En una nueva actualización de su informe sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, presentada este martes en Ginebra, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) reveló que la copresidenta Rosario Murillo es la artífice de un esquema de “financiamiento corrupto de la represión y una red de espionaje contra exiliados”. A través de al menos 13 proyectos ficticios utilizados para saquear partidas públicas destinadas a asistencia social se financiaron, especialmente, los grupos paramilitares que, en conjunto con la Policía, asesinaron a más de 350 personas durante las protestas de 2018.
En el informe, que se basa en decenas de entrevistas y una amplia evidencia documental, el Grupo de Expertos sobre Nicaragua documenta cómo fondos públicos han sido desviados para financiar la represión a través de la creación de una estructura paralela dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), “diseñada para canalizar el financiamiento para operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias”.
“Algunos de los fondos gubernamentales destinados para asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos fueron redirigidos para financiar operaciones de seguridad violentas, incluido el operativo represivo contra las protestas de 2018, conocido como Operación Limpieza. “El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, dice el informe que cifra esa operación que desarticuló las protestas en un costo de cinco millones de dólares.
Murillo, a través de su principal operador político, el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, instruyó a ministerios y alcaldías a saquear partidas públicas, como las de ‘asistencia social’. En departamentos como Managua, Masaya y Matagalpa se inventaron al menos 13 proyectos ficticios de “limpieza” o “ayuda humanitaria”, precisa el documento que construye un expediente sobre los crímenes de lesa humanidad achacados a la pareja copresidencial.
Testigos confirmaron al Grupo de Expertos que ninguna de estas obras alegadas en las partidas presupuestarias se realizó. En su lugar, el dinero, junto con los gastos operativos de combustible y viáticos, se usó para pagar la logística, el transporte y la comida de los grupos paramilitares. Otro dato llamativo es que, incluso, en esa operación de desvío de fondos ha existido nepotismo y corrupción. El informe señala a una empresa ligada a un familiar de Murillo como el principal proveedor de alimentos para suplir a la legión de paramilitares que, en la actualidad son más de 76.000 miembros.
“Nosotros sí estamos acostumbrados a ver la utilización de fondos públicos con fines represivos cuando se trata del aparato estatal, pero a la hora que vas encubriendo el financiamiento como ha sucedido en este caso, tenés un indicador muy fuerte de que las propias operaciones también son operaciones encubiertas”, dijo Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos.
El informe detalla que en la actualidad, Fidel Moreno coordina el encubrimiento del desvío de fondos junto a un equipo de extrema confianza integrado por expertos en auditoría y finanzas, miembros de alto nivel del Frente Sandinista y personal de la Alcaldía de Managua. Su función principal consiste en transmitir y supervisar el cumplimiento de las instrucciones dictadas por Murillo, para lo cual han establecido mecanismos contables diseñados específicamente “para ocultar la financiación de las actividades represivas”.
Fondos para vigilar exiliados
El informe también detalla una extensa arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia utilizada “para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero”, detalla el documento. Antes de entrar en materia, los expertos recuerdan que el régimen copresidencial ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más de exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos y ha impedido a muchos regresar a Nicaragua.
“Otras personas han enfrentado vigilancia, hostigamiento, campañas de difamación, uso indebido de mecanismos de INTERPOL, confiscación de propiedades y castigos por asociación contra familiares que se encuentran en el país”, denuncian. “Se han reportado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluido el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y crítico del gobierno, Roberto Samcam”.
El informe documenta una estructura de inteligencia de múltiples niveles integrada por el ejército, la policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones, TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del sandinismo. “La vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing) han sido utilizados para silenciar a personas críticas”, resaltan.
Para finalizar, el grupo señaló que el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, mientras ocupaba importantes cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023, formó parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países, especialmente en Costa Rica.
“Las estructuras diplomáticas y consulares han sido instrumentalizadas para rastrear, monitorear e intimidar a nicaragüenses en el exilio”, insistió por su parte Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. “Se trata de una política deliberada para eliminar la disidencia dondequiera que se encuentre”.
La actualización del informe ocurre en un momento en que Estados Unidos ha aumentado su presión hacia el régimen sandinista, personalizando sus críticas en la copresidenta Murillo, considerada el poder real en la actualidad, en detrimento de un Ortega anciano y con menos poder de incidencia.
