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Por un lado, el actual rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, que aspira a un nuevo mandato. Del otro, dos decanos de esa misma casa de estudios, que son del mismo espacio político, pero que ahora buscan quedarse con el rectorado.

En el medio crece una polémica que ya llegó a la Justicia y que tiene como telón de fondo el presupuesto que recibe esa universidad del Estado nacional, más las prometedoras regalías de la Minera Alumbrera, que pronto se reactivará.

El revuelo comenzó la semana pasada, cuando los decanos Miguel Ángel Cabrera -de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología- y Virginia Abdala -de Ciencias Naturales- presentaron una demanda ante la Justicia Federal para que determine si Pagani puede volver a postularse.

Pagani fue vicerrector en el período anterior (2018-2022) y actualmente ocupa el rectorado (2022-2026). En su presentación judicial, los decanos sostienen que el nuevo Estatuto de la UNT, aprobado en 2024, impide expresamente que Pagani acceda a un tercer mandato.

La demanda cita un artículo que establece que el rector y el vicerrector duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente una sola vez. También indica que quienes hayan sido reelectos o hayan sucedido en la fórmula deben esperar al menos un período para volver a presentarse.

Según explicó a Clarín Manuel Gonzalo Casas, abogado patrocinante de los decanos, la presentación es “una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad”, una herramienta jurídica que busca despejar dudas y anticiparse a un eventual conflicto si Pagani finalmente decide competir.

Las elecciones en la UNT están previstas para el 20 de mayo, pero el cierre de listas será el 29 de abril, por lo que los tiempos corren. Gonzalo Casas afirmó que la demanda se inició a raíz de declaraciones periodísticas en las que Pagani sostuvo que el estatuto lo habilita a presentarse a un nuevo mandato. En declaraciones anteriores, había afirmado lo contrario.

“En la Asamblea en la que se aprobó el nuevo estatuto se debatió la posibilidad de introducir una cláusula de transición que implicara reiniciar el conteo de los mandatos. Pero esa moción perdió por amplia mayoría. Además, el estatuto incorporó otra cláusula que establece que quienes estén cumpliendo su segundo período como rector o vicerrector deberán concluir su mandato en mayo de 2026”, señaló el abogado Gonzalo Casas.

El letrado también explicó que solicitaron una medida cautelar para que la UNT no tramite ni oficialice fórmulas con candidatos que ya hayan cumplido dos mandatos consecutivos en el rectorado.

Tanto Pagani como sus rivales Cabrera y Abdala integran un amplio frente político que reúne radicales y peronistas, con mayoría de dirigentes vinculados a la Franja Morada.

Clarín habló con Pagani. Consultado sobre la controversia, dijo que le parece “excelente” la presentación de los decanos “para despejar las dudas”.

“Si esta gente tiene dudas, en buena hora que la Justicia o quien corresponda las disipe. Que no haya sospechas de ningún tipo”, afirmó.

El rector explicó que en la UNT el rectorado no se elige por voto directo. Estudiantes, profesores y graduados votan a sus representantes en los claustros, y luego esos consejeros determinan quién será rector en una Asamblea del Consejo Superior que se realiza después de las elecciones.

Por eso, sostuvo que más que la Justicia será finalmente esa Asamblea la que deberá definir cómo se aplica el Estatuto y si él puede aspirar a un nuevo mandato.

Pagani evitó confirmar si se presentará como candidato. “Permítame no responderle. Lo mandaría a que le pregunte a quien hizo la presentación, porque evidentemente tiene más información que yo”, ironizó.

Luego insistió en que su objetivo es que la situación quede aclarada. “Mi posición es que las cosas sean lo más claras y transparentes posible. Que nadie tenga dudas ni sospechas, mucho menos sobre mi persona. Por eso estoy de acuerdo con la presentación”, señaló.

