La abogada y militante revolucionaria venezolana María Alejandra Díaz ha informado a través de un comunicado en sus redes sociales que en enero pasado se refugió en la embajada de Colombia en Caracas, tras meses de persecución y asedio de las fuerzas de seguridad. La dirigente ha denunciado que, pese a que, desde entonces, había recibido asilo diplomático, según le comunicó verbalmente el embajador Milton Rengifo, hasta el momento no ha recibido el salvoconducto que requiere para salir de Venezuela con protección diplomática.
“Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) antiterrorismo, me presenté en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del Gobierno nacional. Fui recibida por el propio embajador y entrevistada por el segundo secretario, quien además es el abogado asignado al caso, y quien me entrevistó y dejó asentada mi petición formal y el relato correspondiente. En fecha 13 de enero de 2025, verbalmente el embajador me notifica que el asilo fue concedido y que el día 12 de enero Cancillería venezolana fue notificada de la decisión por la Cancillería colombiana”, relata Díaz en el mensaje colgado en su cuenta de X. También señala que durante casi siete meses cumplió con las condiciones que implicaban el resguardo en la sede diplomática como abstenerse de emitir opiniones sobre la política interna y “petitorio expreso de guardar silencio” que le hizo el embajador colombiano.
Hasta 2017, Díaz estaba alineada al Gobierno. Fue miembro de la Asamblea Constituyente que Nicolás Maduro convocó saltándose varias normativas para defenestrar al Parlamento luego de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños. Incluso llegó a ser ácida y recurrente oradora en los programas de la televisora estatal, que son parte de la artillería mediática que el chavismo dispara a diario contra sus oponentes. Luego se fue distanciando del chavismo en el poder junto con viejos aliados de la llamada revolución bolivariana como el Partido Comunista de Venezuela y otros sectores de izquierda que han quedado fuera del bloque que orbita en torno al partido oficial.
Después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, Díaz se hizo más incómoda para el Gobierno cuando exigió a finales de 2024, a través de un recurso de amparo al Tribunal Supremo de Justicia, que se mostraran las actas y la correlación de votos a nivel regional y local que avalaran el resultado anunciado esa noche por las autoridades electorales con el que Maduro se reeligió para un tercer mandato. En la acción la acompañaron otros disidentes del chavismo y el ex candidato presidencial y opositor de tendencia moderada, Enrique Márquez, que tiene más de seis meses preso.
El intento de Díaz por dirimir por la vía judicial la crisis en la que entró Venezuela hace ya un año se fue en su contra. El Supremo consideró el procedimiento adelantado por Díaz como “una temeridad”, y “un irrespeto”, sobre un tema ya juzgado, y justificó el castigo a Díaz “dados los graves señalamientos advertidos en la presente acción de amparo constitucional, los cuales cuestionan la potestad que ostenta la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y además pretenden generar zozobra y conmoción en la población”. La multaron y ordenaron su inhabilitación para el ejercicio legal.
A finales de julio, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, refirió en un informe que formuló al Gobierno venezolano cinco preguntas sobre el caso de Díaz y no obtuvo respuestas y advirtió que el hostigamiento permanente y las sanciones disciplinarias y económicas en su contra “parecen formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos, presentan acciones de nulidad contra normativas contrarias a los derechos humanos y entablan demandas contra funcionarios que podrían estar involucrados en violaciones de derechos humanos por acción u omisión”.
Esta declaración de la relatora de Naciones Unidas, según el mensaje publicado este martes por Díaz, es lo que la ha llevado a denunciar públicamente su situación sobre la que añade que hace dos meses se le informó verbalmente en la embajada que el Gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto “porque no existía ninguna persecución” en su contra. La abogada exige que se le otorgue el salvoconducto y añade que por “instrucciones del embajador” y “sin respuesta formal, más allá de las comunicaciones verbales, se han realizado varias reuniones con funcionarios de la embajada en Caracas, buscando una solución al tema”. Asegura que todas las propuestas han sido rechazadas por no garantizan su seguridad para salir de la residencia del embajador en Caracas.
La denuncia de Díaz podría complicar las relaciones entre ambos países, aunque quizás no de la manera en que ocurrió hace un año en la embajada argentina en Caracas, donde durante más de un año estuvieron refugiados dirigentes cercanos a la líder opositora María Corina Machado, una situación que se vio complicada tras la ruptura de las relaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Maduro. Las fuerzas de seguridad asediaron durante meses la sede diplomática y los refugiados salieron tras una operación de rescate en la que Estados Unidos aseguró haber participado.
En el comunicado, Díaz agradece al presidente Gustavo Petro por haberle otorgado el asilo —del que, insiste, solo tiene una comunicación verbal del embajador Rengifo— y pide que se atienda su caso en virtud de los convenios internacionales que rigen esta materia y del reciente acuerdo firmado entre Venezuela y Colombia para la creación de la zona binacional, “como muestra de una paz duradera que empieza por el respeto a las leyes internacionales”.
