La devastación que ha dejado en Myanmar el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el viernes el sudeste asiático no ha detenido la guerra civil que azota el país desde hace cuatro años. El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por políticos y activistas prodemocracia contrarios a la junta militar en el poder, ha denunciado que el Tatmadaw (el ejército) ha reanudado los bombardeos sobre algunos pueblos controlados por milicias opositoras, a pesar de la catástrofe. Sus afirmaciones han sido respaldadas este domingo por funcionarios de la oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH). “De acuerdo con los informes que estamos recibiendo desde el terreno, menos de una hora después del seísmo, el ejército estaba lanzando ataques aéreos”, ha confirmado James Rodehaver, jefe del equipo de Myanmar de la organización.
“Bombardean a su propia gente, incluso en áreas golpeadas por el terremoto. Casi como si quisieran atacar a quienes intentaban rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros”, ha detallado Rodehaver.
Para afrontar el desastre y facilitar la llegada de ayuda, el NUG ha declarado este domingo un alto el fuego unilateral de dos semanas en las áreas afectadas por el temblor ―la junta militar no se ha pronunciado al respecto―, el más potente en un siglo. El balance de momento asciende al menos a 1.700 muertos, unos 3.400 heridos y 300 desaparecidos, según un comunicado de la junta militar citado por varios medios.
Pese a la creciente necesidad de intensificar las labores de rescate en Myanmar, la espiral de violencia no se ha detenido en el país, uno de los más pobres de Asia. “Pedimos a todos los grupos étnicos y ciudadanos que cooperen de forma activa con el NUG y las fuerzas revolucionarias en la prestación de ayuda integral de rescate y socorro a las víctimas del terremoto”, ha solicitado la oposición a la junta militar en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico. Esta organización se declara la autoridad legítima de Myanmar en la semiclandestinidad.
La ONU había alertado esta mañana de que la grave escasez de suministros médicos dificulta la respuesta a la catástrofe, pero Rodehaver ha ido un paso más allá. Explica que los militares “han sido durante mucho tiempo el principal obstáculo para la asistencia humanitaria y el acceso a las zonas afectadas”. Sus palabras van en línea con las del relator de Naciones Unidas para Myanmar, Thomas Andrews, quien ya había advertido que el régimen del general Min Aung Hlaing ―sobre quien pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional― utiliza como “arma” la ayuda humanitaria, impidiendo que llegue a zonas controladas por la oposición. Andrews ha pedido canalizarla a través del NUG, organizaciones étnicas y grupos de la sociedad civil.
La antigua Birmania (unos 54 millones de habitantes) lleva sumida en el más profundo caos político, económico y social desde el golpe de Estado de 2021. Aquel 1 de febrero, el Tatmadaw derrocó al Gobierno elegido en las urnas y puso fin a diez años de transición democrática liderada por la premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi, quien continúa detenida desde entonces ―ahora, bajo arresto domiciliario―. En los primeros meses tras la asonada, las calles se llenaron de manifestantes pidiendo su liberación. Sin embargo, la brutal represión desatada por la junta militar contra la oposición derivó en una espiral de violencia que, además, exacerbó un conflicto entre el Tatmadaw y las guerras de minorías étnicas que se remonta a varias décadas en el tiempo.
Actualmente, aproximadamente la mitad del territorio está en manos de un mosaico de grupos opositores a la junta militar, mientras que el Tatmadaw ha fortalecido su presencia en las grandes ciudades. La ONU estimaba antes del terremoto que el conflicto había dejado a casi 20 millones de personas sin alimentos ni refugio.
Tras la inusual petición de ayuda a la comunidad internacional que hizo Min Aung Hlaing el viernes, algunos ciudadanos citados por medios independientes esperaban un respiro a la guerra civil. Pero no ha sido así. Fuentes del NUG han asegurado a este diario que el sábado por la tarde aviones de la junta militar continuaron los bombardeos en el Estado de Shan y en la región de Sagaing, ambas afectadas por el seísmo.
