En la reunión que los gobernadores y representantes de todas las provincias tuvieron este lunes con dirigentes del gobierno nacional en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no se logró llegar a un acuerdo y, por ende, los mandatarios provinciales ya firmaron un proyecto de ley que enviarán a la brevedad al Congreso de la Nación con su propia propuesta para conseguir más fondos. Por un lado, proponen que lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos se reparta fundamentalmente a las arcas de las provincias, para que cada una de ellas “puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”. En paralelo, reclaman que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya entre Nación y las provincias con los mismos parámetros que la coparticipación federal, es decir, sin “arbitrariedades” de la Casa Rosada. En resumen, los gobernadores se plantaron ante la motosierra de Javier Milei y avanzan con su propia agenda para conseguir los recursos que el gobierno nacional les niega.
Tras la falta de acuerdo con el Gobierno, los mandatarios están dispuestos a ir a fondo en el Congreso. “Se va a hablar con los presidentes de los distintos bloques de ambas cámaras para que empujen el proyecto y se va a solicitar una mesa de negociación con respecto a esto y al resto de los impuestos”, le advirtió uno de los mandatarios provinciales a Página/12. Para impulsarlo, tienen a mano una posible carta de negociación: los dos textos que ya tienen media sanción de Diputados (jubilaciones y emergencia en discapacidad) que la Rosada rechaza por su costo fiscal y que, de ser sancionados, Milei debería responder con el costo político de un veto.
Los gobernadores, además, aclararon en el proyecto que enviarán al Congreso que la sanción del mismo “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas
nacionales y, complementariamente, generará más federalismo a partir de la
mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional,
propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las
demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.
Mandatarios de todas las provincias –o representantes de ellos– estuvieron este mediodía en el CFI junto al secretario de Interior, Lisandro Catalán y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En el marco de la crisis económica y el estrangulamiento que viven todos los distritos por la “motosierra” que les aplica el presidente Milei desde que asumió la gestión, los gobernadores vienen reclamando dos cuestiones en particular: modificar el impuesto a los combustibles líquidos y también modificaciones en cómo se reparten los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Dos viernes atrás una delegación de mandatarios provinciales visitó Casa Rosada y elevó los reclamos al jefe de ministros, que se había comprometido a estudiar los números para rediscutir la distribución de los ATN e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles. Sin embargo, este lunes el gobierno les llevó una contrapropuesta que, en teoría, los gobernadores iban a analizar para volver a reunirse.
Mientras Guberman llevaba esa propuesta, en medio del encuentro en el CFI el jefe de gabinete Guillermo Francos salió a hacer declaraciones radiales. Disparó que los gobernadores “hicieron mucho esfuerzo, pero nunca lo necesario”, y les exigió “mayor compromiso fiscal”. Además, Francos subrayó: “Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no dan a veces son los números. Trataremos de ver cómo llegamos. Hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes y otros que no dicen nada”.
La respuesta de los líderes provinciales llegó horas después. Una vez que terminó la reunión, comenzaron a hacer circular el proyecto de ley ya firmado por todas las provincias. En el primer artículo del texto los gobernadores piden modificar la ley 23.966 y que “el producido del impuesto establecido se
distribuya de la siguiente manera:
a) Tesoro Nacional: 10,40%.
b) Provincias: 58,36%.
c) Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones
previsionales nacionales: 28,69%
d) Compensación Transporte Público – Decreto 652/2002: 2,55%”.
Luego, exigen modificar el artículo dos para disolver los siguientes Fondos Fiduciarios: “Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), creado por Decreto
976/2001 y el Fondo Fiduciario de Infraestructura hídrica (FFIH)”. Y, en el artículo tres, proponen una modificación de la Ley 23548 para que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se destine a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros y
se asigne específicamente entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en función de los artículos 3° y 4°, de la Ley de Coparticipación Federal”.
En el CFI estuvieron Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Cordoba), Alfredo Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Además, por Chaco, La Rioja y Santa Cruz estuvieron los vicegobernadores Silvana Schneider, Teresita Madera y Fabián Leguizamón.
La reunión, además, se dio en las vísperas del encuentro formal del Consejo de Mayo, que se llevará a cabo este martes a las 9 de la mañana en la Casa Rosada. Es la primera vez que el gobierno convoca a los gobernadores tras la firma del Pacto de Mayo, que se hizo el año pasado en Tucumán. La idea que tienen desde el oficialismo es la de avanzar allí con el texto de una nueva reforma laboral. Lo cierto es que los gobernadores, que en su mayoría venían acompañando al gobierno nacional en el Congreso, empiezan a endurecer su postura y a reclamar con más fuerza por los fondos que le corresponden a sus provincias.
Mientras en la Casa Rosada hablan del “equilibrio fiscal”, y de vetar todo lo que aprueben los legisladores que se oponga a ese objetivo, los gobernadores –incluso los más cercanos a Milei– comienzan a hacer críticas cada vez más fuertes y se quejan por la baja en el consumo, además de, por ejemplo, el corte brutal en la obra pública. Jaldo, que hasta armó un bloque en Diputados separado al del FdT para acompañar al oficialismo, este fin de semana espetó: “Al paso que vamos va a haber un costo social muy importante en Argentina si el gobierno nacional no reacciona en tiempo y forma”.
