICE. Supuestamente lo buscaban por una sanción de hace 25 años por la que ni siquiera estuvo preso y de la que ya había conseguido el perdón. No importó. En 11 días ya estaba en la frontera de Arizona y México: “Me ofrecieron ir a una prisión federal a esperar a que se resolviera mi caso, pero yo no voy a ir preso sin haber cometido delito. Así que me llevaron para México”. Afirma que un juez ha reconocido el error, pero que ahora el Gobierno de Estados Unidos le exige una multa de 9.400 dólares (“como si yo me hubiera ido del país voluntariamente”) para regresar. Un dinero que todavía no tiene. Tiene cinco hijos en Miami, donde él ha vivido desde 1995. Ellos ahora se encargan del negocio de aire acondicionado que él montó y le ayudan a sobrevivir en Tapachula.

Juan Carlos Rodríguez y Jesús Gutiérrez, 44 y 63 años
Este miércoles, Juan Carlos Rodríguez, chef de profesión y cocinero de la casa, no tenía ganas de preparar nada. Así bajó a comprar unos tamales a la puerta del hotel en el centro de Tapachula donde vive con Jesús Gutiérrez. Los pagó, subió y avisó: los de Migración le habían pedido sus documentos, se los bajaba rapidito y ya volvía para comer. Pasaban los minutos y nada. Cuando Gutiérrez preocupado bajó a la calle y se lo encontró ya dentro de una de las camionetas del Instituto Nacional de Migración. Sin explicación, la dependencia federal había hecho una redada y se había llevado a Juan Carlos, del primer piso, a tres haitianas con sus hijos del segundo, y a otro muchacho cubano, del tercero. Los soltaron, sin más, a los días siguientes.

El centro Siglo XXI es la tercera cárcel migratoria que conoce Juan Carlos, de 44 años, en seis meses. Fue arrestado el pasado 12 de septiembre en las calles del viejo San Juan, en Puerto Rico, cuando se dirigía a su laburo en un restaurante de comida criolla, donde era uno de los chef. Se lo llevaron en un avión directo a Alcatraz y estuvo 86 días encerrado. Allí le avisaron que iba a ser enviado a México, pero se negó a firmar la deportación. Pasó otros dos meses en una cárcel Arizona, hasta que el 9 de febrero los levantaron para entregarlos a México. “Muchos compañeros no querían subirse a los camiones para venir. Los golpearon, los sometieron, los neutralizaron y así los subieron a la fuerza a las guaguas (autobuses)”, relata. Es en Tapachula donde conoció a Jesús y rentaron juntos un departamento en el hotel, por 12.000 pesos al mes (unos 650 dólares), con el dinero que sus familias les envían. “Toda la vida pagando impuestos, taxes, ISR, licencias… ”, dice Gutiérrez: “Para terminar aquí”.
William Herrera, 54 años
Dice William Herrera que su familia cruzó las 200 millas de Villa Clara (Cuba) a Cayo Hueso (Florida) el 11 de marzo de 1994: “Cuando Fidel dijo que quien quisiera podía irse”. Él tenía entonces 22 años y se dedicó a lo mismo que en su país: a trabajar del mar. Al año de su llegada, una máquina de triturar palos, se llevó por delante los dedos de su mano derecha, pero él siguió trabajando “arriba de los barcos” y “preparando pescado” durante 30 años. Por una “felony” en su juventud, se pasó años viajando a Miami a firmar la revocación de su orden de deportación. Nunca volvió a ser detenido por nada. En octubre de 2025 fue detenido en el juzgado y trasladado, como la mayoría, a la temida Alligator Alcatraz, el centro de detención de migrantes construido por Trump el año pasado que acumula decenas de denuncias por abusos a derechos humanos. “Ahí es pésimo”, dice Herrera. “Eso es una jaula”, complementa Eduardo Soto: “Estás con 32 personas dentro de una celda todo el día, solo sales para comer tres veces al día y para bañarte los lunes, los miércoles y los viernes. Nada más”.









