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Es una noche de verano en Uspallata, Mendoza, al centro oeste de Argentina. Al costado de la Ruta 7, una mujer sostiene un cartel: “Toque bocina por el agua”. La rodean unas 50 personas que cantan y golpean tambores. Los camiones, que cruzan constantemente hacia Chile, reducen la marcha y responden con bocinazos.
La escena corresponde al campamento que vecinos mantienen desde febrero junto a la carretera internacional, en protesta por la reactivación del proyecto minero San Jorge —hoy PSJ Cobre Mendocino— que prevé explotar cobre y oro a 37 kilómetros del pueblo. Desde comienzos de 2025 hubo marchas, caravanas, festivales, ascensos colectivos a los cerros y una audiencia pública popular. La mayoría de las acciones son impulsadas o sostenidas por mujeres.
“Para nosotras siempre es más difícil. Hace poco, al debatir si cortábamos la ruta, una compañera, madre soltera, decía que tenía miedo: si la detenían, sus hijos quedaban solos”, dice Macarena Limousin (33 años) y una de las vecinas que sostiene el acampe. Su hijo se acerca y le pide ir al baño; otra mujer lo toma de la mano y lo lleva. “Gracias —le dice Limousin, y retoma—. Él también defiende el agua”.
Con casi 15.000 habitantes, Uspallata es la localidad más grande cercana al Aconcagua, el cerro más alto del continente. Por sus montañas pasa el Qhapaq Ñan (conocido como Camino del Inca), y por allí cruzó el Ejército de los Andes para liberar a Chile en 1817.
Mendoza es hija del agua
“Huentota Akache Hia Tinap quiere decir ‘Mendoza es hija del agua’ en nuestra lengua”, cuenta Claudia Herrera Salinas, autoridad de la comunidad huarpe Guaytamari, ubicada a 11 kilómetros de Uspallata. “Fueron nuestros antepasados quienes construyeron las acequias para canalizar el agua de deshielo. Eso permitió este oasis en medio del desierto”.
Herrera se sienta sobre un tronco al atardecer, tras una jornada como anfitriona de un encuentro de asambleas socioambientales de todo el país. Tiene 70 años, dos trenzas canosas y la piel curtida por el sol. Levanta la vista para mirar los glaciares de los cerros. “De ahí —dice mientras señala las montañas— baja el agua que abastece a la provincia, en emergencia hídrica desde hace 14 años. Lo que está en juego hoy es la vida”.
En los últimos 25 años, los mendocinos salieron a las calles a defender el agua en tres momentos. El primero fue en 2004, al enterarse de que había proyectos de megaminería a cielo abierto. Se organizaron y elaboraron un proyecto de ley que, tras movilizaciones y cortes de ruta, se aprobó en 2007. Es la Ley 7722, que prohíbe sustancias tóxicas como cianuro en la minería metalífera, limitando la actividad a gran escala.
Un año después, el conflicto se focalizó en Uspallata con la presentación del proyecto San Jorge. “En 2008, en una clase de yoga, escuché que querían instalar una minera cerca”, recuerda Beatriz Mercado (55 años) e integrante de la Asamblea por el Valle de Uspallata. “Hasta ese momento, nunca me había manifestado por nada”. Hacía 10 años que vivía en el pueblo, tenía cuatro hijos y un comercio con su esposo. Junto a otras vecinas, empezó a informarse de las consecuencias de la megaminería en el ambiente. “Entendimos que nuestro pueblo podía cambiar para siempre. Hicimos reuniones, repartimos volantes y en 2009 organizamos la primera marcha, hasta que decidimos cortar la ruta”, describe.
El proyecto, entonces en manos de la canadiense Coro Mining, sostenía que el xantato que iba a utilizar no era tóxico. Pero en un informe técnico, investigadores del Instituto de Ciencias Ambientales y la Universidad Nacional de Cuyo alertaron —entre otros problemas— que durante su descomposición, el xantato libera disulfuro de carbono (que al igual que el cianuro tiene una alta toxicidad), por lo que el proyecto no cumplía con la Ley 7722.
Analía Roggiano Vio —miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata— llegó al pueblo en 2010, días antes del primer corte de ruta. “Me emocionó la relación de Mendoza con el agua. Aquí todos saben de dónde viene el agua que sale de la canilla (grifo). En otros lugares casi nadie se hace esa pregunta”, recuerda. El proceso culminó con una audiencia pública en octubre de 2010, donde casi el 80 % del pueblo rechazó el proyecto, y la iniciativa minera se pausó.
