El Gobierno de Gabriel Boric se defendió de las acusaciones de la Casa Blanca de “socavar la seguridad regional” debido a un proyecto de cable submarino para conectar a Chile con China que no se encuentra aprobado por el Ejecutivo, lo que terminó, este viernes, en la revocación de visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios chilenos. “Quiero reiterar que el Gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida que responde a una imputación absolutamente falsa”, dijo el canciller Alberto van Klaveren en una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda. Y agregó que, “como Gobierno, reiteramos nuestra condena a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país”.
La declaración se produjo después de sostener una reunión este tarde con el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, y de previamente tener otra cita con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, a quien le expresó personalmente su “molestia y sorpresa” ante la decisión del Departamento de Estado.
El canciller dijo que el Ejecutivo chileno no fue notificado de las sanciones, sino que las autoridades estadounidenses informaron directamente por escrito al ministro Muñoz, esta mañana, sobre la prohibición de ingresar a los Estados Unidos. Según van Klaveren, no tiene información oficial acerca de los otros dos funcionarios afectados. Pero, ha trascendido, que se trata del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.
El Departamento de Estado acusa a estos funcionarios de haber dirigido, autorizado o financiado actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional en el Hemisferio Occidental. “Estas medidas se originan, según explicó el embajador Judd, a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en la República Popular China. El Gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad. Nosotros en realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación”, detalló van Klaveren.
El presidente Boric respondió a la Casa Blanca, unas horas antes de la vocería de su canciller. “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”, dijo el mandatario en una rueda de prensa desde Rapa Nui, sin entonces explicar las causas de la reprimenda de la Administración de Donald Trump.
El ministro Muñoz confirmó que fue sancionado a través de un video enviado a medios de comunicación, donde lamentó la medida. “Nuestro país tiene una institucionalidad, que no discriminamos respecto del origen de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito”, explicó. También señaló que están “concientes de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional”.
La medida fue adoptada a 19 días de que José Antonio Kast, de la derecha extrema, asuma la Presidencia, el 11 de marzo. Su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, evitó profundizar en la polémica, pero adelantó que será “necesario conocer absolutamente todos los antecedentes” respecto de la decisión de EE UU para analizar sus fundamentos y las consecuencias que tendría para los afectados: “La política exterior siempre debe sustentarse en la defensa de los intereses de Chile y de todos los chilenos. De la misma forma, como futuro Gobierno, haremos todos los esfuerzos para que la política exterior permita llevar las mejores relaciones con todos los países”.
Para el presidente Boric, la medida de Washington es “arbitraria, unilateral y sorpresiva”. Según un comunicado del Departamento de Estado, “en su ocaso, el legado del Gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”. La declaración sugiere que Washington considera estas actuaciones como un factor de deterioro en la relación bilateral.
El canciller van Klaveren citó al embajador Judd para que explique los fundamentos de la medida e informara los nombres de los funcionarios afectados debido a que no recibieron una notificación oficial. Judd acudió al ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Santiago, donde sostuvo una reunión privada con van Klaveren. Antes de este encuentro, la Cancillería afirmó, a través de un comunicado, que “no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”.
Después de esa cita estaba previsto que van Klaveren presidiera una rueda de prensa para informar los resultados de la conversación con el representante de Estados Unidos en Chile, pero esta fue suspendida debido a que el canciller se dirigió directamente al Palacio de La Moneda, donde se reunió con el ministro Elizalde.
Hace ocho días, Judd expresó su preocupación por el supuesto riesgo que suponía el proyecto del cable submarino llamado Chile China Express, que uniría a Valparaíso y a Hong Kong. Tras un encuentro con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, el diplomático dijo en X que conversaron “a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales”.
En 2024, Chile presentó el proyecto Cable Humboldt, el primer cable submarino de fibra óptica entre Sudamérica y el Asia-Pacífico, desarrollado a través de una alianza entre el Estado chileno, a través de la empresa Desarrollo País, y de la tecnológica Google.