También planteó qué podría ocurrir si finalmente un fallo judicial le impide competir por un tercer mandato. “Ese artículo no habla de mí específicamente. En algunas facultades podría suceder lo mismo con decanos o consejeros. Involucra a otras personas que estarían en las mismas condiciones”, señaló.

“Por eso alguien lo tiene que interpretar y definir si se puede o no se puede, en estas condiciones. También puede ocurrir que la Justicia diga que no tiene competencia y que lo resuelva la propia universidad con sus mecanismos. No sé qué dirán”, añadió.

– Ahora, ¿por qué usted declaró en un momento que no podía presentarse, que no estaba habilitado?

– Declaré eso porque en algún momento me basé en la literalidad del Estatuto viejo. Pero ahora tenemos uno nuevo desde 2024. Ese texto surgió después de diez años de discusión. Pasaron tres gestiones rectorales y fue debatido por muchos consejeros que se fueron renovando con el tiempo.

La discusión en la UNT está enmarcada en un debate más amplio sobre la autonomía universitaria y los límites de la intervención judicial en los estatutos de las universidades.

Sobre ese punto, Clarín consultó a fuentes de la Secretaría de Educación de la Nación, el área que tutela a las universidades nacionales.

“A nosotros nos pidieron que opináramos y, la verdad, es que no podemos impedir una reelección. La Ley de Educación Superior está pensada justamente para garantizar la autonomía de las universidades. En la práctica no se puede intervenir en los estatutos, salvo que contradigan de manera flagrante la ley o la Constitución”, dijeron a Clarín.

Las mismas fuentes señalaron que la normativa vigente tampoco prohíbe las reelecciones. “La ley no dice que los rectores no pueden ser reelectos. Nosotros lo hicimos consultar. Incluso somos anti-reelección: si pudiéramos cambiar la ley, pondríamos una sola elección. Hoy hay rectores que llevan 14 años o más porque hacen la ‘calesita’”, afirmaron.

Y agregaron que, ante dudas sobre la interpretación del estatuto, el órgano competente sería la propia universidad. “Cuando hay que interpretarlo, el organismo que debe hacerlo no es la Justicia Federal, sino el Consejo Superior”, señalaron.

Para entender la pelea por la sucesión en la UNT hay un dato económico que muchos mencionan por lo bajo.

La universidad recibe regalías por el yacimiento de cobre, oro y molibdeno Bajo la Alumbrera, descubierto en la década del 30 por Abel Peirano, un investigador de esa casa de estudios que luego cedió los derechos mineros a la institución.

Ese ingreso podría volver a cobrar fuerza: el yacimiento está a punto de reiniciar su actividad tras varios años paralizado.

La UNT participa como socia -junto al gobierno de Catamarca- de Minera Alumbrera, la empresa que explota el emprendimiento y que está integrada por las compañías Glencore, Goldcorp y Yamana Gold.

Un decreto firmado por el presidente Javier Milei a comienzos de este año, que transfirió a Catamarca la participación que antes tenía el Estado nacional, precisó que la universidad se quedará con el 40% de las regalías de esa explotación minera.

La relación de la UNT con Bajo la Alumbrera, sin embargo, viene precedida de una historia conflictiva.

En la primera década de este siglo, la ley establecía que las utilidades del yacimiento debían destinarse a financiar la construcción de la Ciudad Universitaria de la UNT. Pero una investigación judicial iniciada en 2010 detectó presuntas irregularidades en el manejo de esos recursos entre 2006 y 2009.

Tras más de una década de proceso, la Justicia de Tucumán condenó en 2025 a un ex rector y a otros ex funcionarios universitarios por defraudación y malversación vinculadas al uso de esos fondos.

Las regalías mineras también generan tensiones dentro de la propia universidad, donde sectores ambientalistas cuestionan la actividad minera. Y con el resto del sistema universitario: la ley anterior establecía que, una vez terminada la Ciudad Universitaria, la UNT debía destinar el 20% de esas regalías al resto de las universidades nacionales. Pero pese a haber recibido el dinero, esa Ciudad nunca se construyó.