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Mientras que las discusiones en torno a los usos de la inteligencia artificial (IA) que circulan por los medios se circunscriben a impactos sociales, culturales y educativos, hay hoy un tema urgente que merece su espacio en los titulares: cómo crecen los desafíos geopolíticos y ambientales en países del sur global, como en Argentina, con grandes extensiones de territorio y recursos naturales disponibles. Ya se habla no solo de la burbuja de la IA, sino también de la capacidad de estos monstruos de chupar energía. Las cinco Big Tech invertirán 736 millones de dólares entre 2025 y 2026, según Goldman Sachs, y la Agencia Internacional de Energía dice que, para el 2030, absorberán alrededor del 20 % de la demanda global de energía.
Cuando el año pasado se anunció la posibilidad de la construcción de un data center de OpenAl en la Patagonia, no fueron pocas las voces que alertaron sobre la pérdida de soberanía digital, además de los costos ambientales. Esta inversión se da en el marco del polémico RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), impulsado por el actual Gobierno, que le quita al Estado nacional herramientas para exigir estándares ambientales, fiscales y de producción local, y que para muchos críticos no es más que un plan paulatino de entrega de recursos argentinos al mejor postor extranjero.
De hecho, se está discutiendo en el Congreso una reforma de la Ley de Glaciares que podría habilitar actividades hoy prohibidas en zonas protegidas como minería y obras de infraestructura, y que constituye un grave retroceso.
Yas García, directora de IA y datos para la Fundación Conocimiento Abierto y Jump Educación, lamenta la falta de transparencia de las negociaciones público-privadas. “Suele ser poco transparente porque mezcla uso de suelo, obras de red eléctrica, contratos de energía, beneficios fiscales (depende del país) y compromisos de empleo, pero bajo confidencialidad comercial”, critica. Agrega que el lanzamiento de Stargate Argentina con Sur Energy y Open AI simula una puerta de empleo, pero en realidad la fuerza laboral será, en un principio, para la construcción. “Es un punto favorable, pero no escalable. Luego permanecerá un equipo reducido”. La incógnita para ella es qué dice la letra pequeña de los verdaderos acuerdos. “¿Tierra?, ¿energía?, ¿quién paga las obras?”, se pregunta.
En un contexto en que las empresas se apresuran a hacer tratos circulares (OpenAI le paga a Oracle por capacidad informática, Oracle a Nvidia por chips y Nvidia invierte millones en OpenAI) y en que buscan cerrar contratos antes de que explote la burbuja, ya no parece exótica la idea de construir un data center en casi cualquier lugar, sean los Polos o hasta el espacio exterior.
Según Milagros Miceli, socióloga y doctora en ingeniería informática en DAIR Institute y Weizenbaum-Institut, la construcción de data centers juega un papel crucial en el convencimiento a los inversores. “El data center es un lugar tangible que se le puede mostrar a un inversor para decir ‘estamos haciendo algo’. La construcción de data centers es un poco inseparable del tema de la burbuja de la IA, que definitivamente es una burbuja y que como tal se sostiene con una promesa: hay que invertir porque esto va a mejorar todo, porque esto va a revolucionar la industria”.
Miceli también resalta que, si bien desde un punto de vista técnico podría pensarse a los sistemas de automatización no como devoradores de energía y datos, sino como algo más sostenible, esto requeriría crear sistemas con menos datos, más cuidados y con infraestructuras mucho más pequeñas. “Pero esta no es la mentalidad que prima en la industria de la inteligencia artificial, sobre todo en Occidente, sobre todo en Silicon Valley”, lamenta.
Pero más allá de la mentalidad en el exterior, aquí las cosas no son mejores. Si afuera las grandes empresas no encuentran incentivos para suavizar el impacto ambiental que conlleva la instalación de estos centros, o marcos legales que las obliguen, en Argentina el proyecto político de “desregulación” se presta no solo para que el entramado de negociación no sea transparente, sino para beneficiar precisamente la falta de controles en todo el espectro.
Hace apenas unas semanas, el Ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, comentaba públicamente —y contra tendencia a lo que sucede inclusive en el norte global— que su única tarea es que no aparezca una regulación con respecto a la IA. ¿Qué tipo de salvaguarda de algún tipo se puede esperar entonces?
Dependencia digital
Hay más riesgos para considerar aparte de los ambientales y más allá de si va a haber más claridad sobre las condiciones de desarrollo de la infraestructura y el uso de los recursos locales. Estamos hablando de algo muy importante que ya se advierte desde Nadia (Nodo Argentino de Inteligencia Artificial) en un manifiesto que publicaron: nuestra autonomía y nuestro rol en la cadena global de valor de la IA para no terminar como un mero “depósito” de data centers.
¿Qué gana Argentina con esto? Es una pregunta indispensable y extrapolable a toda la región, ya que hablar de producción de infraestructura y tecnología desde el Sur es uno de los mayores desafíos. “La soberanía digital no es negarse a inversiones: es negociar de forma que haya control, transparencia, retornos locales y protección de derechos”, contextualiza García. “Argentina tiene el potencial para ser un receptor de los grandes poderes de la tecnología, pero debemos fijar condiciones ahora como precedente regulatorio que quede instalado”.
¿Podemos entonces pensar en alternativas que sean más soberanas? ¿Y cómo se vería esa inversión en autonomía real? García asegura que para Argentina hay posibles empresas que pueden liderar una estrategia de soberanía, como YPF y Arsat, en el ámbito energético. “Pero la soberanía digital no la lidera un solo actor: requiere una estrategia país”, comenta.
“Necesitamos un ancla pública de infraestructura y conectividad, un sistema energético que garantice adicionalidad renovable y flexibilidad sin competir con la demanda local, y una serie de capacidades —universidades, ciencia y sector productivo— para capturar valor”, cierra. “Si solo atraemos máquinas sin construir capacidades, nos volvemos territorio de cómputo y no productores de tecnología”.