El siguiente embate fue en diciembre de 2019, cuando la Legislatura provincial modificó la Ley 7722 para, entre otros puntos, habilitar el uso de cianuro. La reacción volvió a ser masiva y provincial: durante diez días, miles de personas se mantuvieron en las calles hasta que la reforma fue anulada.
En 2025, el yacimiento San Jorge reapareció como PSJ Cobre Mendocino con otros dueños: Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina). El proyecto promete invertir 600 millones de dólares, producir 40.000 toneladas anuales de cobre y generar 2.400 empleos. También asegura que cumplirá con la Ley 7722.
El 4 de abril de 2025, la Fundación Universidad Nacional de Cuyo presentó un dictamen técnico firmado por más de 20 profesionales que cuestionaba aspectos del informe de impacto ambiental presentado por la empresa. El documento alerta, por ejemplo, que la compañía había utilizado datos desactualizados para hacer su evaluación y que el proyecto consumirá casi todo el caudal del arroyo del cual extraerá el agua. Además, menciona un “riesgo serio” de contaminación de acuíferos que alimentan el río Mendoza. Otros organismos, como el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) y la Facultad de Ciencias Médicas, también realizaron sugerencias.
Al ser consultada por El PAÍS sobre estas dudas, la empresa no dio respuestas puntuales, pero ratificó aspectos que están en su informe: que el arroyo del que tomará agua “no abastece a comunidades ni a usos productivos externos”, que recirculará el 80 % del agua en la planta de procesamiento y que consumirá “solo el caudal necesario, sin desviar el curso del arroyo”. También afirmó que está dispuesta a sostener diálogo con el pueblo uspallatino. “Más del 60 % de los participantes en la Audiencia Pública formal para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) apoyaron el proyecto. Esto constituye un nivel de respaldo sólido a través de un proceso transparente y legalmente establecido”, afirmó sobre las protestas.
Por su parte, fuentes oficiales del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza aseguran que la “DIA establece un esquema obligatorio de actualización, verificación y control permanente, lo que implica que cualquier dato inicial debe ser recalibrado en función de condiciones reales y actuales”.
En diciembre del año pasado, finalmente, la Legislatura ratificó una DIA que, por el momento, no incluye la mayoría de las observaciones realizadas por el dictamen. La decisión fue celebrada por el presidente argentino Javier Milei —que apunta a la minería como eje central de su plan económico— y repudiada por parte del pueblo mendocino.
Uspallata, de nuevo en el ojo de la tormenta
En el centro de la localidad, un gran cartel proclama: “Uspallata. Futuro con Minería”. Frente a esta única pancarta, cientos de pequeñas gotas de agua —símbolo de la resistencia— se multiplican en las ventanas de casas y comercios.
Aunque hay gran rechazo a la megaminería, la participación directa en la lucha es menor que hace quince o siete años. “Hay mucha necesidad de trabajo. El turismo (principal actividad económica) no es apoyado con políticas públicas. Lo mismo pasa con la agricultura, que prácticamente desapareció”, cuenta Roggiano, quien reparte su tiempo entre la crianza, el trabajo y las actividades en defensa del agua.
Mercado suma otras razones a la desmovilización: “Hay muchos empleados estatales que no pueden participar por temor a ser despedidos. También hay una represión feroz y llevaron presas a varias personas que, aunque las liberan, tienen que enfrentar después todo el proceso”.
Esa violencia fue vivida por Limousin: en enero de 2025, un grupo de manifestantes del sindicato de la construcción —que no eran del pueblo— golpearon a vecinos que protestaban frente a la sucursal de PSJ Cobre Mendocino en Uspallata. “Eran varios pegándole a mi marido: yo me metí para sacarlo y también me golpearon. Nunca habíamos vivido algo así”, describe. Días después detuvieron a dos activistas socioambientales uspallatinos; luego siguieron trece detenciones, en Mendoza capital y, recientemente, otras nueve.
La ministra de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza, Jimena Latorre, ha expresado que “quienes se manifiestan representan su legítimo pensamiento; quienes no también tienen una postura que es igual de legítima y respetable; en términos cuantitativos, las minorías organizadas no representan la voluntad de las mayorías, a veces silenciosas”.
Además de PSJ Cobre Mendocino, hay más de 70 proyectos mineros en la provincia. El pasado 7 de marzo, más de 20 mil personas desfilaron en contra de la megaminería en la capital mendocina mientras se realizaba la Fiesta Nacional de la Vendimia. “Todos saben que San Jorge es la punta de lanza”, concluye Mercado. “Si pasa, perderemos para siempre nuestra agua pura”.
