La defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha presentado este lunes una acción de tutela para suspender la detención de su cliente. En un escrito radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el abogado Jaime Granados ha argumentado que el fallo condenatorio del pasado viernes viola “los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad”. Su objetivo, a través de este mecanismo excepcional, es obtener una respuesta rápida de la justicia mientras se tramita la sustentación de la apelación, que presentará el miércoles 13 de agosto.
El viernes pasado, la jueza Sandra Heredia dictó 12 años de prisión domiciliaria a Uribe, con detención inmediata. Lo hizo con varios argumentos. Señaló que dejarlo en libertad daría un mensaje de impunidad ante la sociedad y afectaría “la convivencia pacífica y armónica de los ciudadanos”. “[Una detención] evita la percepción negativa de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena”, se lee en el fallo. Fue demoledora en sus críticas a Uribe, a quien ha acusado de obstaculizar a la justicia con diferentes artimañas: “Se trató de un agravio que amerita una postura ejemplarizante, de garantizar que la administración de justicia no sea objeto de manipulación”.
La tutela señala que la privación de la libertad de los procesados debe ser excepcional cuando aún no hay sentencia en firme, como es el caso de la condena de Uribe en primera instancia. Granados considera que la jueza fue “totalmente ambigua” respecto a cómo la libertad del expresidente afectaría la convivencia ciudadana y que el argumento de evitar futuros delitos es “una clarísima negación” de la presunción de inocencia. “No se puede poner la libertad de Álvaro Uribe al servicio de la ‘calma social’, pues ello constituiría una instrumentalización inaceptable de la persona en un Estado Social de Derecho”, se lee en su solicitud.
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