Los abogados que representan a Antonio Arcos Cortes, dueño del derrumbado hotel Dubrovnik de Villa Gesell, rompieron el silencio y salieron a contestarle al intendente Gustavo Barrera, que había señalado el mismo día de la tragedia que la obra no estaba habilitada y había sido clausurada por la municipalidad.
Fue a través de una serie de entrevistas, donde plantearon los argumentos del empresario de 79 años, quien compró el inmueble en abril de este año pero todavía (según su versión) no había tomado posesión.
“Estamos totalmente desconcertados. Los trabajos, bajo ningún punto de vista, pueden generar una degradación de estructura que genere este colapso”, sostuvo Alejandro Baldini, uno de los abogados, en una nota en El Observador.
Según contó, Arcos Cortes no llegó a explotar comercialmente el hotel ya que debía hacer una serie de arreglos para ponerlo en valor, una obra que se iba a realizar en etapas Eran dos obras, una de puesta en valor y refacciones menores, tales como “cambio de piso, pintura, cocina de cada unidad”, sostuvo el abogado. La misma se realizaba en la torre que cayó. La segunda, era un ascensor en la parte de adelante, que no se derrumbó.
“(Arcos) compra un hotel habilitado, cuando compra es porque cumple las normativas municipales en cuanto a explotación comercial y edilicia. Malintencionadamente, con falta de ética y empatía, el intendente sale a mentir a la gente 4 o 5 horas después (del derrumbe)”, planteó sobre la falta de habilitación de la obra. Ante esa afirmación, el abogado luego profundizó.
“Lo desmiento (la falta de habilitación), es mentira. (El intendente) sale a cubrir las responsabilidades del municipio y de varios funcionarios que van a tener que explicar a la Justicia. La obra se paraliza el 20 de agosto, ese mismo día la arquitecta presenta informe de obra. El mismo día rehabilita la obra. Si realmente después de esa paralización la empresa siguió con trabajos, ¿por qué no clausuraron la obra? Porque no había razón alguna para detener. No hubo una sola infracción”, sostuvo.
El magistrado comentó que tienen los papeles y se encuentran en el expediente administrativo