La información a cuenta gotas sobre lo que le ocurrió a los mineros secuestrados en Sinaloa mantiene la incertidumbre en un nuevo episodio que muestra el horror de la violencia en el noroeste de México, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunciaba este martes una reducción del 42% de los homicidios dolosos en el país en los últimos cinco meses. Las explicaciones sobre por qué fueron secuestrados, emanadas este martes del Gabinete de Seguridad dirigido por Omar García Harfuch, no han despejado las dudas sobre la facilidad con que el crimen se los llevó de su campamento. La tesis de las autoridades es que la desaparición el 23 de enero de los trabajadores, al menos 10, se debió a una confusión de un grupo criminal, ligado a Los Chapitos, facción del extinto Cartel de Sinaloa. Según Harfuch, este grupo entendió que los trabajadores eran parte de una banda rival.
El asunto de los mineros se solapa con otros eventos de violencia registrados en el Estado en las últimas semanas, iguales o peores, imagen, todos, de una situación preocupante. Este martes, cinco hombres desaparecieron en el municipio de Ahome, al norte de Culiacán, la capital. La semana pasada, cuatro turistas del Estado de México sufrieron el mismo destino en Mazatlán, la joya turística del litoral. Unos días antes, criminales atacaron a balazos a dos diputados locales de Movimiento Ciudadano. Pero el caso de los mineros sorprende, por su magnitud y por la postura de las autoridades, que sueltan información a cuentagotas.
Las explicaciones de Harfuch acerca de la confusión han contrastado este martes ante los testimonios de familiares y colegas de los desaparecidos, que anegan la prensa estos días y que señalan que hombres armados fueron por los trabajadores a su campamento, denominado Clementinas, ubicado en las inmediaciones de la cabecera municipal de la localidad donde funciona la mina, Concordia, en la sierra sur de Sinaloa. No es que se los encontraran en un camino, en mitad del monte, escenario habitual de las refriegas criminales en la región. Tampoco es que ocurriera de noche. Fueron por ellos a primera hora de la mañana, al lugar donde vivían y descansaban. Y, de ahí, se los llevaron.
Para agravar aún más el asunto, la identificación de los cuerpos de cinco de los secuestrados en fosas clandestinas hace difícil imaginar un desenlace distinto a que los 10 desaparecidos hayan sido asesinados. La Fiscalía General de la República (FGR), que asumió las investigaciones la semana pasada, informaba este lunes del hallazgo de los restos humanos, en un poblado no muy lejos de la cabecera municipal de Concordia, conocido como El Verde. Otros cinco cuerpos siguen en la mesa del forense, a la espera de su identificación. La información ha fluido muy poco a poco, mientras se habla de que la gran cantidad de cuerpos que habría en realidad en esa y otras fosas de la zona, y el desánimo creciente por la resiliencia del crimen en la región.
A estas alturas, pocos ignoran en México que la sierra sur de Sinaloa era un infierno relativamente silencioso. La guerra entre Los Chapitos, facción comandada por los hijos del viejo capo Joaquín Chapo Guzmán, y Los Mayos, grupo liderado por los vástagos de Ismael Mayo Zambada, ha trascendido sus trincheras clásicas, Culiacán, sus sindicaturas y los municipios de alrededor, para prenderse también en otras regiones. En la zona sur, en municipios como Concordia, Escuinapa, El Rosario, o Mazatlán, la batalla se ha agudizado en los últimos tiempos. Eso, pese a las decenas de detenciones y decomisos de los últimos 16 meses, tiempo en el cargo del actual Gobierno que dirige Claudia Sheinbaum.
Según una fuente de las fuerzas de seguridad desplegadas en Sinaloa, dos grupos pelean en la zona serrana de Mazatlán. Uno es el vinculado a Los Chapitos, comandado por Gabriel Nicolás Martínez, alias Gabito o el 80, apoyado en su hermano Óscar, alias Casco. “Estos se están peleando con Los Cabrera”, apunta esta fuente, refiriéndose a otro grupo, nacido entre Durango y Coahuila, viejos aliados del Mayo Zambada, y ahora de su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. La pelea tiene que ver con las rutas que comunican Sinaloa y Durango, con la gestión de laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas y con la influencia en la economía formal, donde la minería ocupa un lugar importante.
Harfuch ha dicho este martes que el Gabinete de Seguridad no tenía conocimiento sobre presiones o extorsiones a la minera que maneja los yacimientos de esa parte de Concordia, en la comunidad de Pánuco, Vizsla Silver. La empresa tampoco se ha pronunciado. Las implicaciones de pagar extorsiones a grupos vinculados al Cartel de Sinaloa son graves, ya que el Gobierno de Estados Unidos, que dirige Donald Trump, clasificó a este grupo como organización narcoterrorista hace justo un año. Así, cualquier apoyo, voluntario o no, podría entenderse como financiación del terrorismo. La presidenta Sheinbaum ha anunciado este martes también que el Gabinete de Seguridad se reunirá con el gremio de empresarios mineros para conocer las dificultades que enfrentan.
La apuesta por el diálogo que alimenta ahora la mandataria palidece, sin embargo, ante la historia reciente de la región. En abril de 2025, Viszla Silver anunció una “pausa” en los “trabajos de campo” por las “condiciones de seguridad” en la sierra de Sinaloa, particularmente en las comunidades de Concordia, paso obligado para el tránsito entre Mazatlán y Durango. Los tiroteos en los poblados más alejados de la cabecera dibujaban ya entonces la normalidad, situación aderezada por bombas de fabricación casera, lanzadas desde drones. Ese mismo mes, las autoridades dieron con un arsenal, casi 3.000 explosivos, entre minas terrestres y bombas aéreas, en una comunidad de Concordia.
