En el corazón de la frontera norte, a apenas dos kilómetros del casco urbano de la localidad salteña de Aguas Blancas, la finca Karina se había transformado en un punto clave para el contrabando entre Argentina y Bolivia. Desde la Ruta Nacional 50, un camino rural conducía hasta una playa del río Bermejo, preparada especialmente para recibir gomones que cruzaban de un país al otro sin control aduanero.
El flujo era constante: cargas que llegaban desde Bolivia con mercadería de todo tipo –electrodomésticos, indumentaria, perfumes, alimentos y artículos de electrónica, entre otras cosas–, y despachos en sentido inverso hacia el país vecino. Las imágenes captadas por drones y la infiltración de un agente revelador mostraron una postal sorprendente: decenas de camionetas y autos estacionados en la ribera, mientras lanchas inflables iban y venían cargadas de bultos.
Según el fiscal federal de Orán, Marcos Romero, la organización había diseñado un sistema de cobros que garantizaba ingresos millonarios. Y en efectivo. En el acceso a la finca, cada vehículo debía pagar 2 mil pesos para poder ingresar. En la playa, se cobraban mil pesos por cada bulto descargado o cargado en los gomones. Con un promedio de 300 vehículos diarios, cada uno transportando alrededor de diez bultos, la recaudación por esta vía alcanzaba 3 millones de pesos por día.
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A esto se sumaba otra fuente de ingresos: los seis puestos de comida que funcionaban dentro del predio. Sus dueños debían abonar 20 mil pesos diarios por permiso de explotación. Este servicio, pensado para abastecer a cargadores, choferes y “pasadores”, agregaba casi 720 mil pesos semanales al circuito ilegal.
El cálculo oficial refleja la dimensión del negocio: con la actividad operando seis días a la semana, las ganancias diarias totales llegaban a 3.720.000 pesos. Proyectado a un año, el negocio superaba los 2.975 millones de pesos, según un informe conjunto de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Todo en familia. La finca Karina fue adquirida en febrero por Gladis Salazar a cambio de 20 millones de pesos, en una operación difícil de justificar para su perfil patrimonial. El vendedor –curiosamente– era su hermano Alfredo Salazar, radicado en Bolivia y señalado como uno de los principales operadores del contrabando.
Junto a esta propiedad, el grupo controlaba un segundo terreno lindero a la playa del río, registrado a nombre de una mujer fallecida, Blanca Cortez, y objeto de un litigio de prescripción adquisitiva iniciado por José Cardozo, padre de tres de los imputados. Según explicaron los investigadores, este doble dominio les permitía monopolizar tanto el acceso desde la ruta como la zona de carga y descarga, cerrando así el circuito de control territorial.
La administración diaria estaba a cargo de José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, y Pedro Rivero, quienes organizaban el tránsito, verificaban pagos y supervisaban el embarque y desembarque de la mercadería. También se detectó que coordinaban envíos hacia Bolivia, aunque en menor escala.
La presencia de María Laura Tintilay, una agente de la policía provincial, como encargada de uno de los puntos de cobro durante el operativo revela también la capacidad de la organización para infiltrarse en las fuerzas de seguridad locales.
De acuerdo a los voceros, el esquema incluía “soldados” que avisaban de posibles controles, además de personal encargado de vigilar el perímetro y garantizar el orden en las zonas de carga. Todo estaba organizado para maximizar la velocidad del cruce y reducir el tiempo de exposición de la mercadería.
La investigación comenzó el 26 de mayo pasado, cuando empezaron a notar la cantidad de ingresos a la finca Karina. Las tareas de campo de la Unidad de Delitos Complejos de Gendarmería incluyeron vigilancia, seguimientos y registros audiovisuales. El uso de un agente revelador permitió obtener pruebas directas sobre el flujo de vehículos y bultos, así como identificar a los encargados de la operación.
Con la evidencia reunida, la jueza federal interina de Tartagal, Ivana Hernández, ordenó el allanamiento de la finca y de otras viviendas en Orán. El procedimiento, realizado el 4 de agosto, movilizó a 170 efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Salta, Aduanas y ARCA.
Los once sospechosos detenidos fueron procesados con prisión preventiva, acusados de asociación ilícita y contrabando agravado. La magistrada también dispuso la clausura de la finca y la instalación de una consigna permanente de Gendarmería, con el objetivo de impedir que el paso clandestino vuelva a operar.
El negocio del contrabando en números
R.P.
El paso clandestino que operaba en la finca Karina en Aguas Blancas generaba ingresos millonarios para la organización criminal que lo administraba. El esquema era simple pero altamente rentable: todo vehículo que ingresaba debía pagar 2 mil pesos, mientras que cada bulto descargado o cargado en los gomones costaba otros mil pesos. Con un promedio diario de 300 vehículos y diez bultos por rodado, la recaudación por esta vía superaba los tres millones de pesos por día. A esa cifra se sumaban los pagos de seis puestos de comida instalados en el predio, que abonaban 20 mil pesos diarios por permiso de explotación, lo que agregaba 120 mil pesos más por jornada.
Con el paso operativo seis días a la semana, las ganancias totales alcanzaban los 3.720.000 pesos diarios, es decir, cerca de 229 millones de pesos al mes. El cálculo anual, según un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas, proyectaba un movimiento económico de casi 3 mil millones de pesos. Todo el dinero circulaba en efectivo, lo que dificultaba su trazabilidad y facilitaba la reinversión en la misma estructura ilegal.
