Los padres deportados a Honduras enfrentan barreras legales, administrativas y financieras que hacen casi imposible la reunificación con sus hijos. Al igual que en otros países receptores de la región, los hondureños expulsados de Estados Unidos corren el riesgo de que estas separaciones sean a largo plazo o irreversibles. Los deportados pasan días sin poder contactar con sus familiares y, debido a la escasa información, apoyo y seguimiento que ofrecen las autoridades estadounidenses, la reunificación resulta muy difícil de conseguir, tal como muestra un informe realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR).
La reunificación familiar involucra a numerosas agencias estatales, federales y, en ocasiones, internacionales. Por ejemplo, un niño ciudadano estadounidense podría necesitar un pasaporte de los Estados Unidos para tomar un vuelo internacional, adem’as de una visa o un pasaporte del país de destino para ingresar en él. En el pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) facilitaba información a otras autoridades estatales y federales y a los consulados para conseguir la reunificación de los niños con sus padres, pero las organizaciones civiles denuncian que esa práctica ya no se está realizando.
Los progenitores enfrentan también barreras legales. En el caso de Honduras, la legislación obliga a que ambos padres firmen la petición de reunificación. Si el otro progenitor se encuentra detenido, desaparecido, deportado a otro país o si los padres no mantienen contacto (incluso por causa de violencia o abuso), la reunificación puede resultar, en la práctica, inalcanzable.
Por otro lado, el recorte de la ayuda al desarrollo que ha implementado el Gobierno de Estados Unidos ha reducido los recursos de los gobiernos de los países receptores para realizar cualquier programa que ayude a la reunificación. Según el informe, 400 padres han solicitado al Gobierno hondureño ayuda para recuperar a sus hijos.
La denuncia de WRC y PHR desde Honduras contradice a la Administración Trump, que ha asegurado una y otra vez que en este segundo mandato, a diferencia del primero, no está separando a familias mediante las deportaciones. La práctica también va en contra de las propias directivas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ofrecer a los migrantes detenidos la posibilidad de deportar a sus hijos junto a ellos o de mantenerlos en Estados Unidos.
Para realizar el reporte, integrantes de ambas organizaciones viajaron en noviembre pasado a Centros de Atención al Migrante Retornado de Honduras, donde entrevistaron a docenas de migrantes deportados por Estados Unidos y a trabajadores de los centros. Durante el tiempo en que visitaron La Lima, el principal centro de recepción, llegaron 854 deportados.
“Lo que documentamos en Honduras proporciona pruebas concretas que sugieren que el ICE no está cumpliendo con sus propias políticas para mantener unidas a las familias”, afirma Zain Lakhani, directora de Derechos y Justicia para Migrantes de la WRC. “El costo humano de esto es devastador y confirma lo que la WRC ha estado documentando desde el inicio de esta Administración: niños que lloran por sus madres, niños pequeños abandonados sin previo aviso, padres deportados sin que se les brinde la oportunidad de decidir qué sucederá con sus hijos, y mujeres embarazadas a las que se les niega atención médica básica e incluso vital”.
El Gobierno hondureño no tiene un plan formal para reunificar a las familias, pero en febrero de 2025 adoptó una Estrategia Nacional de Emergencia, previendo la deportación masiva de ciudadanos de ese país. Con el programa Hermano, Hermana, Vuelve a Casa, proporciona a los deportados servicios a corto plazo y recursos esenciales. Al contrario de lo esperado, las deportaciones a Honduras fueron menores en 2025 que el año anterior, unas 38.000 personas (un 85% hombres y un 15% mujeres) frente a las 45.923 de 2024. Sin embargo, los trabajadores médicos, abogados y otros profesionales con los que la WRC y PHR conversaron revelaron cómo los ha afectado la política de línea dura de la Administración Trump.
Los agentes del ICE tienen la obligación de preguntar a las personas, en el momento de su detención, si tienen hijos menores de edad, y de brindar a los padres la oportunidad de decidir qué sucederá con sus hijos en caso de ser deportados. La mayoría de los padres entrevistados por las organizaciones afirmaron que no ocurrió ninguna de las dos cosas.
Los que han experimentado la separación involuntaria sufren secuelas físicas y psicológicas. “Como médica, viajé a Honduras y entrevisté a madres recién deportadas a los pocos días de su llegada. Lo que escuché fue horroroso. PHR ha documentado el daño grave y duradero que la separación familiar inflige tanto a los padres como a los hijos, incluido el trastorno de estrés postraumático que persiste años después de la reunificación”, afirmó Michele Heisler, directora médica de PHR y profesora de Medicina Interna y Salud Pública en la Universidad de Michigan.
Entre los casos reportados, una madre contó que fue detenida a las afueras de un hospital tras una cita médica. Llevaba consigo a tres hijos y tenía otros tres en casa; advirtió reiteradamente a los agentes que la detuvieron sobre los otros tres niños, pero fue ignorada. La familia se encuentra ahora separada y su reunificación es muy difícil.
“Es que no me preguntaron nada. No hablaban conmigo, solo para gritarme, para humillar. Nunca me dijeron: ‘Tienes una hija, la puedes traer’, porque yo hasta de pronto la hubiese traído, ella es bien pegada a mí”, manifestó otra madre de 22 años.
También un padre, cuya esposa ya había sido detenida, fue arrestado frente a su casa y suplicó que le permitieran entrar para avisar a la niñera de su hija. “No paraban de gritarme que me tirara al suelo”, relató. “Intenté escapar, pero me arrojaron al suelo y no me dejaron decir nada. Me golpearon brutalmente”. Los agentes no le permitieron entrar. Su hija de tres años se quedó sola con la niñera, quien, preocupada al ver que él nunca regresaba a casa, permaneció con la niña durante 11 días.
Los deportados también denunciaron el trato que se les dio durante la detención en Estados Unidos. “Estuve detenido tres meses, sin saber qué iba a pasar con mi hija. Nunca me preguntaron si podía traérmela, y eso era lo que yo más quería… No me dejaron ni hablar. A nadie le importaba. A uno le dicen cosas bien feas, que como migrante no tiene derechos. El trato ahí es terrible… Pero mire, nada se compara con lo psicológico. A mí me mataron psicológicamente”, dijo un padre de 35 años separado de su hija.
Deportados sin autorización parental
Aunque en muchos casos lo que lamentan es la separación, también hay familias a quienes no se les ha dado la oportunidad de dejar a sus hijos en Estados Unidos, donde podrían tener mejores condiciones, y han sido deportados junto a sus padres. Algunos recibían un tratamiento médico que no pueden conseguir en los países donde han sido enviados.
“Vemos a madres a quienes no se les ofrece la opción de permitir que sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se queden. El mes pasado vimos a una madre con dos hijos hondureños y un hijo ciudadano estadounidense. El padre poseía la tarjeta de residencia, pero a la madre no se le dio la oportunidad de permitir que el hijo ciudadano estadounidense se quedara con la familia. Ella preguntó si podía hablar con un abogado o llamar a su esposo, y le respondieron que no”, relató una trabajadora de un centro de acogida de deportados en Honduras. “Aquí rompió a llorar, pues no se le brindó ninguna oportunidad de permitir que su hijo se quedara con el esposo”.
