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La violencia que enfrentamos las mujeres y personas LGBTTI en Honduras es estructural. Esta no se limita a los prejuicios, el estigma o la discriminación; también se manifiesta en la negación sistemática de derechos. Como mujer lesbiana visible, nací y vivo sin pleno reconocimiento jurídico. Comprendí que, por imposición legal, estaré soltera, ya que en Honduras no se reconoce el matrimonio igualitario. Esto también se traduce en la negativa al derecho a la adopción, el seguro social, la visita íntima y la viudez. Hasta hace dos años, ni siquiera nos dejaban donar sangre. Desde la Red Lésbica Cattrachas impulsamos un proceso de incidencia que permitió que, en diciembre del 2024, se acabara esta prohibición. Esto marcó un avance significativo en el reconocimiento de nuestra dignidad y derechos, pero los retos aún son muchos.
A esta realidad se suma la grave problemática de las muertes violentas de personas LGBTTI en el país. En el último año se han registrado 35, según el Observatorio de Violencia Social y de Género, donde trabajo. Cada registro que ingresamos al sistema me genera indignación y dolor, y me lleva a cuestionarse constantemente por qué existe tanta impunidad. ¿Se trata de falta de investigación o de negligencia? ¿Es una omisión intencional del Estado frente a estas muertes? Durante mis seis años como defensora, me ha acompañado siempre la frase de la facilitadora en un taller sobre feminicidio: “Lo único que podemos hacer, es hacerles justicia a estas víctimas”. Eso es lo que hemos tratado de hacer.
Pero la realidad en Honduras es compleja. Recuerdo cuando investigué el homicidio de Wayland Wood, un hombre gay asesinado en 2017 en el departamento de Atlántida. Su familia nos solicitó apoyo para trasladar a un testigo clave hasta el Distrito Central, ya que el Ministerio Público alegó no contar con fondos para hacerlo. Una familiar nos informó que el victimario tenía una alerta de Interpol, pero al indagar descubrimos que estaba engavetada, por lo cual estaba inactiva, y sólo tras nuestra incidencia se emitió la alerta. Asimismo, a través de las redes sociales logré identificar y localizar al responsable, quien se encontraba prófugo en Estados Unidos desde el 2017. Fue repatriado el 18 de marzo del 2022.
Al escuchar al juez declarar culpable al victimario, tuve sentimientos encontrados: por un lado, enojo al saber que ninguna sentencia podría devolverle la vida a Wayland; y, por otro, una profunda satisfacción al ver la emoción reflejada en el rostro de sus hermanos y en todo el equipo de Cattrachas. En ese instante recordé las palabras de la facilitadora y confirmé que obtener justicia también es una forma de reparación.
Otro caso, fue el de nuestra compañera Thalía Rodríguez, mujer trans, asesinada en 2022, en la colonia Juana Laínez, departamento de Francisco Morazán. Mientras monitoreábamos los medios, reconocimos el domicilio y un equipo de Cattrachas se trasladó a la escena para documentar y recabar información. Aunque fue doloroso, iniciamos la investigación y logré identificar al responsable, quien fue capturado en marzo de 2022. Ese mismo año, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa lo declaró culpable.
Los casos relatados muestran que, si nosotras desde la sociedad civil hemos podido aportar a la justicia, existe la posibilidad de que el Estado hondureño pueda cumplir con su deber de investigar, sancionar y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Ante esta realidad, me pregunto: ¿cómo es posible que un Observatorio que utiliza únicamente herramientas de medios de comunicación y redes sociales logre avances significativos en las investigaciones, mientras que el Estado hondureño, con personal experto y recursos institucionales, no lo haga? ¿Se trata de incapacidad o desinterés frente a estas muertes?
El Estado está a tiempo de hacer justicia para víctimas de violencia. Una de ellas es Lisby Dayana Allen Bardales, una joven afrodescendiente, madre soltera, en situación de pobreza y con limitada escolaridad. Originaria de Islas de la Bahía y residente de Olanchito, Yoro, fue condenada por defenderse de su agresor sexual. Aunque en Cattrachas entendimos el caso como un hecho de legítima defensa, en 2022, nos enteramos por los medios de que, mediante un procedimiento abreviado, había sido sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio. Esta decisión nos generó frustración, enojo e indignación e interpusimos un recurso de revisión penal ante la Sala de lo Penal en enero del 2025, aún sin resolver. Meses después, la trasladaron a otro centro penal alejado de su hija y su madre.
Yo la visito cada jueves, soy la persona a la que más seguido ve. En cada entrevista, Lisby comparte conmigo sus historias, nos reímos juntas o se derrumba al pensar en todo lo que se está perdiendo de la vida de su hija. Con dolor relata los momentos que no ha podido compartir con ella, como sus cumpleaños y la graduación del kínder. Pero en el equipo de Cattrachas nos sentimos alegres y orgullosas de Lisby, porque en diciembre fue parte de la primera promoción que se graduó del programa de las 3R (Rehabilitación, Reeducación y Reinserción), un logro significativo dentro de su proceso personal. Este año ya se matriculó para seguir con sus estudios académicos.
Desde que la conocí decidí empezar a estudiar derecho. Hacen falta más voces que exijamos justicia por quienes están y por quienes ya no están. Aunque intenten silenciarlas, sus historias seguirán vivas. Todo este recorrido es muestra de que nuestro trabajo también es una forma de lucha, resistencia y dignidad.
