El Departamento de Justicia de Donald Trump ha reconocido ante un juez que utilizó un argumento incorrecto para defender los arrestos de inmigrantes en tribunales, una práctica central en su estrategia migratoria reciente y que ha sido duramente cuestionada por organizaciones de derechos civiles. La admisión, presentada el pasado martes en una corte federal de Nueva York, es un golpe directo a la defensa legal de la Administración republicana en un caso que examina la detención de personas que acudían a audiencias obligatorias como parte de sus procesos migratorios.
Durante meses, el Departamento de Justicia sostuvo que estas detenciones estaban respaldadas por una guía interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la cual fue citada repetidamente para justificar la presencia de agentes en tribunales y los arrestos. Sin embargo, esa base se desmoronó esta semana, cuando los propios fiscales federales reconocieron ante el tribunal que su interpretación era errónea y que el documento nunca fue aplicable a este tipo de operativos.
“Nos dirigimos a ustedes con todo respeto y con gran pesar para corregir una afirmación errónea de hecho que el Gobierno presentó ante el tribunal y los demandantes”, escribió Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en una carta dirigida al juez Kevin Castel. En esa misma comunicación, el Gobierno admitió que el memorando en cuestión “no se aplica ni se ha aplicado nunca a las medidas de control de inmigración en el ámbito civil que se lleven a cabo en o cerca de” cortes de inmigración, según documentos judiciales, lo que deja sin sustento uno de los pilares de su defensa.
Documentos del caso también muestran que abogados del ICE habían sostenido previamente lo contrario, utilizando el memorando como justificación para una política que ha derivado en miles de arrestos. De acuerdo con los nuevos señalamientos, el documento “no autoriza ni ha autorizado nunca” detenciones cerca de tribunales migratorios, pese a que fue presentado como respaldo legal durante el litigio, lo que abre cuestionamientos sobre la validez de decisiones judiciales previas basadas en ese argumento.
La práctica comenzó a expandirse el año pasado, cuando agentes federales empezaron a detener a migrantes dentro de tribunales o inmediatamente después de sus audiencias, en algunos casos apenas minutos después de comparecer ante un juez. Esto implicaba que personas que estaban siguiendo el proceso legal —presentándose voluntariamente a sus citas— terminaban siendo detenidas, lo que generó alarma entre abogados y defensores, quienes argumentan que la política socava el principio básico de acceso al debido proceso.
Para organizaciones de derechos civiles, la reciente admisión refuerza sus denuncias. “Es, una vez más, otro ejemplo del descarado desprecio de ICE por las vidas de los inmigrantes en este país. Ahora está más claro que nunca que no hay justificación alguna para tender emboscadas y detener a personas que se presentan ante los tribunales”, dijo Amy Belsher, abogada de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, a la prensa.
Ese impacto, sostienen los demandantes, ha sido profundo y extendido. “En los meses transcurridos desde que el tribunal se basó en la declaración del Gobierno para denegar a los demandantes medidas cautelares, los demandados han seguido deteniendo a personas no ciudadanas durante sus audiencias en los tribunales de inmigración, lo que ha dado lugar a su internamiento, a menudo en centros situados a cientos de kilómetros de distancia”, señalaron los abogados en una presentación ante el juez, describiendo cómo las detenciones han dificultado la defensa legal de los afectados y la continuidad de sus casos.
El propio Gobierno reconoció además que el error se detectó en una etapa avanzada del litigio, cuando ya se habían invertido recursos significativos en el caso. “Lamentamos profundamente que este error haya salido a la luz en una fase tan avanzada, después de que las partes hayan dedicado una cantidad considerable de recursos y tiempo a litigar este caso”, escribió la fiscal asistente Tomoko Onozawa, aunque afirmó que el fallo no se debió a una falta de diligencia por parte de los abogados involucrados.
A partir de esta corrección, fiscales federales indicaron que partes clave del caso deberán ser reconsideradas, incluyendo argumentos previos y decisiones del tribunal que se apoyaron en la interpretación errónea del memorando. Entre ellas destaca una resolución de septiembre en la que el juez Castel rechazó bloquear los arrestos, en parte basándose en la idea de que la guía del ICE permitía este tipo de acciones, lo que ahora podría reabrir el debate legal.
A pesar de la admisión, el Gobierno mantiene su postura. En sus presentaciones, los fiscales sostienen que retirar el argumento basado en el memorando no altera su posición de que los arrestos en tribunales migratorios son legales bajo otras interpretaciones jurídicas, lo que sugiere que la batalla legal continuará mientras el caso es reevaluado a la luz de este error que pone en cuestión la base de miles de detenciones en todo el país.
