Una alianza entre el PSOE, Vox, Unidas Podemos (UP) y el ex de Ciudadanos Francisco Igea ha permitido la aprobación de una nueva ley de publicidad institucional en Castilla y León en contra del PP, que gobierna en minoría. La norma, propuesta por UP, ha conseguido el respaldo de grupos antagónicos en lo ideológico, pero aunados para intentar revertir el modelo de subvenciones públicas a medios de comunicación en una comunidad donde el PP lleva al mando desde 1987. La iniciativa, cuyo desarrollo parlamentario intentó ralentizar el PP, impone que ningún medio de comunicación territorial tenga más de un 33% de sus ingresos globales provenientes de publicidad institucional. El propósito de la propuesta se centra en frustrar el alto volumen de medios, especialmente digitales, que subsisten gracias a fondos públicos, si bien el texto no precisa si ese porcentaje es de origen autonómico o si se incluye a Administraciones estatales.
El cambio de la ley actual, de 2009, se ha confirmado en la mañana de este miércoles en las Cortes autonómicas con el PP sin apoyos en el hemiciclo. El procurador firmante de la propuesta, Pablo Fernández, ha tildado el día de “histórico” y ha destacado la “angustia” en el PP, a quien “se les acaban más de tres décadas de control y compra con dinero público de los medios de Castilla y León, que explica que lleven 37 años gobernando, han utilizado buena parte de los medios, comprados con dinero público, para que les hagan propaganda y omitan a la oposición”. El procurador ha definido como “TeleMañueco” a Castilla y León Televisión, comandada por los constructores Antonio Miguel Méndez Pozo, el primer condenado por corrupción urbanística en la historia de España, y José Luis Ulibarri, implicado en la trama Gürtel.
Fernández ha remarcado que la Junta destina grandes sumas a “pseudomedios” reaccionarios para obtener “informaciones favorables” y emitan “bulos” sobre sus rivales y se ha congratulado de que la nueva ley limite estas asignaciones. La representante del PSOE, Noelia Rubio, ha censurado el “bloqueo” del PP y les ha afeado que “están más presionados de presionar a los medios que de ofrecer a la ciudadanía una información veraz, el PP quiere premiar a los medios afines y castigando a quienes trabajan con rigor”. “La lucha contra los bulos es una defensa del bien común”, ha proclamado Rubio.
El parlamentario del PP Raúl Hernández ha reprobado que los demás grupos emiten “bulos” contra ellos en clave nacional y ha emparejado a Vox y Podemos como seguidistas de Pedro Sánchez “para silenciar a los medios nacionales que quieren silenciar sus casos de corrupción”. “Estamos atacando la objetividad de los periodistas”, ha reprochado, mediante tal “chapuza legislativa”. Miguel Suárez, de Vox, ha llamado “mafiosos” a sus exsocios y ha reivindicado “una victoria del modelo democrático en un acuerdo inédito donde todos los grupos de la oposición hemos discutido con lealtad”, rumbo a una ley para que “la televisión de Castilla y León, bajo el control del Ejecutivo, pase a control y seguimiento del legislativo y no de quienes piensan que esta casa es suya”.
La cuestión ha llegado al Pleno tras meses de pugnas, con los de Mañueco intentando torpedear la tramitación, con recursos de amparo no atendidos, y prolongar los tiempos de debate. Mañueco apeló en la sesión del martes a cómo la Junta facilita una “libertad de expresión” que contrasta con las llamadas o presiones que miembros de su Gabinete realizan a los medios de Castilla y León o a los informativos de la televisión autonómica, cuyo director fue destituido por este motivo. El PSOE emitió hace unos días un comunicado donde aseguraba que la Junta estaba realizando “presiones mafiosas” sobre la prensa “para evitar la aprobación de la Ley de Publicidad Institucional”. “El Grupo Socialista tiene constancia de llamadas del director de Comunicación a varios medios […] para transmitirles que, de salir adelante este texto, el futuro de algunos medios pequeños pendería de un hilo al limitarse ‘toda’ la publicidad institucional, no solo de la Junta”, indicaron los socialistas. El Colegio de Periodistas de Castilla y León se ha posicionado contra la ley y reunió a los políticos implicados y a directores y representantes de medios del territorio para solicitar “consenso”. Este Consejo, muy criticado por Pablo Fernández, no se pronunció sobre las manifestaciones de los trabajadores de la televisión autonómica por sus condiciones o ataques a una periodista en una concentración de Vox.
La ley incluye un nuevo apartado, el más controvertido, con este contenido: “En ningún caso el conjunto de los contratos de publicidad institucional que se celebren con una persona o entidad propietaria de un medio de comunicación podrá suponer un ingreso que supere el 33% del importe neto de su cifra anual de negocio”. El punto no aclara si ese tercio abarca solamente la financiación autonómica (Junta, Diputación, Ayuntamientos, Universidades…) o si incluye las estatales (empresas públicas, ministerios, Gobierno central…). Pablo Fernández ha instado a modificar legislativamente el punto y asegurar que ese 33% ataña solo a la Junta. Los críticos alegan que tampoco aclara cómo proceder con cabeceras nacionales con delegación en el territorio. La oposición presentó este martes una enmienda para precisar que ese porcentaje aludía solamente a la Junta, si bien no fue incluida porque el PP lo rechazó, así que los eventuales cambios dependerán de futuros acuerdos.
Entretanto, la Junta ha asignado directamente 48 millones de euros a la televisión autonómica, publicidad institucional aparte, para los dos próximos años. Igea ha lamentado el movimiento recordando que la televisión, de programación afín a la Junta, ha obtenido “236 millones en 10 años” para una audiencia de un 1,2%. “¡Trabajan para dos condenados! La ley será imperfecta pero mejora lo que hay”, ha exclamado. El parlamentario ha denunciado por posible malversación que la Junta comunicara que esa inyección se condicionaba a mejorar las condiciones laborales de la plantilla, en huelgas y parones desde hace meses: “No puede resolverse un conflicto laboral con una subvención pública, es un escándalo”. El nuevo texto alude también a esa televisión autonómica, sufragada mayoritariamente con subvenciones, planteando crear un “Consejo de evaluación y seguimiento”, elegido por las Cortes, y establece que “cuando la financiación pública que perciban las concesionarias supere el 50 % de su cifra de negocios”, este Consejo podrá participar “en el nombramiento del personal directivo, que deberá ser ratificado con criterios de profesionalidad e imparcialidad, estando igualmente facultado para promover su destitución”.