La escasa información oficial que sale de Myanmar contrasta con los datos que facilita Tailandia sobre las consecuencias del sismo en su territorio. La fuerte sacudida llegó hasta Bangkok, la capital, a más de 1.000 kilómetros de distancia. Allí toda la atención está puesta en la operación para salvar a las 15 personas que se cree continúan atrapadas con vida bajo los escombros de un rascacielos que estaba en construcción y que se derrumbó como un castillo de naipes en el momento de la sacudida. Los equipos de salvamento apuran los esfuerzos a contrarreloj, mientras se agota la ventana crítica de 72 horas para hallar supervivientes. Este domingo, el Gobierno metropolitano ha confirmado la muerte de 18 personas en la ciudad. La mayoría de las víctimas (11) eran obreros que trabajaban en la edificación del mencionado inmueble de 33 plantas. Las autoridades han abierto una investigación sobre el derrumbe. Según la última cifra oficial, también hay 33 heridos y 78 desaparecidos.
Pero desde Myanmar, una nación que ha estado prácticamente aislada del mundo desde la asonada, la información llega a cuentagotas. No obstante, el sábado permitieron el ingreso de cientos de rescatistas extranjeros. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) advierte de que las operaciones se han visto obstaculizadas por los enormes desperfectos en carreteras e infraestructuras.
“Aunque aún estamos conociendo el alcance total de los daños, la mayoría de nosotros nunca habíamos visto una destrucción de este calibre. Hay un nivel muy alto de estrés y ansiedad, ya que muchas personas intentan localizar a sus familiares mientras se propaga desinformación en las redes sociales”, apunta Haider Yaqub, director de Plan International en Myanmar, quien se encuentra actualmente en Yangón.
“Los daños en la autopista que conecta Yangón, Naipyidó y Mandalay han provocado interrupciones en el servicio, con grietas y desniveles en la calzada que han obligado a suspender las operaciones de los autobuses”, ha informado la OCHA en un comunicado. Esta agencia también ha confirmado que los hospitales en el centro y noroeste de Myanmar (la zona más afectada tras el seísmo) tienen dificultades para atender al aluvión de heridos.
Federica Franco, directora de la misión de Médicos Sin Fronteras en el país, también ha aseverado que la situación es “muy complicada” para los equipos de rescate porque “hay importantes cortes de comunicación”. El relator de Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews, ha advertido que el régimen de Min Aung Hlaing ―sobre quien pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional― utiliza como “arma” la ayuda y ha pedido canalizarla a través de la oposición democrática y los grupos rebeldes.
Un equipo de rescatistas chinos ya se encuentra en territorio birmano. Rusia, Malasia y Singapur también han enviado aviones cargados de suministros y personal, y desde la India han partido varios barcos con 40 toneladas de ayuda humanitaria. Además, está previsto que hoy lleguen 17 camiones de la OCHA con suministros médicos y de refugio para hacer frente a la escasez actual de medicamentos, anestésicos y reservas de sangre de emergencia.
Imágenes satelitales publicadas por Maxar Technologies han revelado el nivel de destrucción en Sagaing, a 16 kilómetros del epicentro, y en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, y a 17,2 kilómetros del núcleo del terremoto. Es en esta última en la que se prevé que los estragos de la tragedia serán mayores. Las fotos, capturadas el sábado, muestran daños en pagodas, templos y edificios residenciales, además de en el puente de Sagaing, que colapsó sobre el río Irrawaddy. El NUG indicó en una evaluación inicial que al menos 2.900 edificios, 30 carreteras y siete puentes han sufrido daños.
Por segunda noche consecutiva, miles de personas han dormido a la intemperie en distintos puntos de la nación, temerosos de que se produzca otro temblor. Los médicos de uno de los principales hospitales de la capital, Naipyidó, también se han visto obligados a tratar a sus pacientes en la calle, recoge el servicio regional de la BBC.
Una proyección del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calcula que la cifra de fallecidos podría rebasar los 10.000, y que las pérdidas materiales podrían superar la producción económica anual del país. Kyi Minn, director de la ONG World Vision Myanmar, estima que “llevará años” reconstruir algunas de las zonas más afectadas.
