La violencia recrudecida amenaza una vez más las ‘curules de paz’

La violencia recrudecida amenaza una vez más las ‘curules de paz’


La guerra que Colombia intenta apagar todavía arde en muchas regiones, ahora en una etapa todavía más fragmentada. Las alertas electorales siguen activas para los territorios más golpeados por un conflicto armado de más de medio siglo, los mismos donde en las legislativas del 8 de marzo se votarán los 16 escaños reservados para representantes de las víctimas. El análisis de los factores de riesgo electoral para las circunscripciones de las llamadas “curules de paz” revela un alarmante aumento en la gravedad de los peligros que atraviesan esas zonas, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), una preocupación que comparte con otras entidades, como la Defensoría del Pueblo. La violencia se recrudece en lugares como Catatumbo o Arauca, en la frontera con Venezuela; Cauca, sobre el corredor del Pacífico; o el selvático departamento de Guaviare, en el sur del país.

Esos 16 escaños –conocidos formalmente como circunscripciones transitorias especiales de paz, o Citrep– están relacionados con los territorios más afectados por la guerra, donde se implementan planes particulares de desarrollo –o PDET, en la jerga gubernamental–. Son casi 170 municipios a lo largo y ancho de Colombia. Compiten cerca de 250 aspirantes –muchos menos que hace cuatro años–, que cuentan con el apoyo de organizaciones sociales, campesinas, étnicas, de víctimas o de mujeres, entre otras.

Pero la violencia acecha. De esos 168 municipios, 103 registran algún nivel de riesgo; 63 de ellos se encuentran en riesgo extremo, de acuerdo con el mapa consolidado de la MOE, en el que coinciden factores indicativos de fraude y de violencia. Si solo se contempla la variable de violencia, las cifras son aún más dramáticas, pues en casi la totalidad de esos territorios hay injerencia de grupos armados ilegales –96,4 %, para ser más precisos–. En regiones donde las disputas entre grupos armados todavía producen un enorme impacto humanitario, la participación de las comunidades no está garantizada y la movilidad de los candidatos para hacer campaña es limitada, entre muchos otros obstáculos.

El deterioro de la seguridad, que incluye el asesinato de todo tipo de líderes sociales, ha sido palpable en la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, que buscó negociaciones simultaneas con todos los actores armados como parte de la desgastada política de paz total. La convulsa región del Catatumbo es un ejemplo ilustrativo de esa violencia recrudecida. Allí, los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y una facción disidente de las extintas FARC dejó al menos 160 muertos y más de 100.000 desplazados desde la arremetida de los elenos hace poco más de un año. Comunidades enteras volvieron a estar atrapadas bajo el fuego cruzado durante las fiestas de diciembre. Otro caso preocupante es el del Cauca, donde no cesan las confrontaciones con otra disidencia, que hace una semana mantuvo secuestrada por varias horas a la senadora Aida Quilcué. O el de Arauca, donde asesinaron a comienzos de este mes a dos escoltas del senador Jairo Castellanos.

Las circunscripciones de paz están concebidas para liderazgos comunales, que muchas veces están más indefensos. “Lo que hemos notado es que esas causas estructurales del conflicto, como se conocen en términos más académicos, persisten en esos territorios; dificultan vías de comunicación, deficiencias en acceso a puestos de votación, coincidencia con economías ilegales, no solo asociadas al narcotráfico, también a la minería ilegal, al tráfico de migrantes, a las extorsiones”, apunta Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE. “Hablamos de territorios rurales donde coinciden distintos actores armados, muchos de ellos en disputa”, recuerda. Además de ampliar la representación territorial en el Legislativo, esas curules también buscan aportar a las medidas de reparación y no repetición contempladas en los acuerdos de paz, así como construir puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado.

“Desafortunadamente tenemos otro elemento que adicionar a esta ecuación, y es la ola invernal”, agrega Rubiano. Cuatro de esas circunscripciones pueden tener cerca de la mitad de su censo electoral afectado por inundaciones y dificultades para el despliegue de logística electoral, explica. Entre ellas está la del sur de Córdoba, una emergencia que ha tenido mucha visibilidad, pero no es la única. Las lluvias también amenazan la del sur de Bolívar, particularmente en municipios como San Pablo y Cantagallo; el municipio de Yondó, en Antioquia; y la del Pacífico Medio, con municipios caucanos como Guapi, Timbiquí y López de Micay.

A pesar del rosario de adversidades, la Cámara de Representantes tendrá un mayor número de lugares, con voces más diversas, por segundo periodo consecutivo. Las víctimas compiten por esos 16 escaños especiales, reservados para ellas, que representan algo más del 10 % de los legisladores. En el papel, la financiación de estas campañas debe ser predominantemente estatal, pero a los problemas se añade el limitado acceso a esa financiación. En ese contexto, también se repiten las denuncias de clanes políticos tradicionales y sus maquinarias electorales que intentan apropiarse de los escaños ideados para las víctimas.

La corta historia de las circunscripciones de paz ha sido accidentada. El acuerdo que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que cumple 10 años en este 2026, se proponía poner a las víctimas en el centro, instalarlas como las mayores beneficiarías de ese pacto tan arduamente negociado. De allí nació la idea de las curules de paz, que tuvieron que superar una larguísima cadena de obstáculos. Una confusa votación en el Senado, en el 2017, provocó una dilatada batalla jurídica, y solo vieron la luz en 2022, con cuatro años de retraso. La principal condición es que solo pueden postularse víctimas registradas. Los partidos están vedados, al menos en teoría. Como proceso electoral, sin embargo, no escapa a riesgos como la abstención, la desconfianza y la cooptación por parte de maquinarias políticas. O incluso las lluvias.