El Tribunal Supremo de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión a los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão por haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en marzo de 2018 en Río de Janeiro.
Tras casi ocho años de incertidumbre, la justicia determinó por unanimidad que los políticos planearon el atentado para proteger sus intereses económicos vinculados a las milicias paramilitares. El fallo, que responde a la histórica pregunta de “¿quién mandó matar a Marielle?”, castiga tanto a los autores intelectuales como a la red de corrupción policial que obstruyó la investigación durante años.
La sentencia de los hermanos Brazão no es solo una condena penal; es un radiografía de la corrupción estructural en el estado de Río de Janeiro. Chiquinho, exdiputado federal, y Domingos, consejero del Tribunal de Cuentas, fueron hallados culpables de liderar una organización criminal dedicada a la explotación ilegal de tierras. Según el juez instructor, Alexandre de Moraes, el asesinato “fue una respuesta directa a la labor política de Franco”, quien representaba un obstáculo para los negocios inmobiliarios de las milicias en las zonas pobres de la ciudad. El objetivo fue eliminar a la dirigente que denunciaba la expansión de las milicias —estructuras criminales integradas por expolicías y agentes de seguridad— y frenar su influencia política.
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El tribunal también impuso una indemnización de siete millones de reales (1,4 millones de dólares) para las familias de las víctimas, subrayando que el crimen estuvo teñido de misoginia y racismo, al considerar que los acusados subestimaron la repercusión que tendría la muerte de una mujer negra de origen humilde.
Uno de los puntos clave del juicio fue la condena a Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río. Aunque fue absuelto del asesinato por falta de pruebas directas, recibió una pena de 18 años de cárcel por corrupción y obstrucción a la justicia. Se comprobó que Barbosa estaba a sueldo de los Brazão y utilizó su cargo para sabotear las pesquisas desde el primer día, garantizando la impunidad de los autores intelectuales durante casi una década.
Otros implicados también recibieron condenas en el mismo proceso. El expolicía militar Ronald Paulo Alves fue sentenciado a 56 años de prisión por realizar tareas de vigilancia y reportar los movimientos de la concejala la noche del atentado. Robson Calixto Fonseca, señalado como intermediario entre los hermanos Brazão y la estructura miliciana, recibió una pena de nueve años por pertenencia a organización criminal armada.
El autor material de los disparos ya había sido condenado en 2024 a 78 años de prisión, tras confesar su participación en el ataque que terminó con la vida de Franco y Gomes. Su declaración fue considerada determinante para reconstruir la cadena de mando y avanzar sobre los responsables intelectuales del crimen.
Marielle, el legado
Marielle Franco era concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), activista LGTB+ y defensora de los derechos humanos, se convirtió tras su muerte en un símbolo global de resistencia. Su hermana, Anielle Franco, actual ministra de Igualdad Racial, presenció el veredicto desde la primera fila del tribunal.
El caso fue juzgado en el Supremo porque uno de los acusados, João Francisco “Chiquinho” Brazão, tenía fuero parlamentario. La investigación expuso las conexiones entre sectores de la política, las fuerzas de seguridad y el crimen organizado en el estado de Río de Janeiro.
La jueza Cármen Lúcia, única mujer en el estrado, cerró su voto con una reflexión: “¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”. Con este fallo, el sistema judicial brasileño cerró uno de los capítulos más emblemáticos de violencia política reciente en el país.
GD
